
El Gobierno de Gustavo Petro informó que declarará emergencia económica en Colombia luego del rechazo en el Congreso de la República de la ley de financiamiento o reforma tributaria, iniciativa que buscaba recaudar cerca de $16 billones para cubrir el déficit fiscal y garantizar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026. La decisión implica la firma de un decreto legislativo que otorga facultades excepcionales al Ejecutivo para adoptar medidas urgentes en materia fiscal y presupuestal.
La emergencia económica se formalizará por medio de un decreto firmado por el presidente y todos los ministros, lo que permitirá al Ejecutivo expedir medidas con fuerza de ley y adoptar algunas iniciativas extraordinarias en materia fiscal y presupuestal. La figura excepcional, que se aplica por periodos de 30 días prorrogables con aprobación del Congreso, otorga al Estado la capacidad de ejercer controles sobre precios y salarios, gestionar de manera más flexible el presupuesto y redirigir recursos hacia áreas que requieren atención inmediata, según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
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Dentro del paquete de medidas anunciadas, el Gobierno considera la creación de un impuesto del 5x1.000 sobre las transacciones bancarias, equivalente al 0,5% de cada operación financiera. Dicha propuesta busca incrementar la recaudación fiscal de manera inmediata y compensar el déficit generado por la caída de la ley de financiamiento. El ministro del Interior, Armando Benedetti, precisó que el decreto de emergencia económica fue firmado por los ministros y radicado el 19 de diciembre, lo que marca el inicio de la aplicación de estas medidas a partir del 1 de enero de 2026.
Impacto del nuevo 5x1.000: preferencia por el “gota a gota”
Frente a esto y ante lo que puede significar para el bolsillo de los colombianos, Infobae Colombia consultó a varios expertos para que dieran su opinión y explicaran más allá sobre los alcances de la medida. El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Lisandro Junco, expresó una visión crítica sobre el nuevo gravamen.
Señaló que “esta es una propuesta que le apuesta a eliminar a las empresas, a fortalecer el contrabando y a incentivar el crédito ‘gota a gota’”.
Sobre el último punto, explicó que el incentivo del “gota a gota”, que es una modalidad informal y clandestina de préstamo de dinero que opera fuera del sistema financiero legal, se da porque cuando encarecen las transacciones financieras, cuando se encarece el acceso al sistema financiero, se genera una gran cascada de costos como es el 4x1.000 actual, cuyo nombre original es Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y por el que, por cada $1.000 que una persona mueve en su cuenta bancaria, debe pagar $4 como impuesto.

“Eso significa que las personas se terminan yendo para ser eficientes económicamente al efectivo. Y al estar en el efectivo, pues se genera una transaccionalidad hacia los informales. Y cuando se genera una transaccionalidad hacia los informales, pues nada es visible. Y eso termina afectando, obviamente, al país”, lamentó el actual asesor económico de la candidata presidencial Vicky Dávila.
Insistió en que, al no acceder al crédito, no tener posibilidad de que un ciudadano del común pueda acceder a uno porque es costoso, porque le van a poner 5x1.000, porque se tendrán unos costos transaccionales altos, pues lo que va a pasar es que, como se necesita el crédito, entonces la persona se va al “gota gota”, que, aunque las tarifas son más altas, no se paga 5x1.000 y se genera el crédito en efectivo.
Junco también resaltó el impacto negativo sobre las pequeñas y medianas empresas. Dijo que esas empresas sienten ese desestimulo, como para con el 4x1.000 hoy en día.
Agregó que, ahora, cuando si van a sacar el 5x1.000, solo es deducible el 50% del impuesto a la renta, no el 100% y, entonces, queda un 50% pagado de más, sin que tenga implicación o causación directa o relación de causalidad directa con la actividad productora del impuesto a la renta.
“Termina siendo un impuesto antitécnico. Termina generando una pérdida de productividad y competitividad del país, obviamente, incentivando, como le digo yo, la informalidad del contrabando y el crédito ‘gota a gota’”.

