El acceso al crédito bancario en Argentina enfrenta un obstáculo poco visible pero de gran impacto: las tasas municipales que gravan la actividad bancaria. De acuerdo con un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), estos tributos locales no solo encarecen de forma significativa el costo del crédito para familias y empresas, sino que también restringen la disponibilidad de financiamiento, con consecuencias directas sobre el consumo, la inversión y el crecimiento económico. La presión tributaria municipal, lejos de ser uniforme, varía ampliamente entre municipios, lo que genera un escenario de desigualdad y distorsión en el sistema financiero nacional.

IERAL advirtió que la carga impositiva que imponen los municipios sobre la intermediación financiera constituye una de las principales trabas para la expansión del crédito en el país.

“El crédito es imprescindible para el desarrollo, tanto para las empresas como para las familias. El orden macroeconómico es una oportunidad para que éste se expanda. Pero, si no se resuelve el tema impositivo, y en particular el problema que se acarrea con impuestos locales, este desarrollo no va a ser posible. Lo que vemos es que esto conspira contra el desarrollo del crédito. Y el crédito es un instrumento decisivo e imprescindible para el desarrollo del país”, destacó Osvaldo Giordano, presidente del instituto de la Fundación Mediterránea.

El informe señaló que, en comparación con otras economías de desarrollo similar, Argentina presenta una disponibilidad de crédito sustancialmente menor, lo que limita el desarrollo económico. Si bien factores macroeconómicos y regulatorios influyen en este fenómeno, la política tributaria local emerge como un factor determinante. Según IERAL, “la evaluación de la tributación que aplican los municipios sobre el sistema bancario muestra una serie de disfuncionalidades cuya consecuencia más dañina es que conspira contra la expansión del crédito y encarece su costo”.

El primer problema identificado es de índole legal. De acuerdo con la normativa vigente, una tasa municipal debe corresponder a un servicio específico y proporcional al costo de dicho servicio, a diferencia de un impuesto general. Sin embargo, el trabajo detectó que la mayoría de los municipios no cumplen con estos requisitos, aplicando tributos sin el debido sustento legal. La Corte Suprema de Justicia estableció que las tasas deben estar vinculadas a servicios públicos concretos, disponibles para el contribuyente y financiados exclusivamente con lo recaudado. Pese a estos lineamientos, muchas ordenanzas municipales se apartan de la jurisprudencia, lo que incrementa la inseguridad jurídica y la litigiosidad en el sector.

En el plano operativo, la dispersión normativa es otro factor crítico. Más de 2.000 municipios en Argentina regulan de manera autónoma la metodología para calcular las tasas, lo que genera una multiplicidad de reglas y procedimientos. Esta heterogeneidad obliga a los bancos, especialmente aquellos con presencia en varias localidades, a destinar recursos considerables a la interpretación y cumplimiento de normativas locales dispares. Según IERAL, este entramado regulatorio eleva los costos administrativos y representa una barrera significativa para la expansión del crédito.

Desde la perspectiva financiera, la magnitud y el método de cálculo de las tasas municipales presentan una gran variabilidad. IERAL realizó un relevamiento en 51 municipios de 10 provincias, que representan cerca del 30% de la población argentina, y calculó la alícuota efectiva como el porcentaje de los ingresos brutos de los bancos destinado al pago de tasas municipales. El resultado es contundente: la alícuota promedio ponderada asciende al 5,9% de los ingresos brutos, una presión que, según el informe, “no solo excede los límites de una tasa y opera como un impuesto encubierto, sino que impacta de manera sensible sobre el costo del crédito”. Además, existen diferencias marcadas entre jurisdicciones: mientras en algunas ciudades la tasa representa menos del 1% de los ingresos bancarios, en otras —especialmente en grandes urbes de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe— supera el 7%.

La disparidad no solo se observa entre municipios, sino también entre sectores económicos. IERAL destaca que la presión tributaria sobre la intermediación financiera es varias veces superior a la que enfrentan otras actividades, incluso aquellas con capacidad contributiva similar. En muchos municipios, los bancos soportan una carga tributaria que supera el 7% de sus ingresos brutos, mientras que en el resto de los sectores rara vez se supera el 1 por ciento.

Para dimensionar el impacto concreto de estos tributos en el costo del financiamiento, IERAL realizó simulaciones que incluyen tanto las tasas municipales como los impuestos provinciales a los ingresos brutos y sellos. En el caso de un crédito productivo con una tasa de interés nominal del 35% (sin impuestos), la incorporación de los tributos locales eleva la tasa activa a más del 42%, lo que implica un aumento de alrededor de 7,5 puntos porcentuales, o más del 20% respecto al costo original. Las diferencias regionales son notables: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza, donde la tasa municipal es nula o muy baja, el incremento ronda el 10%. En contraste, en municipios como La Matanza, Córdoba capital o Rosario, el aumento supera el 21 por ciento.

El efecto se amplifica en los créditos personales, donde además de los tributos locales se suma el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En este caso, el costo financiero total puede acercarse al 50% en algunas ciudades, con diferencias porcentuales que oscilan entre el 33% y el 47% según la jurisdicción.

Las implicancias de este esquema tributario trascienden el costo del crédito. IERAL subrayó que la litigiosidad ha ido en aumento, con el Banco Nación y otras entidades promoviendo acciones judiciales para cuestionar la validez de las tasas municipales. Aunque aún no existen sentencias firmes, ya se han dictado medidas cautelares y alcanzado acuerdos que reducen la carga impositiva en varios municipios. Además, el informe advierte sobre la asimetría que se genera entre los bancos con presencia física, que deben afrontar la carga tributaria municipal, y los operadores digitales, que al no contar con sede física eluden completamente este tributo.

En este contexto, el informe concluyó que la revisión y reforma del esquema de tasas municipales resulta ineludible para crear un entorno tributario que favorezca la expansión del crédito y el desarrollo económico. La urgencia de avanzar hacia un sistema más simple, homogéneo y ajustado a los límites legales se presenta como un desafío central para el futuro del financiamiento en Argentina.