El PP no está dispuesto a dar oxígeno al Gobierno en su estrategia de desgaste. Por ello, para el arranque del nuevo curso político en el Congreso, los de Alberto Núñez Feijóo quieren que la Cámara Baja exija a Pedro Sánchez la convocatoria anticipada de elecciones generales. En este sentido, los populares pretenden someter a votación en el primer pleno tras el receso una moción registrada en junio, con el objetivo de que el Gobierno asuma su situación de minoría parlamentaria y adelante los comicios, algo que corresponde en 2027.
La propuesta del PP, que no es vinculante, surge tras la interpelación que la dirigente Cuca Gamarra dirigió a la vicepresidenta primera María Jesús Montero en el último pleno de junio. El texto registrado por los populares solicita que el Congreso inste al Ejecutivo a “restaurar la confianza en las instituciones mediante la depuración de responsabilidades políticas ante los escándalos de corrupción que afectan al entorno del pconjunto del Ejecutivo en general y a su presidente y vicepresidenta primera muy en particular”. Esta exigencia se enmarca en un contexto de acusaciones de corrupción que, según el PP, han deteriorado la imagen del Gobierno.
En la redacción inicial, el PP planteaba que el Gobierno debía reconocer “su completa pérdida de crédito, su irreversible decadencia y su definitiva mengua de apoyos parlamentarios”, y reclamaba el fin de la legislatura “cuanto antes para que el pueblo español pueda elegir un Gobierno nuevo, limpio y libre”. No obstante, tal como informa Europa Press, los populares se vieron obligados a cambiar el texto para evitar que la Mesa del Congreso lo bloqueara, dado que en la actual legislatura se ha consolidado la doctrina de que la convocatoria de elecciones es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno y no puede ser objeto de votación en el hemiciclo.
La versión definitiva de la moción ratifica la demanda de que el Ejecutivo “asuma su completa pérdida de crédito” y concluye que la debilidad parlamentaria “exigiría que el pueblo español pudiera elegir cuanto antes un Gobierno nuevo, limpio y libre”. Además, el PP solicita que, “en el tiempo que le quede”, el Gobierno garantice “la transparencia, el control parlamentario y la rendición de cuentas” tanto en el seno del Ejecutivo como en toda la Administración General del Estado, poniendo especial énfasis en los mecanismos de contratación pública y en el nombramiento de altos cargos.
Junts rebajó la exigencia sobre la cuestión de confianza
El precedente más reciente de una iniciativa similar corresponde a Vox, que en junio intentó que el presidente Pedro Sánchez “ejerciera de inmediato la facultad exclusiva que le confiere la Constitución para disolver las Cortes y convocar elecciones generales”. Sin embargo, la formación ajustó el texto para sortear posibles obstáculos en la Mesa del Congreso. Finalmente, lo que se sometió a votación fue una propuesta que instaba al Gobierno a “adoptar todas las medidas necesarias para la asunción total de su responsabilidad política ante la situación”, la cual fue rechazada.
La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha puesto trabas en ocasiones anteriores a iniciativas que pretendían forzar al presidente a someterse a una cuestión de confianza o a convocar elecciones. El ejemplo más sonado en la legislatura fue la proposición no de ley presentada por Junts, que tuvo que ser rebajada en su contenido para superar el filtro del órgano de gobierno de la Cámara, aunque finalmente no llegó a votarse. Los letrados de la Cámara no se opusieron a la tramitación, pero la mayoría de la Mesa argumentó que la convocatoria de elecciones es una prerrogativa exclusiva del jefe del Ejecutivo.
Tal como recuerda Europa Press, en la historia parlamentaria existe un precedente relevante: en el otoño de 1995, Coalición Canaria consiguió que el Pleno debatiera una iniciativa en la que se pedía al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, el adelanto de las elecciones generales. El texto impulsado por el portavoz José Carlos Mauricio rezaba: “El Congreso insta al presidente del Gobierno a que, ante la grave crisis política, haga uso de sus prerrogativas constitucionales y convoque con carácter urgente elecciones generales”. Antes de que se llegara a votar, el líder socialista pactó con CiU la celebración de comicios en marzo de 1996.
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