La Comisión Nacional de Disciplina Judicial compulsó copias a la Comisión Seccional de Bogotá para que se investigue la conducta de la jueza 21 Penal del Circuito de la capital, señalada de haber proferido una sentencia condenatoria por un delito sexual presuntamente apoyada en el uso inadecuado de inteligencia artificial y en referencias normativas, jurisprudenciales y doctrinales inexistentes.
La decisión fue confirmada por el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo, explicando que la actuación se produjo luego de las alertas formuladas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, órgano que declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia al advertir irregularidades sustanciales en su motivación.
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El presidente de la Comisión precisó que los hechos investigados guardan relación con una providencia judicial que, según el tribunal, pudo afectar el trámite adecuado de un proceso penal en el que se investigaban hechos relacionados con un presunto abuso sexual. En ese contexto, reiteró el llamado institucional a todos los servidores judiciales sobre el uso responsable de tecnologías emergentes en la administración de justicia.
“La jurisdicción disciplinaria hace un llamado a todos los jueces, a todos los servidores de la República, para que sean muy, muy cautos y se comprometan en realidad con el uso de herramientas de inteligencia artificial para que la adecúen a los estándares legales, en especial a la normativa emitida por el Consejo Superior de la Judicatura y algunas decisiones de la Corte Constitucional”, agregó el funcionario.
En el plano disciplinario, la investigación ordenada permitirá establecer si la conducta de la jueza constituye una falta y, de ser así, determinar su gravedad. Conforme al régimen disciplinario aplicable a los funcionarios judiciales, las eventuales sanciones pueden ir desde amonestaciones o multas hasta suspensión o destitución del cargo, dependiendo de los resultados de la actuación y de las conclusiones a las que llegue la autoridad judicial.
Nulidad de la sentencia
La investigación disciplinaria tiene como antecedente la decisión adoptada el 2 de diciembre de 2025 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Jarol Estibens Echeverry Giraldo. En dicha providencia, el tribunal declaró la nulidad de una sentencia condenatoria por el delito de acceso carnal con incapaz de resistir agravado, proferida por el Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá el 23 de octubre de 2025.
De acuerdo con el tribunal, la sentencia anulada contenía referencias normativas, jurisprudenciales y doctrinales inexistentes o no verificadas, lo que comprometió la correcta valoración de la prueba y vulneró el derecho fundamental al debido proceso de las partes.
En ese sentido, recordó que “el deber de motivar las determinaciones judiciales no se cumple con la simple expresión de lo decidido, sino que es necesario que, con soporte en las pruebas y normas aplicadas en cada asunto, señale en forma clara, expresa e indudable la argumentación que lo llevó a proferir una decisión en un determinado sentido”.
Según el análisis del tribunal, las inconsistencias afectan de manera directa la posibilidad de contradicción y defensa, lo que justifica la nulidad conforme a la jurisprudencia vigente.
Uso de IA y riesgos advertidos
En un apartado específico, la Sala Penal examinó el impacto del uso de herramientas de inteligencia artificial en la elaboración del fallo de primera instancia. Tras el estudio del expediente, el tribunal advirtió que “cuando el juez delega la construcción de las providencias a la IA sin ejercer un control riguroso sobre su contenido, (…) compromete las garantías fundamentales de las partes e intervinientes”.
Asimismo, la Sala hizo referencia a antecedentes de derecho comparado, como un caso reciente en Argentina en el que se anuló una decisión judicial tras comprobarse la incorporación literal de un texto generado por inteligencia artificial. Aunque aclaró que estos precedentes no son vinculantes, los consideró ilustrativos para dimensionar los riesgos que este tipo de prácticas puede generar en la función judicial.
Como resultado de las irregularidades detectadas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó anular lo actuado a partir de la sentencia condenatoria y dispuso que el juzgado de primera instancia emita una nueva decisión sustentada exclusivamente en fuentes reales, verificables y ajustadas a los hechos acreditados en el proceso.
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