Condenada a un año y medio de cárcel una trabajadora de ayuda en hogar por quedarse el dinero que le pagaban las personas a las que atendía

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado, de conformidad con el veredicto del Tribunal del Jurado, a un año y medio de cárcel a la antigua coordinadora del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) de Boiro como autora de un delito continuado de malversación de caudales públicos. También la inhabilita durante cuatro años y seis meses para el empleo público de asistente social del Concello de Boiro y para cualquier otro empleo o cargo público relacionado con la atención de personas mayores o vulnerables.

Además, le imponen el pago de una multa de 3.370 euros por cometer un delito continuado de exacciones ilegales y, por este delito, la suspende del ejercicio del empleo público de asistente social del Concello de Boiro y de cualquier otro empleo o cargo público relacionado con la atención de personas mayores o vulnerables durante 20 meses y 7 días.

En ambos casos la Audiencia Provincial tiene en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. En concepto de indemnización, deberá pagarle al Concello de Boiro 13.669,68 euros y un total de 7.327,86 euros a las personas afectadas o a sus sucesores.

Durante más de dos décadas, la mujer desempeñó el cargo de asistente social en el Concello de Boiro. Ingresó en febrero de 1994 y, tras años de experiencia en el ámbito del “Servicio de Axuda no Fogar” (SAF), llegó a convertirse en su coordinadora en 2013.

Su función consistía en gestionar un programa municipal destinado a atender a personas mayores o dependientes, un servicio esencial que se prestaba tanto con medios propios del Concello como a través de empresas concesionarias. Los usuarios del SAF estaban sujetos a un sistema de copago: algunos debían abonar una parte del coste del servicio, mientras que otros, por su situación económica o personal, quedaban exentos de cualquier aportación.

El equilibrio de este sistema, que combinaba solidaridad social y contribución ciudadana, se quebró cuando a finales de 2014 el Concello detectó irregularidades en la gestión económica del servicio. Una investigación interna destapó que la trabajadora había estado recibiendo directamente las cuotas que correspondían a varios usuarios, sin ingresarlas en la tesorería municipal. Los importes, que variaban desde cantidades modestas hasta sumas más elevadas, eran incorporados a su propio patrimonio.

El hallazgo provocó la apertura de un expediente disciplinario que culminó con su despido en 2015, una decisión que más tarde fue ratificada por la jurisdicción social. La denuncia presentada por el Ministerio Fiscal dio origen a un procedimiento penal que se prolongó durante casi una década, marcado por retrasos significativos y finalmente en octubre de 2024 se dictó auto de apertura de juicio oral, dando paso a un proceso en el que un jurado popular evaluó las pruebas contra la acusada.

Los hechos probados revelaron un patrón de actuación continuado: usuarios que entregaban sus aportaciones mensuales confiando en que serían destinadas al servicio municipal, mientras que la acusada desviaba los fondos en beneficio propio. En algunos casos, incluso llegó a exigir pagos por prestaciones que eran gratuitas, como el préstamo de material técnico o la inscripción en el SAF. El perjuicio no solo alcanzó al Concello, que dejó de percibir ingresos públicos, sino también a numerosas familias que pagaron indebidamente por servicios que debían ser costeados por la administración.