El Gobierno alega y recurre contra el cierre del centro de refugiados de Pozuelo (Madrid)

El futuro del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón está en entredicho tras la decisión del ayuntamiento de esta localidad madrileña de proceder a su cierre, una medida que ha generado una respuesta inmediata por parte del Gobierno. La Secretaría de Estado de Migraciones ha presentado tanto alegaciones como un recurso de reposición dentro del plazo legal, con el objetivo de frenar la clausura de este espacio que actualmente dispone de 570 plazas para solicitantes de asilo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Inclusión.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, bajo la administración del Partido Popular (PP), sostiene que la actuación del Ministerio constituye un trámite ordinario en este tipo de expedientes y recalca que la presentación de alegaciones y recursos no altera la decisión de cerrar el centro. Desde el consistorio insisten en que el Creade no cuenta con la licencia de uso adecuada, ya que la autorización vigente desde 2013 corresponde a un centro de formación con auditorio y garaje, no a un centro de atención a migrantes.

La gestión del Creade de Pozuelo recae en la organización no gubernamental Accem, la cual informó que actualmente 395 plazas están ocupadas. De estas, 178 corresponden a ciudadanos ucranianos, mientras que el resto se distribuye entre personas procedentes de Afganistán (49), Mali (43) y Venezuela (29). La mayoría de los residentes son familias, algunas de ellas con menores acompañados.

El proceso administrativo para el cierre del centro se inició en julio, cuando el ayuntamiento argumentó la falta de licencia específica para la actividad que allí se desarrolla. Esta iniciativa recibió el respaldo tanto de la Comunidad de Madrid como del PP, intensificándose después de que se conociera la posibilidad de que el Gobierno trasladara a estas instalaciones a 400 menores solicitantes de asilo procedentes de Canarias. Tanto el ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso como el gobierno municipal de Pozuelo manifestaron su oposición a esta medida.

El Creade de Pozuelo fue inaugurado en marzo de 2022 como respuesta a la emergencia migratoria provocada por la invasión rusa de Ucrania. Se trató del primer centro de este tipo en España, al que posteriormente se sumaron otros tres en Málaga, Barcelona y Torrevieja (Alicante). Su función principal es la recepción y asistencia de personas desplazadas por conflictos, gestionando en menos de 24 horas su protección temporal en España, lo que implica la concesión de permisos de residencia y trabajo, así como el acceso inmediato a los servicios sociales. A partir de marzo de 2023, el centro amplió su atención a solicitantes de asilo de otras nacionalidades, más allá de la población ucraniana, incluyendo familias con menores.

A principios de julio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció su intención de reubicar en ese centro de Pozuelo a unos 400 menores migrantes no acompañados, una decisión que la alcaldesa de Pozuelo del municipio tildó de “temeraria” e insistió en que el recinto“no reunía las condiciones” para alojarlos. Tejero también acusó al Gobierno de llevar a cabo una política migratoria “descontrolada” y le reclamó que realizara un reparto “serio y equitativo”. “Pozuelo ni se va a callar ni se va a acomodar, ni se va a estar quieto ante esta falta de información y a lo que consideramos que es un atropello (...) El centro que tenemos está casi al borde de su capacidad”, advirtió la alcaldesa en declaraciones recogidas por Europa Press.