La Hacienda catalana empezará a funcionar en 2028 y gestionará parte del IRPF: se prevé contratar más personal y abrir nuevas oficinas

El objetivo es que la Agencia Tributaria Catalana llegue a encargarse de la recaudación de todos los tributos en el futuro, y que en 2027 la agencia esté lista para asistir en la campaña de la renta

Guardar
El presidente de la Generalitat
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, saluda a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en marzo de 2025. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

La Agencia Tributaria Catalana (ATC) empezará a asumir funciones relacionadas con la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a partir de 2028. Así lo recoge el plan director del organismo, presentado este jueves por el Govern de Cataluña. Junto con las nuevas competencias, la ATC implementará su identidad visual en las comunicaciones dirigidas a los contribuyentes.

El encargo de elaborar la hoja de ruta para esta nueva fase se realizó a principios de año a la consultora Minsait, del grupo tecnológico Indra. El objetivo, según el departamento de Economía, es que la ATC llegue a encargarse de la recaudación de todos los tributos en el futuro.

El plan establece que, en 2027, la agencia estaría lista para asistir en la campaña de la renta. Para ese momento, se prevé la contratación de más personal y la apertura de nuevas oficinas para atender el incremento de funciones.

Los funcionarios de Hacienda rechazan el traslado a la ATC

Este traspaso de competencias no ha gustado mucho a los inspectores y técnicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que ya rechazaban la posibilidad de un traslado forzoso de personal a la ATC después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Generalitat.

Los representantes de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) advirtieron a Infobae España que “cualquier tentativa de traspaso general o forzoso de los funcionarios de la AEAT a una administración tributaria autonómica constituye un ataque frontal a la autonomía de organización de la AEAT, reconocida en su ley de creación, y a los derechos de sus trabajadores, que no pueden ser moneda de cambio de ningún intercambio político”.

Los inspectores han solicitado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comprometerse públicamente a que no se ejecutará ningún traspaso forzoso de funcionarios de la AEAT destinados en Cataluña. También exigen que se respete el régimen de personal previsto en la normativa que regula la agencia estatal, “sin injerencias de ningún tipo”.

Noticias del día 31 de julio 2025

“Muchos funcionarios rechazarán un traslado a la Agencia Tributaria Catalana”

Además, reclamaron garantías “públicas y claras” sobre el futuro profesional de los trabajadores de la AEAT en Cataluña. El acuerdo anunciado el pasado 14 de julio entre el Estado y la Generalitat ha sido calificado por la IHE como un “ataque a la cohesión fiscal del Estado” y advierten que, tal como afirman representantes de ERC, “traerá consigo el fraccionamiento de la AEAT en un irresponsable ejercicio de ruptura de la caja única, de la base de datos y de la actuación eficaz y eficiente de la AEAT”.

En la misma línea, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han avanzado que una gran mayoría de empleados de la AEAT en Cataluña “rechazarán un traslado a la Agencia Tributaria Catalana (ATC)”. Según Gestha, la mayoría de estos trabajadores son de las promociones más recientes y no tienen arraigo en la comunidad, lo que dificultaría eventuales traslados, incluso si la integración en la administración catalana implica mejores condiciones salariales y el acceso a cuerpos superiores.

Gestha insistió en que la actual plantilla de la ATC no basta para gestionar la recaudación de los más de 27.000 millones de euros del IRPF en Cataluña, lo que hará necesario un incremento de personal. El sindicato calcula que la ATC necesitaría alcanzar los 5.200 empleados a medio plazo, de los cuales unos 2.000 serían inspectores y técnicos autonómicos del subgrupo A1, responsables del control tributario del IRPF.