
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado este miércoles una carta a los presidentes autonómicos en la que les invita a usar la próxima Conferencia de Presidentes de Barcelona para debatir la aprobación de un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda. En la misiva, dada a conocer tras la rueda de prensa ofrecida por la todavía militante del PSOE Leire Díez, cuyos polémicos audios salpican a empresarios imputados, abogados, mandos de la UCO y fiscales, el líder del Ejecutivo trata de retomar la iniciativa de cara a la cita con los dirigentes autonómicos, prevista para este viernes.
El jefe del Ejecutivo, que todavía no se ha pronunciado sobre el caso que afecta a la supuesta fontanera del PSOE, ha propuesto a las comunidades autónomas triplicar la inversión pública en vivienda, pasando de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2022-2025 a unos 7.000 para el periodo 2026-2030. En este sentido, el Gobierno se compromete en el nuevo plan a aportar el grueso de esa suma (4.000 millones) “siempre y cuando las CCAA asuman su corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones”.
En la carta, Sánchez ha recordado que la política de vivienda es una competencia compartida y que las comunidades “nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora” (un 47% más entre 2019 y 2025 que entre 2012 y 2018), por lo que es “esencial que parte de esos recursos se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler.”
Blindar de manera “indefinida” la calificación de viviendas públicas
Asimismo, el presidente del Gobierno ha propuesto blindar de forma “indefinida” la calificación de las viviendas con protección pública. En esta línea, ha destacado que, en los últimos 45 años, las Administraciones públicas construyeron en España más de 2,4 millones de viviendas protegidas, pero la práctica totalidad de esos inmuebles han sido descalificados y se han vendido en el mercado libre a precios elevados o han pasado a manos de fondos buitre.
De este modo, ha planteado que los presidentes autonómicos se comprometan a que todas “las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida y, por tanto, ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía”.
Por último, el Ejecutivo ha ofrecido “acabar con el monopolio de la información que tienen los portales privados y crear una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad”. Sánchez entiende que “solo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa”.
El Presidente del Gobierno ha terminado su carta animando a los presidentes autonómicos a estudiar sus propuestas de “más financiación pública, menos especulación y más transparencia” para poder debatirlas “de forma serena y constructiva este viernes” y lograr “llegar a un acuerdo antes de verano”. Según ha subrayado, “los españoles y españolas no nos eligen para que nos tiremos los trastos a la cabeza o llevemos el ruido partidista a las instituciones. Nos eligen para que dialoguemos, acordemos y resolvamos sus problemas. El de la vivienda es crucial y nosotros debemos estar a la altura”, ha zanjado.
Por su parte, el PP ha afeado la oportunidad del anuncio de Pedro Sánchez. “La vivienda no puede ser el juguete electoral de un presidente en apuros. Otra vez Pedro Sánchez recurre a sus anuncios de vivienda cuando más cercado está por la corrupción y los espectáculos de las cloacas de su partido y de sus ‘Leires’”, han señalado fuentes del PP. Asimismo, los de Feijóo consideran que Sánchez “no tiene credibilidad para liderar ningún pacto nacional y menos en el momento actual” y le han exigido derogar la ley de vivienda.
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