El Gobierno ha aprovechado la tramitación de una ley en el Congreso para reforzar el papel de Correos. Concretamente, el PSOE ha introducido una enmienda en la reforma del régimen fiscal de Canarias en la que busca extender la designación de la corporación como operador del Servicio Postal Universal hasta 2030, le asigna nuevas tareas y promete mayor financiación para acometerlas, y modifica el cálculo del coste neto para compensar el servicio.
Este asunto quedó descolgado del real decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales de enero, que contenía la práctica totalidad de las medidas de escudo social que decayeron tras el rechazo del Congreso a la norma sobre la subida de las pensiones y las ayudas al transporte público, entre otras.
De esta manera, el Gobierno retoma esta cuestión a través de dicha norma, que actualmente se tramita en la Cámara Baja. “La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA, al igual que otros operadores postales del mundo, se está enfrentando a importantes desafíos estructurales que han desequilibrado su operación y su negocio y exigen acometer una transformación profunda y urgente de su modelo de negocio”, señalan los socialistas para justificar esta medida.
Para el PSOE, Correos necesita, “sin más demora”, realizar dicha “transformación”, ya que “su excesiva dependencia del servicio postal, la ausencia de diversificación de ingresos y sus elevados costes estructurales han provocado un ebitda negativo recurrente que actualmente condiciona su viabilidad económico-financiera”.
Correos, un instrumento para “fomentar la cohesión social y territorial”
Por ello, a través de esta enmienda, el PSOE propone ampliar el plazo durante el que Correos continuará como operador designado para prestar el Servicio Postal Universal, esto es, hasta 2030. Asimismo, le obliga a prestar Servicios de Interés Económico General (SIEG) de carácter administrativo, financiero y, en su caso, de seguridad o emergencia.
“Estas medidas refuerzan aún más el carácter público de Correos y permitirán reorientar la misión de una Compañía que, dada su amplia presencia territorial, debe ser un instrumento del Estado para fomentar la cohesión social y territorial, así como reforzar los mecanismos de resiliencia del Estado". Al mismo tiempo, se regula el sistema para compensar a Correos por la prestación de esos nuevos servicios, todo ello para “lograr los objetivos del Plan Estratégico y situar a la empresa en una senda sostenida y estable de rentabilidad”, zanja el PSOE en la justificación de la propuesta legislativa.
Los de Pedro Sánchez añaden a Correos servicios de “interés económico general” prestados como operador designado por el Estado. “Para coadyuvar a la cohesión territorial, económica y social, a la sostenibilidad y al bienestar público, se establece que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E., por su implantación en el territorio y por los medios personales y materiales de que dispone, es el instrumento idóneo del Estado para prestar los servicios de interés económico general que se le asignen”, dice la nueva disposición adicional octava de la ley de servicio postal universal.
A tal fin, se le asignan las comunicaciones postales, mediante la puesta a disposición de la red de oficinas y del resto de puntos de acceso en el ámbito rural; la accesibilidad a servicios financieros básicos, un servicio que se presta “en régimen de libre competencia”; el “acceso universal” a la Administración Pública; y la puesta a disposición del Estado de “un conjunto de medios personales y materiales que refuercen sus mecanismos de resiliencia ante requerimientos de seguridad o emergencia”.
Tareas para permitir el acceso universal a la administración
Además, la ley otorga a Correos las siguientes tareas para garantizar el acceso universal a la Administración Pública:
a) La aceptación de las solicitudes administrativas presentadas por los ciudadanos y las empresas, así como su posterior transmisión al organismo correspondiente.
b) La entrega a los ciudadanos de los documentos expedidos por las Administraciones Públicas con fines administrativos o de seguridad pública.
c) La gestión del pago de tributos y multas.
d) La gestión del pago a los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas.
e) Los servicios de acreditación de identidad digital.
f) Cuando lo prevea la normativa aplicable, la gestión de los procedimientos promovidos por los ciudadanos y las empresas relativos a las competencias de Ministerios y organismos públicos que de ellos dependan, así como la prestación de servicios asociados.
Por otro lado, la norma recoge la figura del “contrato-programa plurianual”, que concretará las prestaciones y establecerá las condiciones adicionales a las del plan para la prestación del servicio postal universal, que justifican “el abono de la compensación” por los nuevos servicios. “Se podrá establecer un mecanismo de pagos a cuenta como anticipo para hacer frente a los costes anuales incurridos derivados del SIEG [servicios de interés económico general]“.
El importe de este cobro a cuenta será fijado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y será liquidado posteriormente, tras las “oportunas comprobaciones”. “Si, eventualmente, el importe del anticipo excediese al de la liquidación, se establecerá el mecanismo de devolución”, remata el texto.
