La Procuración del Tesoro de la Nación logró un resultado favorable en la defensa de la República Argentina en tribunales internacionales, al alcanzar la reducción de una condena millonaria que había sido impuesta al país por hechos originados en el 2001.

El monto de la condena se reduce de unos USD 147 millones a USD 117 millones. Es decir, el erario púbico se ahorrará casi 30 millones de dólares, unos 42.000 millones de pesos.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (Ciadi) del Banco Mundial le dio la razón a la Argentina y resolvió disminuir en un 20% el monto de indemnización en el caso “Webuild S.p.A. c/ República Argentina”.

La decisión hizo lugar al pedido de rectificación presentado por la Procuración el pasado 11 de junio y representa un paso concreto en la mejora de la posición del país frente a reclamos heredados.

La controversia tiene su origen en la concesión de la conexión vial Rosario–Victoria y en las medidas adoptadas durante la crisis de 2001, que derivaron en la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A. y en un arbitraje internacional iniciado por la empresa inversora.

“Este litigio, como tantos otros que aún enfrenta la Argentina, se arrastra desde hace casi dos décadas como consecuencia de políticas y decisiones de administraciones anteriores que comprometieron al país en tribunales internacionales”, explicó la Procuración del Tesoro.

En un comunicado, el organismo reafirmó su “compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todos los litigios y arbitrajes internacionales, utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para reducir el impacto de sentencias heredadas y proteger el patrimonio común de los argentinos”.

Un conflicto contractual por la construcción y mantenimiento de un puente sobre una autopista entre Victoria y Rosario motivó el inicio de un procedimiento, tras desacuerdos en la concesión gestionada por Puentes del Litoral S.A., donde la constructora italiana (ex Salini Impregilo),tenía una participación del 26%.

Entre los motivos de la reclamación figuran la falta de pago de subvenciones por parte del Gobierno argentino, la aprobación de normativas que impactaron los ingresos por peaje y la viabilidad económica del proyecto, así como los retrasos en la renegociación del contrato de concesión, que tenía una duración de 25 años.

En junio de este año, el Ciadi condenó al país a pagar USD 715,9 millones a la empresa norteamericana del sector de electricidad AES Corporation, que en realidad reclamaba mucho más, USD 1.814 millones y con intereses podía estirarse a más de USD 2.500 millones, por la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, situada sobre el río Limay, en la frontera entre las provincias de Neuquén y Río Negro.

AES formalizó su reclamo en el Ciadi, una instancia de resolución de diferendos de inversión, poco menos de un año después de la pesificación, el 19 de diciembre de 2002, una vez que consideró agotadas las instancias ante la Justicia argentina, en función de lo establecido en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre la Argentina y EEUU en 1991, que en caso de conflictos de inversión fijaba al Ciadi como última instancia de resolución.

En agosto pasado se conoció que AES había presentado una demanda contra la Argentina en una corte de Washington buscando reconocimiento de un fallo del Ciadi y pidió autorización para ejecutar la sentencia en EEUU.

Además de los USD 16.100 millones (que ya superan los USD 18.000 por los intereses que corren desde 2023, cuando fue el fallo condenatorio de primera instancia de la jueza Loretta Preska) reclamados por Burford Capital por la expropiación de YPF, el país se enfrentan en el Ciadi otros 6 juicios internacionales, que junto al de AES, totalizan unos USD 1.500 millones.

Con información de NA