20 años de juicios por una puerta del colegio que golpeó a un profesor: una docente deberá pagar las costas de todo el proceso

Un caso de accidente escolar, que comenzó en 2001, terminó más de veinte años después en la Corte de Casación italiana. El incidente ocurrió dentro de un colegio, cuando un profesor fue golpeado por la hoja de una puerta cortafuego. La puerta fue abierta violentamente por un alumno que estaba bajo la vigilancia de una docente. El profesor o persona afectada reclamó una indemnización por los daños sufridos. La demanda involucró al centro educativo, al Ministerio de Educación, a la docente encargada de la vigilancia y a la compañía aseguradora.

En el primer tribunal, la demanda fue aceptada parcialmente. Solo el Ministerio de Educación fue condenado a pagar una indemnización de aproximadamente 29.000 euros. En la Corte de Apelación, la decisión cambió completamente: se rechazó toda la indemnización y ninguno de los demandados debía pagar nada.

Después, el caso llegó a la Corte de Casación, que es el tribunal más alto de Italia. La Corte anuló la sentencia de apelación por un error formal, es decir, un problema en la forma en que se había llevado el juicio. La Corte ordenó que el caso volviera a la corte territorial para un nuevo fallo. De esta manera, el juicio se prolongó por más de veinte años, pasando por distintas instancias y recursos legales.

La Corte de Casación recordó que las costas procesales, que son los gastos del juicio como honorarios de abogados y otros costos legales, deben calcularse considerando el resultado final de todo el proceso, no solo de cada instancia.

Esto significa que una parte que gane en una fase del juicio puede terminar teniendo que pagar gastos si, al final, se considera perdedora en el total del proceso. Este principio busca que las costas reflejen el resultado global del litigio, en lugar de basarse únicamente en fallos parciales de cada tribunal.

La docente, que estaba a cargo del alumno implicado en el accidente, decidió presentar un recurso incidental adhesivo, lo que significa que se unió a la defensa del Ministerio de Educación, que también estaba implicado en el caso. En ese recurso, la docente apoyaba los argumentos del Ministerio y pedía que se rechazara la demanda de indemnización contra ellos.

Al presentar este recurso, la docente quedó expuesta a una socombencia recíproca, es decir, a compartir las consecuencias económicas si la parte principal a la que apoyaba (el Ministerio) perdía. Cuando el recurso del Ministerio fue rechazado, la docente también tuvo que asumir parte de los gastos del juicio.

La Corte de Casación aplicó el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, que permite decidir sobre los gastos del juicio, considerando todas las instancias: apelación, casación y reenvío del caso.

La Corte decidió la compensación total de las costas entre todas las partes para todos los grados del juicio. De esta forma, corrigió la decisión de la corte territorial, que había considerado a la docente ganadora en cada fase.

Este fallo muestra que participar en recursos incidentales o adhesivos puede implicar riesgos económicos. Aunque alguien gane en una parte del juicio, el resultado final puede obligarlo a pagar gastos acumulados durante años.

Para escuelas y docentes llamados a juicio por la vigilancia de alumnos, es importante evaluar las consecuencias económicas antes de unirse a la defensa de otros implicados. La decisión deja claro que el cálculo de las costas depende del resultado global del proceso, no de los resultados parciales en cada tribunal.

La víctima recibió la indemnización, pero la docente que participó en el juicio tuvo que compartir los gastos legales acumulados durante veinte años debido a su decisión de apoyar la defensa del Ministerio.