El escándalo por el fallido contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 en Colombia ha derivado en la captura de varios funcionarios y exfuncionarios, acusados de irregularidades que dejaron a estas aeronaves fuera de servicio y generaron un perjuicio millonario para el sector defensa.
Según la información recabada por la Fiscalía y la Unidad Anticorrupción de la Dijín, los implicados habrían favorecido de manera indebida a la empresa Bertol Simpsons, omitiendo la pluralidad de oferentes y autorizando un pago anticipado del 50 %, pese a las advertencias de irregularidades por parte del supervisor.
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De acuerdo con la información divulgada por Blu Radio, en el último tramo de la investigación, la Contraloría había alertado sobre la pérdida de los recursos destinados a este contrato, mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se están iniciando los trámites para intentar recuperar el anticipo entregado y así resarcir la mayor parte de los fondos públicos comprometidos.
Las audiencias preliminares para la legalización de las capturas y la defensa de los acusados se desarrollan actualmente, bajo la vigilancia de las autoridades competentes.
Las detenciones se realizaron en la base militar de Tolemaida, así como en Bogotá y Manizales, involucrando a quienes participaron en la planeación y ejecución del contrato, cuyo valor ascendía a al menos USD 32 millones.
Uno de los capturados sería el comandante de la Brigada de Aviación del Ejército, Julián Ferney Rincón. Este hombre enfrenta acusaciones por presuntamente haber manipulado los requisitos legales y contractuales para beneficiar a la empresa estadounidense, Vertol Systems Company, en la adjudicación de un contrato millonario de mantenimiento de aeronaves, según informaron fuentes de la Fiscalía a Noticias Caracol.
Este caso ha generado inquietud, ya que el Ministerio de Defensa realizó varios pagos a la compañía seleccionada, a pesar de que, de acuerdo con la investigación, la firma no contaba con las capacidades técnicas necesarias para cumplir con las obligaciones del contrato.
Fuentes del ente investigativo también le revelaron al medio de comunicación que el oficial habría realizado varios viajes a Estados Unidos para reunirse con representantes de la empresa favorecida. Durante estos encuentros, se habrían acordado dádivas a cambio de asegurar la adjudicación del contrato, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso y la integridad de los procedimientos internos en la selección de proveedores para el mantenimiento de la flota militar.
La investigación sostiene que Julián Rincón no solo habría ajustado las condiciones de contratación, sino que también habría modificado los requerimientos legales con el objetivo de beneficiar principalmente a la empresa estadounidense. Este señalamiento pone en entredicho la imparcialidad del proceso y la correcta administración de los recursos públicos destinados a la defensa nacional.
De acuerdo con la investigación, los responsables definieron los términos de la contratación de manera que favorecieron a Bertol Simpsons, una empresa que no contaba con la capacidad técnica necesaria para asumir el mantenimiento de los helicópteros, lo que resultó en la paralización de las aeronaves en la base de Tolemaida.
Comunicado de Ejército
Sin dar muchos detalles respecto a la diligencia, ni el nombre de los implicados, la institución castrense confirmó la detención de un coronel del arma de Aviación en el Fuerte Militar de Tolemaida, Cundinamarca, en el medio de una investigación por presuntos delitos relacionados con la contratación pública.
Según el comunicado oficial, la unidad militar participó en el procedimiento judicial en cumplimiento de los principios de transparencia y cooperación interinstitucional: “Esta unidad militar realizó el acompañamiento a la Fiscalía General de la Nación durante el proceso de captura de un oficial de grado Coronel, perteneciente al arma de Aviación”, informó el Comando de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional.
La detención se produjo en el contexto de un proceso penal que investiga la posible comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad ideológica en documento público, ambos vinculados a la ejecución del contrato No. 012 del 2024 del Ministerio de Defensa Nacional.
En respuesta a estos hechos, el Ejército Nacional ha anunciado la apertura inmediata de una investigación disciplinaria paralela a la acción penal en curso, con el objetivo de esclarecer los hechos y reafirmar su respaldo a las autoridades judiciales.
El documento subraya: “Con el fin de asegurar el esclarecimiento de los presentes hechos, la autoridad militar competente dará inicio inmediatamente a la correspondiente investigación disciplinaria de manera paralela a la acción penal que ya se encuentra en curso; reiterando el total apoyo a las autoridades judiciales bajo los principios de justicia, transparencia y honestidad”, señaló el Comando de la División de Aviación Asalto Aéreo.
El Ejército Nacional concluyó su declaración reiterando su compromiso con la legalidad y la transparencia institucional.
Ejército confirmó la captura de siete oficiales
Sobre el mediodía del 16 de diciembre, el Ejército emitió un segundo comunicado en el que amplio detalles de la operación que se extendió por varios departamentos.
El propio Comando del Ejército Nacional subrayó en un comunicado que la operación se realizó con la ayuda de las unidades de Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
La captura de los cuatro oficiales y tres suboficiales se llevó a cabo en diferentes puntos del país, en cumplimiento de órdenes emitidas por la Fiscalía General de la Nación. Según el comunicado, “estas personas fueron aprehendidas en las ciudades de Popayán, Cauca, Ocaña, Norte de Santander, Pasto, Nariño; Tolemaida, Cundinamarca y en el Fuerte Militar de Larandia, Caquetá”.
La acción responde a un proceso judicial por el delito de peculado por apropiación. El Ejército Nacional detalló que la investigación, que se extendió durante más de siete meses, permitió identificar la presunta vinculación de los capturados con “conductas asociadas a manejos administrativos indebidos y presuntos hechos de corrupción”.
Tras su detención, los militares quedaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.
Además, la institución informó que ya se han iniciado los procesos disciplinarios y administrativos internos, con el objetivo de “asegurar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos”.
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