Más de la mitad (54%) de los estudiantes argentinos de 15 años reconocen que se distraen en clase usando dispositivos digitales. La cifra se ubica muy por encima del promedio de la OCDE (30%) y surge del último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, basado en las respuestas de los alumnos a los cuestionarios de las pruebas PISA 2022.

El 46% de los alumnos afirma que se distrae por el uso que hacen otros compañeros. Ambos porcentajes son los más altos de los 80 países que participaron en las últimas pruebas PISA, indica el informe, titulado “Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes” y elaborado por Andrea Goldin (investigadora del CONICET y el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella), María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (del Observatorio de Argentinos por la Educación).

En 2024 la Ciudad de Buenos Aires decidió regular el uso de celulares en la escuela. Desde agosto del año pasado, en las escuelas primarias y los jardines de infantes de CABA los estudiantes no pueden usar celulares durante las clases ni en los recreos. En las secundarias, los teléfonos deben estar guardados durante las horas de clase “excepto en las actividades pedagógicas planificadas”, según la resolución firmada por la ministra Mercedes Miguel. Otras provincias como Salta también aprobaron normas para restringir el uso de dispositivos, mientras que una medida similar podría sancionarse en Tucumán.

A nivel regional, Brasil aprobó a principios de año una ley limita el acceso a los celulares en las escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas. Los teléfonos aún están permitidos para fines educativos, con permiso del profesor, y cuando son necesarios para la accesibilidad y la salud del estudiante. Las escuelas tienen autonomía para establecer sus propias directrices (por ejemplo, si los estudiantes mantienen los teléfonos en sus mochilas o deben guardarlos en casilleros o canastas).

Antes de la ley federal promulgada por el presidente Lula Da Silva, la mayoría de los 26 estados de Brasil, incluido Río de Janeiro, ya habían aprobado medidas que restringían el uso de teléfonos en las escuelas. Otros países que implementaron restricciones en el uso de los teléfonos en entornos educativos son Francia, Italia y China, así como algunos estados de Estados Unidos y Alemania, entre otros.

En CABA, el gobierno de CABA hizo un relevamiento entre 50 escuelas secundarias en octubre pasado (es decir, dos meses después de emitir la resolución) para medir el impacto de la medida. Según ese estudio, difundido por el Ministerio de Educación, varios hábitos se modificaron entre los alumnos: el 57% afirma que presta más atención en clase y un 47% conversa más con amigos, mientras que el 41% se aburre más. En tanto, el 96% de los directivos y el 98% de los docentes consultados considera que el uso de celulares dificulta la atención y participación de los estudiantes.

Según las autoridades porteñas, el objetivo de la regulación es “estimular la concentración” de los alumnos en las horas de clase y “promover la socialización” durante los recreos. La resolución fijó un “piso” de restricciones y le encomendó a cada escuela la confección de un protocolo: las instituciones educativas pueden tomar medidas aún más estrictas que las planteadas por el gobierno, como la prohibición de uso también en secundaria.

“Las investigaciones son contundentes: la presencia del celular en el aula tiene efectos distractivos y perjudiciales. Si acordamos limitar su uso a momentos puntuales donde la actividad lo justifique, surge un desafío importante: ¿cómo se gestiona y controla el no uso? Esto nos lleva a la necesidad de definir políticas institucionales claras”, sostuvo Fabio Tarasow, coordinador del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) de Flacso. Y planteó: “Sin estrategias institucionales bien definidas y un respaldo activo a docentes y directivos para implementarlas, el problema persiste”.

“En buena hora somos más cuidadosos con el celular en el aula. Estamos atravesando un período de turbulencias psicosociales incubadas por la presión del FOMO (miedo a perderse algo), la insana socialidad digital, en donde los que más sufren son las infancias y adolescencias”, planteó Alejandro Artopoulos, director del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés. Pero concluyó: “No hay que perder de vista que la escuela debe asumir la responsabilidad de dotar a nuestros chicos de las capacidades para sus proyectos de vida y ejercer la ciudadanía digital con autonomía. Regular el uso no es sinónimo de abstinencia”.