Equipo Económico, el bufete de Montoro, solicita anular los correos electrónicos clave de la causa por haberse obtenido de forma irregular

Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, se encuentra en el foco de una presunta trama de corrupción por supuestamente favorecer a empresas a cambio de contraprestaciones económicas. El bufete ha solicitado a la justicia que declare nulos los correos electrónicos que sustentan la causa, al considerar que fueron obtenidos de manera irregular.

Según un escrito presentado por la defensa de Equipo Económico, al que ha tenido acceso EFE, se ha pedido a la Audiencia de Tarragona que anule dichos correos, los cuales fueron interceptados por los Mossos d’Esquadra en un “hallazgo casual” durante un registro en la sede de la empresa gasista Messer, en Vila-seca (Tarragona). La orden judicial que autorizaba ese registro se limitaba a la investigación sobre la construcción de una planta en El Morell (Tarragona), entre los años 2007 y 2009.

Entre los correos cuya nulidad solicita la defensa figura uno de diciembre de 2013, en el que un técnico de Messer informaba a su director general: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.

A partir del contenido de ese correo, los Mossos comunicaron al juez que resultaba “fácil” deducir que Messer contrató a Equipo Económico debido a las conexiones de sus integrantes con altos cargos del Estado, lo que colocaba al bufete en una “posición privilegiada” para interceder ante el Gobierno en favor de los intereses de las empresas que conforman la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

La defensa argumenta que, tras ese “hallazgo casual”, tanto el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona como los Mossos iniciaron una investigación de carácter “prospectivo”, mantenida bajo secreto desde 2018. Esta actuación ha desembocado en la imputación de Montoro y de su equipo en Hacienda por presuntamente alterar leyes a favor de empresas gasistas —y se investiga si también de otros sectores— a cambio de dinero.

En el documento presentado, Equipo Económico subraya que, de excluirse finalmente estos correos del proceso judicial, “habrá que ver” el alcance que tendría la nulidad, dado que consideran que se trata de una prueba esencial. A este respecto, señalan que la norma general establece que la nulidad de una prueba “vicia a su vez cualquier otra que hubiera sido obtenida como consecuencia de la anterior”.

“En nuestro caso, resulta simplemente imposible concebir que, por vías distintas a la entrada y registro practicada y de la aprehensión ilegítima de esos correos hubiera podido ‘inevitablemente’ llegar a obtenerse los datos ‘relevantes’ arrojados, precisamente, por esos correos electrónicos. Pero, será el juez instructor el que, una vez excluidos tales correos, deba examinar el resto del procedimiento”, señala el escrito.

La defensa sostiene que el “hallazgo casual” de estos mensajes electrónicos no estaba contemplado en la orden de registro emitida para Messer. Añaden que los Mossos, “al margen del más mínimo control judicial”, llevaron a cabo una “investigación paralela y prospectiva” durante más de cinco meses antes de entregar el informe al juez, el 20 de abril de 2018, en el que por primera vez se apuntaba al despacho fundado por Montoro.

Según Equipo Económico, una orden judicial de entrada y registro “no es un cheque en blanco para que la policía pueda arramblar con todo lo que encuentre, tenga o no relación con la causa, para posteriormente decidir lo que se investiga y lo que no”.

En ese sentido, recalcan que la autorización judicial para el registro en Messer se limitaba a los datos que tuvieran “una relación directa con los hechos objeto de investigación en la presente causa”, es decir, la construcción de la planta de fraccionamiento de aire en El Morell entre 2007 y 2009.

“Cualquier acceso o copia a otros ficheros o datos no relacionados directamente con la construcción de dicha planta de fraccionamiento de aire estaba vedada para los agentes que ejecutaron la diligencia de registro”, detalla el escrito.

Equipo Económico reprocha que el juez de Tarragona se haya limitado a “dar por buenos los excesos cometidos por los Mossos”, sin que existiera una autorización judicial específica que legitimara la incautación de dichos correos, ya que no se trataba de un delito flagrante que pudiera justificar esa actuación.

Con la incorporación de estos correos al procedimiento, siempre según la defensa, se dio inicio a una investigación de carácter prospectivo, mantenida en secreto durante más de siete años de instrucción.