Madrid, 19 jun (EFECOM).- Los gobiernos autonómicos del PP han alertado del "caos" y la "incertidumbre" que generará la entrada en funcionamiento definitiva el próximo 1 de julio, "en plena temporada alta", del Registro Estatal de Viviendas de Uso Turístico (REAV) impulsado desde el Gobierno central.
Estas comunidades, según una nota informativa del PP, consideran que el REAV va a derivar en su "inaplicación efectiva" al provocar "duplicidades administrativas, inseguridad jurídica y una intervención estatal innecesaria, cuestionada -dicen- por el propio Consejo de Estado y la Unión Europea, y sobre todo costosa para el sector".
El registro único para alquileres de corta duración, que entró en vigor el pasado 1 de enero, aunque su aplicación se hará efectiva desde el 1 de julio, busca evitar fraudes e ilegalidades en el alquiler de apartamentos de uso turístico, así como de habitaciones o embarcaciones por temporadas.
Contempla una ventanilla única de arrendamientos, a modo de pasarela digital, para transmitir los datos entre las plataformas de alquiler de corta duración y las autoridades competentes, informar sobre los diferentes usos, regulación y destinos de viviendas.
Los arrendadores están obligados a obtener un número de registro, que les asigna el Registro de la Propiedad o el de Bienes Muebles; a aportar la información requerida; actualizarla en el momento que se produjese un cambio; y a comunicar a las plataformas (como Airbnb o Booking) el número que se les haya asignado para poder anunciar sus viviendas.
Los ejecutivos autonómicos del PP, que se oponen desde el principio, exigen ahora la convocatoria "urgente" de la Conferencia Sectorial de Turismo, presidida por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la inclusión del sector privado en este proceso; y la constitución de un grupo de trabajo único con participación de todas las partes implicadas.
Además, proponen establecer mecanismos eficaces que pongan freno a la proliferación de anuncios en plataformas de comercialización que escapan al control administrativo, por considerar que esta práctica "erosiona gravemente la competencia leal, la calidad del destino y la confianza del visitante". EFECOM
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