Un hospital es condenado a pagar 2,5 millones de euros por un error en un parto: las secuelas dejaron al niño con una discapacidad muy grave

Es una de las sentencias más duras impuestas contra un hospital en un país de la Unión Europea. En Rennes, Francia, el tribunal administrativo ha fallado contra el Centro Hospitalario Universitario (CHU) de esa ciudad, condenando al centro médico a resarcir con más de 2,5 millones de euros a una familia por un error médico cometido durante un parto, que provocó graves secuelas en el recién nacido.

La decisión del tribunal, hecha pública este pasado miércoles, ha puesto fin a uno de los expedientes más extensos y complejos tramitados por la justicia administrativa en materia de negligencia médica. El error tuvo lugar en el parto de un niño nacido en 1999 en el CHU de Rennes. “La cesárea se practicó con retraso, lo que explica que el niño naciera con una anoxia extremadamente severa y una discapacidad muy, muy, muy grave”, comentó en el juicio Sophie Laceux, abogada representante de la familia.

La falta de oxígeno durante el parto —denominada anoxia perinatal— desembocó en lesiones cerebrales profundas e irreversibles. El tribunal, atendiendo al conjunto de pruebas médicas y periciales recabadas durante los casi 26 años que duró el proceso, estableció la existencia de un déficit funcional permanente del 95%. El mismo fallo reafirmó la responsabilidad total del centro hospitalario por “las consecuencias perjudiciales” de esa anoxia, señalando que no existían elementos atenuantes para el personal sanitario responsable del caso.

El tribunal administrativo ya había reconocido la responsabilidad del hospital en 2006. Sin embargo, las actuaciones judiciales no concluyeron en esa fecha, dado que la indemnización definitiva dependía de la estabilización del estado de salud del hijo, una situación que los protocolos médicos y legales suelen fijar alrededor de la mayoría de edad del afectado. A petición de los padres, una vez alcanzados esos 18 años, el tribunal dispuso una “pericia para evaluar las secuelas que seguía padeciendo su hijo y sus necesidades de ayuda, asistencia y adaptación”.

Como resultado de esas actuaciones, las pruebas periciales confirmaron la magnitud e irreversibilidad del daño sufrido, así como la imposibilidad de autonomía futura del joven. La sentencia establece que la compensación debe abordar todos los aspectos de la vida del afectado, desde los cuidados sanitarios y asistenciales hasta las adaptaciones del hogar y necesidades futuras. Por ello, el fallo judicial no solo fijó la suma de más de 2,5 millones de euros a favor de los padres y del hijo discapacitado, sino que decretó una serie de rentas periódicas destinadas a asegurar la cobertura de los perjuicios restantes. Según la abogada Laceux, “se le pagarán rentas de manera trimestral y anual a lo largo de toda su vida, por el resto de los perjuicios”.

La suma, de acuerdo con los estándares de la jurisprudencia francesa en materia de accidentes obstétricos, resulta muy elevada. En estos expedientes, la cuantía de la indemnización se ajusta tanto a la gravedad del daño como a la expectativa de vida y autonomía del paciente afectado. Como ha subrayado la abogada de la familia, “estos casos son bastante raros, hay pocos expedientes con indemnizaciones de tanta magnitud, pero los accidentes obstétricos suelen dar lugar a compensaciones muy elevadas”.

La obtención de justicia y la posibilidad de resarcimiento efectivo para la familia implicaron una batalla judicial de más de dos décadas. El agotamiento emocional y económico de los padres resultó patente al cierre del proceso. “Es realmente una lucha de varios años”, confesó la representante legal de la familia, para quien los padres quedaron “agotados por tantos años de procedimientos y tantos sacrificios por su hijo”.