
La posible desregulación del corretaje inmobiliario en Argentina generó un intenso debate entre los actores del sector. Según informó Infobae, la discusión se centra en la eliminación de la matriculación obligatoria para martilleros y corredores, lo que permitiría operar con certificaciones sin necesidad de colegiación.
Aunque el Gobierno aún no oficializó la medida, se especula con un decreto que podría transformar el marco regulatorio vigente en las próximas semanas. La intención no es eliminar los colegios, sino fomentar la competencia y jerarquizar a los profesionales para garantizar un mejor servicio a compradores e inquilinos.
Los colegios de martilleros y corredores manifestaron su rechazo a esta propuesta, argumentan que la eliminación de la colegiación obligatoria podría desprofesionalizar la actividad y exponer a los usuarios a riesgos como fraudes y malas prácticas.
Además, advierten que la desaparición del sistema de sanciones disciplinarias dejaría a la justicia ordinaria como la única vía para resolver conflictos, lo que podría complicar la protección de los derechos de los usuarios en la compra venta como en el alquiler de propiedades.
En respuesta, varias entidades como el Colegio Inmobiliario porteño, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y el Colegio Público de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires, entre otras, emitieron comunicados donde defienden la colegiación como una garantía de calidad y transparencia en las operaciones.

Sectores a favor de la flexibilización ven a los colegios como monopolios que restringen la competencia y elevan costos. Afirman que eliminarlos haría el mercado más accesible y destacan el modelo desregulado de España como referencia.
Este enfoque, afirman, estaría alineado con un nuevo rumbo económico que busca descentralizar, liberar sectores clave de la economía y cerrar organismos que no sirven.
Cambios normativos en discusión
La propuesta de desregulación no se limita a la eliminación de barreras burocráticas, sino que plantea una reforma estructural del marco legal vigente.
La clave radica en modificar las leyes actuales en lugar de derogarlas, para evitar que las provincias o municipios impongan nuevas restricciones en ausencia de una normativa nacional.
Argentina, como país federal, permite que las provincias regulen áreas no cubiertas a nivel nacional, lo que podría generar hasta 21 regímenes distintos en el corretaje inmobiliario, con requisitos dispares como matrícula obligatoria, control de precios o certificaciones.
Modificaciones en las leyes vigentes
La reforma implicaría cambios significativos en la Ley 20.266 de 1973, que regula la actividad de martilleros y corredores, y en su posterior modificación mediante la Ley 25.028 de 1999. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Eliminación de la matrícula obligatoria y del requisito de título universitario: Se propone que para ejercer como martillero solo sea necesario ser mayor de edad y no estar inhabilitado legalmente, eliminaría la exigencia de poseer un título universitario.
- Fin del monopolio de los colegios profesionales: La gestión de la matrícula pasaría a ser voluntaria y podría ser administrada por entidades privadas, eliminaría la intervención estatal en su regulación. Las sanciones disciplinarias serían reemplazadas por mecanismos judiciales, quedarían en manos de los tribunales la resolución de conflictos.
- Eliminación de restricciones geográficas: Los profesionales podrían operar en cualquier jurisdicción del país sin necesidad de inscribirse en múltiples matrículas locales.
- Derogación de sanciones por ejercicio sin matrícula: Se eliminarían las multas y clausuras para quienes ejerzan la actividad sin estar matriculados, permitiría que cualquier persona física o jurídica pueda realizar corretaje y remates.
- Libre negociación de honorarios: Los aranceles mínimos y honorarios fijos establecidos por los colegios serían eliminados, permitirían que las comisiones sean pactadas libremente entre las partes.
Impacto en el sector y desafíos
La reforma podría cambiar el mercado inmobiliario argentino. Sus defensores creen que eliminar trabas burocráticas fomentará la competencia y reducirá costos, mientras que los detractores advierten riesgos por la falta de regulación.
La ausencia de un marco claro genera incertidumbre, y el debate sigue abierto entre quienes ven una modernización y quienes temen efectos negativos en la transparencia y calidad del sector.
Luis Colao, titular del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires, advirtió sobre los riesgos que implicaría una posible desregulación del sector. “De prosperar esto, y es una hipótesis, pues no conocemos a ciencia cierta lo que se pretende hacer, lo que se vería claramente afectada es la seguridad jurídica de quienes pretendan llevar adelante una operación inmobiliaria”, sostuvo.
Además, destacó que el corretaje inmobiliario ya funciona con un alto grado de flexibilidad, dado que la intervención de un profesional no es obligatoria para concretar una operación.
“No hay una profesión más desregulada que la del corredor inmobiliario. Las partes pueden realizar operaciones por su cuenta, pero prefieren recurrir a un profesional en busca de seguridad, idoneidad, asesoramiento y confianza, que solo les da un matriculado habilitado con título universitario y capacitación adecuada”, concluyó Colao.
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