El archivo de la reforma tributaria por $16,3 billones en el Senado de Colombia obliga al Gobierno de Gustavo Petro a ajustar el Presupuesto General de 2026 a $530,6 billones, una cifra que, aunque representa el monto más alto en la historia del país, implica recortes en inversión y pone en riesgo proyectos emblemáticos como las vías 4G y el metro de Bogotá.
El presidente advirtió que, ante la imposibilidad de recortar en deuda o gasto social, el ajuste recaerá sobre la inversión pública, lo que afectará directamente a la infraestructura nacional.
En el último año, el Ejecutivo ya había enfrentado un revés similar con la caída de la Ley de Financiamiento por $12 billones, lo que obligó a recortar y reprogramar parte del gasto previsto.
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El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que la única alternativa para financiar el presupuesto de 2026 es un recorte, como ya ocurrió tras el hundimiento de la ley de financiamiento de 2024.
Mejía precisó en entrevista con La República que “estos recursos deberán ser ajustados mediante un recorte presupuestal (...) esos $16,3 billones representan menos de 3 % del Presupuesto General de la Nación, que ascendía a $547 billones. Por lo tanto, resulta insostenible argumentar que una afectación de esta magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”.
El ajuste presupuestal para el 2025, que redujo el Presupuesto de $525 billones a $513 billones, ya había afectado recursos destinados a proyectos viales, con un recorte de $1,43 billones a Invias y la Agencia Nacional de Infraestructura. El nuevo recorte sería el segundo consecutivo en recursos para infraestructura.
El jefe de Estado reiteró que, debido a la rigidez del gasto público, es imposible recortar decenas de billones en rubros como el servicio de la deuda o los programas sociales, por lo que cualquier ajuste terminará concentrándose en la inversión.
Petro fue enfático: “Dada la estructura constitucional del gasto presupuestal, no se puede recortar el gasto por decenas de billones de pesos ni en la deuda, es decir impagarla, ni en el gasto social, luego solo se puede hacer el recorte en inversión, que no es más que las carreteras 4G y el metro de Bogotá”.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo calificó de “despropósito” la idea de una emergencia económica, al considerar que no se reúnen las condiciones constitucionales para adoptarla.
Restrepo sostuvo que la única medida viable es ajustar el gasto: “El Gobierno debe recortar el gasto público y recortar los gastos de funcionamiento. Allí todavía hay espacio para hacerlo”.
Además, cuestionó la estrategia fiscal del Ejecutivo y señaló que el presupuesto ya estaba desfinanciado en al menos $40 billones, posiblemente por metas de recaudo sobrestimadas.
Entre tanto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuestionó que la decisión de los nueve senadores contradiga lo aprobado por las mayorías, que ya habían incorporado esos recursos en el Presupuesto General de 2026.
Ávila subrayó que el Gobierno revisará todas las alternativas para preservar la estabilidad fiscal y garantizar la continuidad de los programas sociales, sin descartar ninguna herramienta que permita asegurar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y cumplir los compromisos sociales.
Por su parte, la senadora por la Alianza Verde, Angélica Lozano recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que los estados de excepción no pueden utilizarse para corregir el funcionamiento ordinario de las ramas del poder público ni para evitar las consecuencias políticas de un trámite legislativo.
“La Corte Constitucional ha sido categórica en reiterar que los estados de excepción no pueden ser usados para sustituir o corregir el funcionamiento natural de las ramas del poder público, ni para evadir las consecuencias políticas de un trámite legislativo democrático”, dijo la congresista.
La senadora Aida Avella advirtió que el archivo de la reforma impedirá que las personas con patrimonios superiores a $6.200 millones se acojan a un recaudo progresivo, lo que implica que el Gobierno dejará de percibir $2,2 billones desde el próximo año.
Además, de los gravámenes a personas jurídicas, como entidades financieras y carboníferas, se esperaba un recaudo de $1,3 billones desde 2026.
Como alternativa, el Gobierno impulsa un proyecto de ley de reactivación económica, que ya superó su primer debate y busca otorgar alivios y beneficios a ciudadanos y empresas mediante rebajas en sanciones, intereses y multas, exenciones tributarias sectoriales y líneas de crédito.
Este proyecto también promueve sectores como el turismo, el transporte, las energías renovables y la infraestructura regional a través de flexibilidades tributarias.
A pesar de los recortes, el Presupuesto General de 2026 superará en casi $17 billones el de este año, $187 billones por encima del de 2022 y $301,6 billones respecto al de 2017. El desglose de los últimos presupuestos refleja una diferencia de meta de $137,6 billones entre 2022 y el año pasado.
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