Tres integrantes del Resguardo Indígena de Totoró, pueblo Totoroez, fueron secuestrados por grupos armados en el departamento del Cauca.
Las víctimas fueron identificadas como Milton Jiménez, Cristina Quiguanás y su hijo Jordy Jiménez, que se desplazaban por la vía hacia la zona de Alta Mira cuando habrían sido interceptadas por hombres encapuchados.
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La información preliminar señala que los responsables del secuestro habrían trasladado a los tres indígenas hacia zonas limítrofes con Guambía, Mosoco o Jambaló, áreas ubicadas en el nororiente del Cauca.
El caso fue denunciado por el líder indígena y representante a la Cámara por el Cauca, Ermes Pete, que también pertenece al Resguardo Indígena de Totoró. Pete rechazó lo sucedido y destacó la gravedad de la situación que atraviesa la región.
Las autoridades investigan si alguna de las facciones armadas que operan en la zona, específicamente las disidencias de las Farc o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), estaría detrás del secuestro. Ambos grupos mantienen una disputa abierta en este territorio, incrementando los niveles de violencia y riesgo para las comunidades locales.
Tras conocerse el hecho, comunidades indígenas, habitantes de Silvia y colectivos sociales exigieron a las autoridades la activación inmediata de los mecanismos de búsqueda y protección.
Además, estas organizaciones han mantenido diálogo con líderes y autoridades del territorio para ejercer presión social orientada a lograr la pronta liberación de los secuestrados.
El secuestro ocurre en medio de una escalada de violencia en el Cauca, donde las comunidades han sufrido asesinatos, desplazamientos forzados y amenazas en contra de líderes sociales, indígenas y afrodescendientes.
Este contexto motivó la convocatoria a una movilización nacional por la paz y la vida, programada para el domingo, 7 de diciembre.
Madre entregó duro testimonio de su hijo reclutado y asesinado por las disidencias de las Farc
El hallazgo del cadáver de un menor de 16 años en medio de un operativo policial contra las disidencias en el departamento del Cauca reavivó el debate sobre el reclutamiento forzado de niños y adolescentes.
La víctima había sido reportada como desaparecida por su madre, que relató la angustia experimentada desde que perdió el contacto con él tras ser llevado por hombres armados a una finca de la región.
Según el testimonio de la madre, entregado a Noticias Caracol, la última conversación con su hijo ocurrió poco antes de su desaparición. El menor le aseguró por teléfono que pronto regresaría a casa, antes de salir en una motocicleta. Más tarde, familiares y vecinos fueron notificados de que hombres armados se lo habían llevado. Inmediatamente, la familia denunció el caso ante las autoridades y difundió información en redes sociales para agilizar la búsqueda.
Durante casi 16 días, la incertidumbre se mantuvo hasta que el Gaula de la Policía contactó a la familia para participar en la identificación de jóvenes aprehendidos en la estación de Santander de Quilichao.
A pesar de que en ese operativo fueron rescatados otros adolescentes, el menor no figuraba entre ellos. Posteriormente, uno de los rescatados confesó a las autoridades que el niño había sido asesinado y enterrado en la finca donde permanecían cautivos.
Las investigaciones de la Policía y la Fiscalía permitieron rastrear a los presuntos responsables, que se habrían dedicado al reclutamiento de menores para las disidencias del Frente Jaime Martínez.
Los niños y adolescentes bajo su custodia eran obligados a realizar tareas como pintar grafitis de las Farc en carros y paredes. El operativo permitió la captura de tres sospechosos y la liberación de cuatro jóvenes que permanecían retenidos bajo amenazas e instrumentalización.
Uno de los rescatados relató a las autoridades que la víctima fue asesinada tras resistirse a las órdenes de los captores, posiblemente mediante la práctica de la “ruleta rusa”. El cuerpo del menor fue enterrado en una fosa común dentro del mismo predio, y los jóvenes restantes fueron obligados a excavarla y sepultarlo.
Tras confirmar la identidad del menor mediante huellas dactilares, la madre pudo reconocerlo por una manilla personal. En declaraciones al medio citado, explicó que su hijo murió por negarse a seguir realizando trabajos para el grupo armado y pidió a las estructuras ilegales que cesen la violencia contra los menores, subrayando el dolor que causa a las familias la muerte y el entierro clandestino de sus hijos.
Adicionalmente, la mujer denunció que después de la desaparición de su hijo, las disidencias retuvieron a al menos tres niñas, de 14 y 16 años, habitantes de la misma vereda, cuyo paradero aún es desconocido para sus familias.
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