Madrid, 1 ago (EFECOM).- El Gobierno prevé aprobar "lo más rápido posible, antes de que acabe el año sin duda", el real decreto para reforzar el sistema eléctrico, que contiene iniciativas que no tendrán que someterse a la votación del Congreso, y cree que ninguna generará una oposición tal como para que el texto sea recurrido.
En una entrevista con EFE, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, habla de la derogación del decreto 'antiapagones' y confía en que los grupos respalden próximamente las medidas de apoyo a los consumidores industriales que incluía ese texto y que sí que tendrán que volver a pasar por la Cámara Baja.
El 'no' del Congreso por los votos en contra de PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y CHA ha llevado al Gobierno a trocear ese real decreto-ley entre aquellas iniciativas que requieren convalidación parlamentaria y aquellas que no.
Para las que se encuentran en este último caso, el Ministerio para la Transición Ecológica ya ha iniciado la tramitación, por la vía de urgencia, de una propuesta de real decreto con iniciativas urgentes que podían promulgarse con menor rango normativo.
Esta batería, que se encuentra en información pública hasta el próximo 11 de agosto, actúa sobre la supervisión, control y transparencia, el almacenamiento energético y la electrificación de la demanda.
Una vez recibidas las alegaciones, el equipo técnico del Ministerio irá incorporando los comentarios para que "a la vuelta del verano, lo más rápido posible", pueda estar aprobada. "Si puede ser, en el tercer trimestre. Si no, en el cuarto", apunta Groizard.
El proyecto regulatorio contiene medidas para mejorar la resiliencia del sistema eléctrico tras el apagón peninsular del 28 de abril que fueron incluidas en el real decreto-ley no convalidado, y que son "enteramente" competencia del Gobierno.
Entre ellas está potenciar la función de supervisión del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que evaluará periódicamente las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar el servicio y las capacidades de reposición.
También emplaza al operador del sistema, Red Eléctrica, a analizar y realizar propuestas técnicas para implementar sistemas que controlen la tensión y otros elementos, para su valoración por parte de los organismos competentes.
"No incluye todo lo que incluía el real decreto-ley porque para eso se necesita la adecuada convalidación en las Cortes, pero son medidas que, por sí mismas, son importantes y contribuyen a reforzar el sistema eléctrico, mejorar su resiliencia y acelerar esa transición energética", explica el secretario de Estado de Energía.
No obstante, cualquier norma, aunque no pase por el Congreso, "es susceptible de ser recurrida, y para eso están las vías judiciales y administrativas adecuadas", admite Groizard, que no espera que, en esta ocasión, se llegue a tal extremo.
Sobre la derogación del decreto 'antiapagones', el balear insiste en que, desde el punto de vista de su departamento, el texto "no contenía medidas que, en sí mismas, generaran grandes tensiones o grandes desacuerdos", aunque expresa su "máximo respeto a los posicionamientos de cada grupo".
Una de las medidas que quedó en el tintero fue la exención del 80 % en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, como ya ocurriera en enero cuando el Congreso rechazó el decreto 'ómnibus', en el que aparecía junto con otras como la prórroga del Plan Moves III de ayudas al vehículo eléctrico.
"La industria tiene que electrificarse", defiende Groizard, que apela a la responsabilidad del conjunto de grupos parlamentarios respecto a una iniciativa que "es buena para la industria, para el empleo en este país y para la transición energética". EFECOM