Las estaciones de servicio rechazan un proyecto que las obliga a informar aumentos de precios con 48 horas de antelación

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense busca obligar a las expendedores de combustibles de la provincia a informar al Gobierno con 72 horas de anticipación cualquier cambio en los precios, al tiempo que obliga a las estaciones de servicios a publicitar esos incrementos en la cartelería al público 48 antes de que entren en vigencia.

El texto del proyecto prevé además duras sanciones para las petroleras y estaciones de servicios que no cumplan con esos plazos, que incluyen multas, suspensiones y clausuras, entre otras penalidades. En el caso de las multas, equivalen a un valor de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper en el caso de los abastecedores de combustibles y de 100 a 500 en el de las estaciones de servicios.

La iniciativa, presentada por la diputada Ayelén Rasquetti (Unión por la Patria), está en manos de la Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense, generó un fuerte rechazo por parte de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), quienes manifestaron su preocupación a través de cartas enviadas al Legislativo provincial.

Según FECRA, que representa a unas 500 pymes operadoras de estaciones de servicio en la provincia, el proyecto no contempla factores clave para la operatoria diaria. En su carta, la federación advirtió sobre el “riesgo de desabastecimiento, ya que, ante una variación anunciada con antelación, provocaría que los operadores y consumidores adelanten compras, llenando los tanques, generando picos de demanda que llevan inexorablemente al desabastecimiento”. La entidad aclaró que sus empresas “no son formadoras de precios” y recordó esas situaciones de falta de combustible ocurridas en 2023.

FECRA también señaló la dificultad de comunicar precios futuros, ya que la normativa vigente exige a los estacioneros exhibir los valores actuales. Según la entidad, informar precios a implementar en un periodo determinado “provocaría confusión y desconcierto entre clientes, empleados y dificultaría la tarea de operación en nuestras empresas”.

Además, la federación remarcó que algunas petroleras aplican esquemas de precios variables durante el día para optimizar la demanda, una práctica que, de aprobarse la ley, resultaría inviable por la obligación de informar con 72 horas de anticipación y difundir los cambios en medios digitales oficiales. “Estas son algunas de las consideraciones por las cuales este proyecto generaría más complicaciones que beneficios al consumidor, afectando una actividad fundamental en la estructura productiva de la provincia”, concluyó FECRA.

Por su parte, la UIPBA, que representa al entramado industrial bonaerense, centró sus críticas al proyecto de la diputada provincial Rasquetti en la duplicación normativa y los riesgos para la competencia. Según la organización, el proyecto de ley “genera una duplicación innecesaria respecto de normas nacionales ya vigentes que garantizan la protección de los consumidores, el acceso a la información y la promoción de la competencia”. En su misiva, la UIPBA citó el artículo 42 de la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa de la Competencia y resoluciones de la Secretaría de Energía como marcos regulatorios que ya contemplan los principios que la iniciativa provincial busca regular.

La entidad advirtió que “la exigencia de publicar precios de manera anticipada y uniforme podría generar efectos contraproducentes, como incentivar comportamientos similares entre competidores —reduciendo la competencia efectiva en el mercado— y afectar negativamente a los consumidores bonaerenses, provocando aumentos repentinos de demanda y posibles quiebres de stock en las estaciones de servicio”.

UIPBA también destacó que los consumidores ya cuentan con mecanismos suficientes para informarse sobre los precios reales, como la cartelería visible en las estaciones, lo que, a su juicio, garantiza la transparencia y la competencia sin necesidad de nuevas regulaciones provinciales.

Tanto FECRA como UIPBA solicitaron formalmente a la Comisión de Servicios Públicos que se les permita participar en los debates previos a la emisión de cualquier dictamen sobre el proyecto, con el objetivo de aportar la perspectiva de los sectores productivos y evitar la aprobación de una normativa que, según sus argumentos, podría generar más problemas que soluciones. Ambas entidades insistieron en la importancia de que sus voces sean escuchadas antes de avanzar en la sanción de la ley.

Desde la UIPBA remarcaron además la necesidad de que el entramado industrial bonaerense tenga la oportunidad de contribuir al debate legislativo, con el propósito de promover un marco regulatorio que favorezca la inversión y el desarrollo sustentable en la provincia.