Impacto del impuesto al patrimonio: mala señal para los inversionistas
Por su parte, el economista Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, aportó una perspectiva histórica y técnica sobre el impuesto al patrimonio y el nuevo gravamen a las transacciones. Recordó el impuesto al patrimonio que viene en Colombia desde 1936. Puntualizó que había desaparecido del escenario tributario y volvió con la reforma tributaria de 2022, que lideró el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
El académico considera que plantear que el impuesto al patrimonio aumente en este momento no es una buena señal para los inversionistas y para las personas que están en el país.
“Recientemente, se hablaba de la manera cómo en el país se habían presentado fuga de capitales. Y, generalmente, este tipo de situaciones asociadas al incremento del impuesto al patrimonio es muy sensible para las personas jurídicas, y para las mismas personas naturales”, advirtió.
Sobre el alcance de la medida, el experto detalló que se adiciona el numeral 6 al artículo 292-3 del Estatuto Tributario para gravar, a partir del 1 de enero de 2026, patrimonios superiores a 40.000 unidades de valor tributario (UVT), es decir, de $2.000 millones en adelante.

“Esto indiscutiblemente, unido a la disminución de lo que es el punto de inflexión para el pago del impuesto al patrimonio, es un punto que genera muchas resistencias. Y hay que indicar que es, exactamente, sobre el patrimonio líquido, es decir, sobre el patrimonio bruto menos deudas y que, además, se hará en tarifas progresivas para personas naturales por rangos de UVT, en el sentido que la administración actual ve al impuesto del patrimonio desde el punto de vista de la equidad, gravando con mayores tarifas a los mayores rangos de UVT”, indicó.
Inversión y confianza empresarial
De igual forma, advirtió sobre el impacto en la inversión y la confianza empresarial. Al respecto, dijo que no es una buena medida porque nisiquiera las estadísticas del Estado en este momento muestran que a la decaída inversión que hay en materia privada, que se está en un 17%, que es de las más bajas en este siglo, se le viene ahora una carga tributaria que disminuye la confianza empresarial, cambia las reglas del juego, afecta la seguridad jurídica y desde luego puede generar no solamente ese desincentivo sino posibles salidas de capitales.
Amorocho también señaló que la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas y sociedades de hecho con tarifas progresivas genera alarmas, en particular, en el sector productivo y también en el sector de pequeñas y medianas empresas.
De esta manera, para el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, es importante decir que con estas medidas se le resta atractivo al país para la llegada de nuevas inversiones. Esto, porque afecta también a las pequeñas y medianas empresas, que vienen recibiendo un oxígeno por el lado del crecimiento que se presenta en el comercio al por mayor y al por menor, y además desincentiva el ahorro y reduce la inversión en el capital productivo.

Todo al revés: “Gastan mucho”
Entretanto, el economista Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero certificado, ofreció una visión contundente sobre el origen de la emergencia económica y la viabilidad de las medidas propuestas.
“Todo al revés. La emergencia económica se da por ellos mismos, son un Gobierno que no ha reducido el gasto. Se ha dedicado a burocracia, se ha dedicado a abrir ministerios y ampliar el tamaño del Estado, cosa que lo que siempre se pide es reducir el tamaño del Estado y reducir la carga burocrática y de empleos del sector estatal, que más bien promueva la cooperación privada y obviamente, pues, la confianza inversionista”, criticó.
Asimismo, comparó la situación fiscal del país con la de una familia que no sabe manejar las finanzas personales. “Gastan mucho, están sobreendeudados, como la típica familia que no sabe manejar sus finanzas personales. Por culpa de ellos gastan sin medirse”, remarcó.
Anotó que los ingresos no dan y que no se recauda porque estropean todo, a pesar de que tuvieron una reforma tributaria. Destacó que el mismo Gobierno “se declara en emergencia para hacer cosas indebidas”.
Sobre la viabilidad del 5x1.000, Moreno Jaramillo fue enfático y dejó claro que espera que no tenga futuro: “No creo que pase, no creo que den las condiciones de emergencia económica. Lo que yo pienso es que no va a prosperar todo ese tema, ni tampoco lo del 5x1.000. También es absolutamente inviable. En campaña prometían quitarlo”.
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