Abre el año judicial entre acusaciones veladas al Gobierno, defensa de la independencia judicial y un fiscal general “firme” en su posición

Lo que tendría que haber sido un simple acto rutinario, este año se ha convertido en el centro de la polémica política. Abre el año judicial y los protagonistas son los mismos de siempre: el rey, el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia, la presidenta del CGPJ... Sin embargo, hay un pequeño cambio que ha sacudido esta tranquilidad: es la primera vez en España que un fiscal general acude estando procesado dentro de un caso judicial.

Y es que Álvaro García Ortiz lleva en esta situación desde el 9 de junio de 2025 por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la presunta divulgación a medios de prensa de un correo electrónico confidencial enviado por la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Aunque tiene la obligación de acudir por ley, ya que tiene que presentar la memoria Fiscal, no han sido pocos los que se han opuesto a su presencia en el evento. Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales —APM, Asociación de Fiscales (AF) y APIF— habían solicitado que García Ortiz se “abstenga de asistir” y los diez vocales conservadores del CGPJ pidieron a su presidenta, María Isabel Perelló, que se traslade a García Ortiz la “inconveniencia de intervenir” en el acto.

En el ámbito político, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ya esta semana que no iba a asistir al acto, denunciando un “choque institucional sin precedentes”. El Gobierno, a través del ministro Félix Bolaños, ya calificó esta ausencia como una “grave desconsideración al Rey, al Tribunal Supremo y a la carrera judicial”, respaldando su apoyo a García Ortiz.

Aunque el ambiente estaba caldeado, el acto se ha desarrollado con relativa tranquilidad. El rey ha llegado al edificio cinco minutos antes del inicio y tras saludar a la presidenta del Tribunal Supremo, han entrado juntos en el edificio para mantener una pequeña charla con los representantes del CGPJ.

Pasadas las 12:00, magistrados y más funcionarios han tomado sus sitios dentro del Salón de Plenos y tras una breve introducción de Felipe VI, ha tomado la palabra García Ortiz.

En un tono neutro, ha comenzado su intervención para presentar la Memoria de la Fiscalía 2025 haciendo una pequeña mención a su situación judicial. Tras hablar del “honor” que es participar en este acto “como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país”, ha explicado que es “plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal”.

“Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse, y solo haré una mención al respecto en este discurso: Si estoy aquí como Fiscal General del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad”, ha explicado.

Ha continuado defendiendo el papel de la función de la Fiscalía española, y “el trabajo de todos los fiscales”. “Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es. Sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la Ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o ataques de los delincuentes”.

Así ha comenzado la presentación de la Memoria, en la que ha destacado que en 2024 se incoaron 1.687.743 procedimientos de diligencias previas, “lo que supone un crecimiento del 1,4%”, pero también “un incremento inferior al del período 2022-2023″. Los temas en los que más hincapié ha hecho han sido los delitos de violencia de género, los delitos cometidos por menores y los delitos de incendios, al explicar que “llevamos semanas sumidos en la desolación provocada” por ellos.

Tras finalizar, los aplausos no han sido unánimes, y el bloque conservador de los jueces se ha mantenido impasible como forma de protesta.

El acto ha continuado con el discurso de la presidenta del Supremo, que ha querido mostrar su rechazo ante las “descalificaciones, provenientes de los poderes públicos”. Aunque no se ha referido a ningún caso concreto, el discurso viene tan solo días después de las palabras que Sánchez pronunció sobre que “algunos jueces que hacían política”.

“La sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos, y con respeto y lealtad a las otras. Y así lo hará el Poder Judicial”, ha denunciado.

En la misma línea, ha defendido la independencia de los jueces en España." Los jueces y magistrados no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de nuestra función". Sin embargo, si ha querido no mostrar una opinión cerrada sobre el tema y también ha planteado que “la independencia judicial no es, en modo alguno, un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y nuestro primer deber. Cada uno de nosotros estamos llamados a preservarla”.

“Nuestra función es resolver los conflictos que se dan en la sociedad, no contribuir a alimentarlos. Los hombres y mujeres que servimos a la Justicia seguiremos desempeñando nuestra labor con independencia, rigor y vocación de servicio, lo que constituye la mejor garantía de los derechos de todos, lejos de disputas estériles que nada aportan”, ha finalizado.

Tras acabar, el rey ha pronunciado las palabras que dan la apertura a este año judicial: “Queda abierto el año judicial 2025/2026, se levanta la sesión”.