El clima político por los casos de corrupción frena la aprobación de la ley de movilidad

El escándalo de corrupción en el PSOE retrasa la discusión de la Ley de Movilidad Sostenible, crucial para recibir 10.000 millones en fondos europeos y abordar el cambio climático en España

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Madrid, 20 jun (EFECOM).- El ambiente político que han generado esta semana los escándalos de corrupción en el PSOE vinculados al caso Koldo ha frenado la aprobación en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, lo que supone un nuevo parón en una tramitación marcada por las interrupciones desde hace más de tres años.

Considerada una de las leyes más importantes de la legislatura para luchar contra el cambio climático y modernizar la movilidad en España, la Ley de Movilidad Sostenible es una de las reformas comprometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, lo que supone que España podría perder 10.000 millones de euros de fondos europeos si no sale adelante.

El objetivo del Gobierno es que la ley entre en vigor este año, en cumplimiento de su último compromiso con la Unión Europea (UE), por lo que la ponencia había trabajado a buen ritmo y estaba previsto que la Comisión de Transportes aprobara este jueves su dictamen, que es el paso previo a la ratificación en el pleno para su remisión al Senado.

Sin embargo, horas antes de celebrarse, la comisión fue desconvocada, al no contar el PSOE con los apoyos garantizados, ya que las relaciones con algunos de sus socios se han tensado porque estos consideran insuficiente la reacción del presidente Pedro Sánchez ante la presunta trama de corrupción que implica a altos cargos de su partido.

Fuentes de la comisión apuntan a los diputados de Podemos como los más reacios a facilitar la aprobación de esta ley y aseguran que ni siquiera han querido negociar sus enmiendas.

En esa línea, su líder, Ione Belarra, dio hace dos días la legislatura por "muerta" políticamente y en estos momentos rechaza negociar nada que provenga del Ejecutivo.

No obstante, desde Podemos apuntan que "no se dan las condiciones para aprobar la ley, porque no cumple con los mínimos que piden los colectivos ecologistas y porque tampoco blinda el transporte público gratuito, que fue una medida conseguida por Podemos en la anterior legislatura".

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han dicho a EFE que esta ley es "buena para todos" y que tienen la "mano tendida para aprobarla".

Desde el departamento que dirige Óscar Puente han pedido a los grupos parlamentarios una "reflexión para trabajar en beneficio de los ciudadanos" y han recalcado que la aprobación de esa ley "supone la llegada de 10.000 millones en fondos europeos o la solución a problemas como el mapa concesional de autobuses para mantener los servicios".

Puente la viene defendiendo como una herramienta clave para transformar el modelo de movilidad en España, haciéndolo más sostenible, eficiente y alineado con los compromisos europeos y climáticos.

Desde que el Consejo de Ministros aprobara, el 1 de marzo de 2022, con Raquel Sánchez al frente del Ministerio de Transportes, el entonces anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, la tramitación de este texto ha estado marcada por avances e interrupciones por motivos electorales, además de por un intenso debate político.

El Ejecutivo lo remitió a las Cortes Generales en diciembre de 2022, como parte de las reformas comprometidas con la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero su tramitación quedó interrumpida por la disolución del Congreso y el Senado debido a la convocatoria de las elecciones generales de julio de 2023.

En febrero de 2024, el Consejo de Ministros volvió a aprobar el mismo texto, esta vez con Óscar Puente como ministro, y lo remitió de nuevo a las Cortes ya por la vía de urgencia, con el objetivo de que la ley pudiera aprobarse antes de finalizar el año 2024.

En septiembre de 2024, el PP presentó una enmienda a la totalidad, solicitando medidas más concretas, que fue rechazada por todos los grupos salvo PP y Vox.

Ocho meses después, el proyecto de ley que el Gobierno considera una pieza clave para modernizar y coordinar la movilidad en España vuelve a frenar su tramitación, aunque los socialistas aseguran que no descartan retomarlo en julio.EFE