Entran en prisión las seis sindicalistas de CNT condenadas por defender a una trabajadora que denunció acoso

Las seis sindicalistas de CNT que fueron condenadas a tres años y medio de cárcel por protestar frente a la pastelería La Suiza, en Gijón, en defensa de una trabajadora embarazada que había denunciado acoso y explotación laboral, han entrado finalmente en prisión de forma voluntaria en la mañana de este jueves. Su ingreso se produce después de así lo decretara el miércoles el magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de la ciudad asturiana, aunque aún está pendiente de resolverse la petición de indulto, a la que se han sumado numerosas organizaciones sindicales, sociales y políticas.

El pasado 29 de junio tuvo lugar una manifestación multitudinaria en Gijón en apoyo de las sindicalistas -cinco de ellas mujeres y un hombre- y para este jueves se ha convocado otras dos concentraciones frente al Ayuntamiento, a las 17.00 horas y a las 19.30.

A principios de junio, un juzgado descartó la suspensión de sus condenas por coacciones al propietario de la pastelería, pese a la opinión favorable de la Fiscalía para suspenderlas y a pesar de ese apoyo de formaciones políticas, sindicatos y organizaciones, que han calificado la orden de encarcelamiento como “un ataque a la libertad sindical y la protesta social”.

“Este es un claro ejemplo de criminalización de la protesta en la hostelería, donde no suelen darse este tipo de movilizaciones en Asturias, como por ejemplo sí se ven en el sector del metal o el minero, que han sido históricamente más combativos, y eso para la patronal es imperdonable. Además, eran mujeres las que reclamaban estos derechos laborales”, explicaba hace unos días a Infobae España Álvaro del Río, secretario general de CNT Asturias. Y es que el sindicato argumenta que existe un componente de discriminación de género en las decisiones judiciales adoptadas y en la severidad de las condenas impuestas.

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, sostiene que los propietarios de la pastelería se vieron abocados al cierre del negocio por la campaña de hostigamiento que se llevó a cabo con estas acciones. Sin embargo, desde CNT recuerdan que el negocio ya estaba en venta un año antes de que empezara el conflicto con la extrabajadora, por lo que el cierre “no puede atribuirse exclusivamente a las movilizaciones sindicales”. El magistrado también denegó la suspensión de las penas al considerar que las condenadas “no mostraron arrepentimiento” ni afrontaron de manera personal el pago de la indemnización que debían abonar por los daños ocasionados, que ascendía a 150.000 euros.

Las seis sindicalistas agotaron todos los recursos legales para frenar una condena que el Tribunal Supremo confirmó el año pasado. Cada una enfrenta dos años de prisión por obstrucción a la justicia, un año y medio por coacciones, además de la indemnización conjunta al dueño del establecimiento.

Los hechos se remontan a 2016, cuando la pareja sentimental de la empleada, que estaba embarazada, se presentó en La Suiza y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local. A raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, la empleada dejó su trabajo y contactó con CNT, que decidió iniciar concentraciones frente a la pastelería para visibilizar las condiciones de “acoso y explotación laboral” que esta denunciaba, informó la agencia Efe.

Según el relato de los hechos, las condenadas “incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión” hacia el empresario después de este se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra su pareja. Las concentraciones terminaron cuando el empleador cerró el negocio, por lo que el Supremo consideró que fue “la consecuencia directa de la presión” de esas protestas.

El pasado 4 de julio la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se trasladó hasta Oviedo para reunirse con las seis sindicalistas, a quienes confirmó el respaldo del Gobierno y aseguró que pediría en el seno del Ejecutivo que se tramite el indulto, una decisión que corresponde al Ministerio de Justicia. Díaz también aseveró que “no se pueden criminalizar los derechos de los trabajadores y mucho menos los derechos de huelga en nuestro país”.

Por su parte, el consejero de Ordenación de Territorio y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico (IU), recordó que el Ejecutivo autonómico aprobó sumarse a la petición de indulto, al considerarlo una “situación completamente injusta”. “Hay que parar ya esta deriva y dar a estas personas certidumbre y seguridad”, concluyó.

(Con información de la agencia Efe)