Mejores servicios públicos u ahorro financiero: qué cambiará en las comunidades con la quita de la deuda

La aprobación del anteproyecto de ley para la condonación de la deuda autonómica, aprobada este martes por el segundo Consejo de Ministros que se celebra tras el fin del periodo estival, ha agitado el tablero político, dividiendo a las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE y las dirigidas por el PP, así como el resto de comunidades que se oponen a esta medida. El principal argumento del bloque opositor se basa en que se trata de un acuerdo con el que el Ejecutivo busca contentar a sus socios catalanes.

La quita de la deuda, que podría beneficiar a las comunidades del régimen común, salvo el País Vasco y Navarra que cuentan con su propio sistema fiscal, podría suponer absolver a las comunidades de pagar 85.000 millones de euros en total. Con esta propuesta del Ejecutivo, las que más se verían beneficiadas serían Cataluña -con una quita de unos 17.000 millones de euros-, Andalucía -19.000 millones-, la Comunidad de Madrid -8.600 millones-, gobernadas por el Partido Popular.

El problema surge tras la crisis económica de 2008, cuando la recesión desplomó la recaudación y obligó a las autonomías a buscar financiación para cubrir los intereses de los mercados. Así, el Estado creó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que permitió a las comunidades pagar sus facturas, manteniendo a la vez los servicios públicos, pero hizo aumentar sus deudas.

Desde el Ministerio de Hacienda, aseguraron que la medida mejorará la posición financiera de las Comunidades Autónomas, ya que reducirá su gasto en intereses y repercutirá positivamente en su autonomía política. Además, el Ejecutivo pretende corregir el sobreendeudamiento experimentado por estas CCAA con ocasión de la crisis financiera, que provocó que acumularan en el periodo 2010-2013 un importante volumen de deuda pública.

Cuando el Gobierno planteó esta posibilidad a principios de año, Asturias destacó que la quita de parte de su deuda supondría para la comunidad “un ahorro de intereses, un ahorro en la carga financiera que soportan las cuentas del Principado y 30 millones de euros de ahorro anual", según explicó el consejero de Hacienda de la comunidad, Guillermo Peláez.

Además, Peláez señaló que esta medida supondría una “mejora notable” en su capacidad financiera, es decir, en su capacidad de negociación con otros acreedores, mejorando su posición acreedora y saneando sus cuentas. Además, el consejero aseguró que supondría “volver a los endeudamientos del año 2011, previos a la crisis, tanto en términos de cifra de deuda como en términos de deuda en relación al PNI”.

Lo cierto es que estos beneficios son transmutables al resto de Comunidades Autónomas. En la Comunidad valenciana, gobernada por el PP y parte del bloque que se opone a aceptar esta deducción, el Partido Socialista autonómico se dirigió a Mazón para que rompa el bloque y acepte la propuesta del Ejecutivo central: “Lo que le diría a Carlos Mazón es que, si él tiene una hipoteca, si le llega su entidad financiera y le dice que le va a condonar una quinta parte de su préstamo hipotecario, que lea la letra pequeña, pero creo que será una gran noticia para él. En cambio, cuando se trata del dinero de todos los valencianos, se arroga la capacidad de rechazar a una medida muy positiva que alivia las cuentas públicas valencianas”, declaró José Muñoz, miembro del sindicato del PSPV.

Lo cierto es que el principal beneficio que supondría para las CCAA sería la reducción de los intereses que deben pagar por el capital pendiente. Así, cuanto menor sea la deuda, menores serán estos intereses. Los ingresos extraordinarios que reciban las comunidades por el menor coste de financiación deberían ser destinados a seguir reduciendo sus deudas, pero también podrían destinarse a otros fines, como la mejora de los servicios públicos.

Otra de las ventajas para las comunidades es la posibilidad de corregir sus desequilibrios económicos y dar paso a una nueva etapa de acceso a los mercados financieros y de aumento de las inversiones. Estas medidas también mejorarían la autonomía de las CCAA para decidir y gestionar sus asuntos. Además, supondría para muchas comunidades poner fin al recurso de las CCAA de pedir financiación al Estado, aumentando así cada vez más su deuda autonómica.