El 10 de diciembre de 2025, durante el debate de moción de censura que se adelantó contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, la representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro han muerto más menores de edad de los que se han reportado oficialmente.
Indicó que son 54 los menores que han fallecido en bombardeos y enfrentamientos de los grupos armados con la fuerza pública, una cifra que supera ampliamente los datos previamente conocidos, que apuntaban a 31 niños, niñas y adolescentes muertos.
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“¡54 menores han muerto o en bombardeos o en enfrentamientos con la fuerza pública durante el gobierno de Gustavo Petro!”, aseguró la congresista en medio del debate.

Según Juvinao, la situación se agrava por la falta de información oficial sobre al menos cinco bombardeos adicionales, en los que el Estado colombiano no ha reportado víctimas, a pesar de que los alcaldes de municipios como Segovia, Briceño y Zaragoza han informado sobre la existencia de decenas de fallecidos.
En ese sentido, la cuestionó la postura del actual Gobierno frente a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, señalando la existencia de un doble estándar y una doble moral en el manejo de estos hechos. La representante advirtió que la ausencia de información oficial sobre los bombardeos en los municipios mencionados deja abierta la posibilidad de que la cifra de menores muertos sea aún mayor, lo que incrementa la preocupación sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de operaciones militares en Colombia.
“Al día de hoy, es absolutamente increíble, el Estado colombiano y la fuerza pública no ha reportado víctimas de esos bombardeos. No sabemos cuánta gente se murió y no sabemos si hay niños adicionales a los 54 que fallecieron en más bombardeos”, señaló.
El bombardeo en Guaviare que desató el escándalo de los menores muertos
El escándalo que hoy enfrenta el Gobierno nacional por la ejecución de operaciones militares en diferentes territorios del país, en los que el presidente Gustavo Petro ha autorizado bombardeos, estalló en noviembre de 2025, luego de que la Defensoría del Pueblo confirmara que siete adolescentes fallecieron en un ataque perpetrado por el Ejército contra las disidencias de las Farc en Guaviare.
Los menores de edad que murieron en el bombardeo habían sido reclutados por el grupo al margen de la ley y, durante mucho tiempo, la administración mantuvo una política estricta para evitar que los niños, niñas y adolescentes resultaran afectados en operaciones militares: no autorizar bombardeos en lugares en los que se presumiera la presencia de menores. Sin embargo, en este caso, y en otros, el Gobierno dio luz verde a los bombardeos, lo que derivó en la muerte de menores de edad.
En un comunicado, el Ministerio de Defensa explicó por qué se autorizó la ejecución del ataque en Guaviare, indicando que era necesario proteger la vida de uniformados que se encontraban a poca distancia de los guerrilleros.

“La decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa, que incluyó el empleo de bombardeo, para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal, se fundamentó en información de inteligencia que advertía sobre un riesgo extremo para la población civil y para los uniformados”, detalló.
El presidente Petro también defendió la operación, negando que las acciones del Ejército constituyan un crimen de guerra, pese a que, a sabiendas de que había adolescentes entre las filas armadas del grupo armado, se llevó a cabo el bombardeo. La cartera, por su parte, aseguró que sigue comprometida con el acatamiento del derecho internacional humanitario.
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