El reparto de los menores migrantes recrudece la batalla entre el Gobierno y las comunidades autónomas del PP en plena oleada de incendios

La disputa entre el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el PP no ha tenido tregua ni en vacaciones. La gestión de los incendios forestales, los peores de los últimos 30 años, ha tensado la relación entre las administraciones, aunque en las últimas horas, cuando muchos de estos siniestros continúan activos, un nuevo elemento ha elevado la crispación: el reparto obligatorio de menores migrantes.

A los reproches por el reparto de responsabilidades en la actuación frente a los incendios, trasladados esta semana al Senado con las comparecencias de la vicepresidenta tercera y la ministra de Defensa, se ha sumado los avisos por parte del Ejecutivo central a las comunidades autónomas que no cumplan y se nieguen a acoger a los menores migrantes. Es decir, en caso de incumplimiento, “lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación”, advirtió Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

El decreto que regula el reparto obligatorio de estos menores busca derivar a cerca de tres mil menores y contempla también a quienes lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla a partir de septiembre. Además, el Ejecutivo ha comenzado a asumir la atención de otro millar de menores solicitantes de asilo, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, subrayó la obligatoriedad de la norma: “Las comunidades autónomas están obligadas a cumplir con la ley que regula esta derivación y que de no hacerlo habrá consecuencias legales”.

El sistema establece que podrán solicitar el traslado de menores aquellas autonomías que tripliquen el ratio de acogida de 32,6 menores por cada cien mil habitantes. Además, se aplicarán criterios como el esfuerzo previo, la renta, la insularidad o la situación fronteriza. En esta línea, Bolaños defendió que “los parámetros no dan ventajas a ninguna comunidad y son objetivos y transparentes”.

Si bien, 10 comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (el socialista Emiliano García-Page también se ha sumado a esta ofensiva) recurrirán el decreto, acusando al Ejecutivo de imponerlo de forma unilateral y sin un consenso previo. Cabe destacar que esta medida ha llegado un año después de que el primer intento fracasara en el Congreso por el rechazo de Vox, el PP y Junts.

Ante estos posibles recursos, Ángel Víctor Torres se mostró seguro de que “no tendrán ningún recorrido”. “Han ido al Tribunal Constitucional, algunas han ido al Supremo, adelantan o avanzan que van a ir, están en su derecho, pero creo que hemos hecho una modificiación legislativa absolutamente justa”, indicó, además de expresar su confianza en el cumplimiento del decreto: “No me cabe que ningún presidente o presidenta vaya a no cumplir la ley”.

En respuesta, la presidenta balear, la popular Marga Prohens, calificó de “amenaza y matonismo” la advertencia de Torres. “¿Me enviarán a qué a las fuerzas de seguridad?”, ha cuestionado. Andalucía volvió a denunciar un trato de favor al País Vasco, excluido del reparto junto a Cataluña, mientras que La Rioja pidió el dato concreto de cuántos menores debe acoger. Por su parte, Castilla-La Mancha señaló la imposibilidad de la acogida sin financiación estatal suficiente.

A la espera de que la norma se aplique, la disputa por la actuación frente a los incendios vivió un nuevo episodio este miércoles en el Senado, donde la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, defendió el despliegue “sin precedentes” contra la ola de incendios con medios hasta ahora nunca vistos. La dimensión de lo ocurrido “nos tiene que llevar a una reflexión clara para analizar desde el rigor técnico las causas de la virulencia de estos incendios en distintos territorios y cuáles son las consecuencias de los mismos”, aseguró en unas declaraciones recogidas por EFE.

Aagesen garantizó que el Gobierno va a “responder a las necesidades de las comunidades autónomas para la restauración de las zonas afectadas. Además, pidió unidad para abordar el debate sobre el pacto de Estado contra la emergencia climática, una idea que expuso Pedro Sánchez hace unos días, pero que tiene pocos visos de prosperar dada la distancia ideológica que separa a los dos principales partidos al explicar las causas de la catástrofe.

Por su parte, el Partido Popular manifestó que “siempre está abierto a todos los Pactos de Estado que sean necesarios, que sean en beneficios de España y que tengan unos presupuestos concretos”. “La otra cosa diferente es que eso solamente sean excusas para escurrir responsabilidades”, dijo el senador del PP Márquez Sánchez.