Conflicto laboral en la base naval de Rota: paros, denuncias por vulneraciones sindicales y amenazas de nuevas protestas

La llegada de la multinacional estadounidense Louis Berger en 2016 para asumir la gestión del aeropuerto militar la base de Rota ha marcado el inicio de un conflicto laboral que, según los sindicatos, ha derivado en la vulneración sistemática de la legislación española y en el despido del presidente del comité de empresa, un hecho que ha intensificado una huelga que se acerca a los ocho años de duración.

Según una información de elDiario.es, la destitución del máximo representante sindical de la base el pasado 10 de julio se produjo tras una jornada que, en apariencia, abría la puerta al diálogo entre los sindicatos militares y la multinacional. El trabajador acudió a una reunión con la dirección de la empresa, donde, según relata a este medio, se presentaron propuestas que generaron expectativas de acuerdo. Sin embargo, al reincorporarse a su turno esa misma noche, el jefe local de la compañía le comunicó su despido y lo escoltó fuera de la base. La causa alegada fue el “uso fraudulento de horas sindicales”.

Antes de la llegada de esta multinacional, los trabajadores operaban bajo un convenio específico que reconocía la particularidad de sus tareas, entre ellas el control de aeronaves militares, manipulación de cargas de alta seguridad y cumplimiento de normativas estadounidenses.

La multinacional impuso el convenio general del sector aeroportuario, lo que supuso una reducción salarial de alrededor del 30% y el inicio de una política de sustitución de empleados del antiguo marco por nuevas contrataciones con condiciones menos favorables. “El 100% de los despedidos pertenecía al convenio original. Somos el colectivo que más les molesta”, afirma el ex representante sindical en unas declaraciones al Diario.es. En este sentido, los sindicatos denuncian que la protección de la representación sindical ha sido ignorada por la multinacional, que ya ha despedido a cuatro miembros del comité y ha sancionado a otros por defender derechos laborales.

La estrategia empresarial ha incluido, según denuncian los trabajadores, presiones, coacciones y sanciones. La reacción de la plantilla y del entorno local no se hizo esperar. El Ayuntamiento de Rota, que en 2020 declaró a Louis Berger “empresa non grata”, ha expresado públicamente su rechazo al despido. Izquierda Unida inició gestiones ante los Ministerios de Trabajo y Defensa para reclamar una intervención estatal.

La huelga indefinida, que comenzó hace casi ocho años, se ha materializado en paros de cuatro horas por turno, los siete días de la semana. La plantilla planea endurecer las movilizaciones a partir de septiembre, con concentraciones en la entrada de la base, manifestaciones y un aumento de los paros. La Junta de Andalucía, por su parte, ha aceptado servicios mínimos que han alcanzado el 90% de la actividad, una cifra que la plantilla considera desproporcionada y que, a su juicio, limita el impacto de la huelga.

La Inspección de Trabajo ha impuesto sanciones a la compañía por vulnerar el derecho de huelga y desconocer la representación sindical, pero la situación no ha cambiado. Desde los sindicatos critican que el Gobierno central no ha actuado con la contundencia necesaria y la única solución, argumentan, pasa a nivel estatal. “Llevamos ocho años reclamando lo mismo: que nos escuchen y que se cumpla la ley”, ha resumido el trabajador.