Un menor de 12 años agrede sexualmente a su vecino de 5 con autismo: la víctima le contó a su madre que le obligaba a realizarle felaciones a cambio de juguetes

Un menor de 12 años agredió sexualmente a otro de 5 que presenta un trastorno del espectro autista (TEA), como recoge Público. Los hechos ocurrieron en un municipio de la Comarca Oriental, en la Región de Murcia e Infobae España omite los nombres para salvaguardar la intimidad de los menores.

En el momento de los hechos, ambos vivían con sus familias en viviendas próximas, siendo vecinos. La Justicia ha considerado acreditada, al menos, una agresión sexual con penetración en la casa del niño de 12 años, donde la madre del pequeño de 5 lo dejaba en ocasiones porque eran amigos y jugaban juntos. La madre de la víctima, al interponer la denuncia ante la Guardia Civil, manifestó que su hijo le contó que el vecino lo obligaba desde hacía tiempo a practicarle felaciones, según Público.

Dado que el agresor era menor de 14 años, la ley lo considera inimputable, lo que impide que sea juzgado o castigado con penas previstas en el Código Penal. Según la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, un niño que no ha alcanzado esa edad no posee la madurez necesaria para comprender la ilicitud de sus actos y, por tanto, no puede ser procesado.

En consecuencia, la responsabilidad recae en los padres del menor inimputable. En este caso, el asunto se tramitó en la vía civil: la titular del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Murcia condenó a los progenitores, en una sentencia a la que tuvo acceso Público, a indemnizar al niño con 18.000 euros “por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los abusos sexuales de los que fue objeto”. La Audiencia Provincial, tras el recurso, elevó la cuantía a 25.000 euros.

El procedimiento comenzó en 2018, cuando la madre presentó la denuncia, lo que dio lugar a diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia. Este remitió la causa a la Fiscalía de Menores, que la archivó al tratarse de una persona inimputable, y comunicó el caso al área de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma.

La entonces Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (hoy Consejería de Política Social) derivó el caso a Proyecto Luz, un servicio especializado de atención a menores con sospecha de abuso sexual infantil.

Los psicólogos de este recurso elaboraron un informe en el que concluyeron que el relato del niño era creíble, determinaron que había sido víctima de abusos y señalaron la necesidad de que continuara en tratamiento.

Los padres del agresor negaron los hechos, asegurando que su hijo no cometió ninguna agresión. No obstante, según el testimonio de la víctima recogido en el informe de Proyecto Luz —base de la sentencia—, el día de la violación probada estaba esperando en el pasillo de la casa de su amigo para ir a jugar al balón. El vecino salió desnudo del baño y, usando un lenguaje soez, le pidió que le hiciera una felación. El menor relató que dudó sobre cómo reaccionar, sintió “mucho asco” y escuchó a su agresor prometerle que, si continuaba, le daría todos sus juguetes.

El niño —que actualmente sufre un estrés postraumático grave— huyó hasta su casa y le contó a su madre lo ocurrido. El informe del psicólogo, ratificado en el juicio, resalta que su testimonio cumplía “criterios de credibilidad” y que “es un episodio único que cuenta tras sucederle”.

En la vista oral, el perito señaló que “era posible”, como sostenía la madre en la denuncia, que hubieran ocurrido más agresiones y el menor solo relatara una. También afirmó que el diagnóstico de TEA no alteraba el resultado ni la metodología de su informe.

Otra psicóloga de Proyecto Luz que atendió a la víctima declaró que el niño dibujaba un monstruo que identificaba con su agresor, y añadió que “tenía miedo, hablaba de un monstruo y de las circunstancias generadas en el vecindario”.

La jueza valoró los informes de estos “testigos-peritos cualificados” y subrayó que “no se aprecia ningún móvil espurio” en la denuncia de la madre. “Todo ello determina la responsabilidad solidaria que alcanza a los padres del menor, al no haberse acreditado de ningún modo que hubiesen empleado toda la diligencia de buenos padres de familia para prevenir el daño”, concluyó.