
Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, vivió una experiencia que lo marcó no solo a él y su mánager (Nicolás Pantoja), sino a toda su familia y expuso la compleja situación de seguridad que se vive en el Cauca, el departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente colombiano y considerado uno de los bastiones de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC) liderado por alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados en todo el país.
Luego de catorce días privado de la libertad en una zona rural del departamento de Cauca, el artista relató los detalles de su cautiverio y de las presiones ejercidas por sus secuestradores en la rueda de prensa que se dio por parte de la Policía Nacional, y en cabeza de su director, el brigadier general William Rincón.
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La liberación de Miguel Ayala se produjo después de un operativo coordinado por las autoridades nacionales, que permitió su reencuentro con su padre en Bogotá.
Uno de los momentos más comentados y esperado en la rueda de prensa estuvo ligado a las reiteradas preguntas que los delincuentes formularon durante el secuestro.
“Me preguntaban por los bienes, creo que esa era su verdadera intención siempre, cuál era nuestro patrimonio y si podían conseguir algo más”, relató el joven ante los medios y ante los integrantes del equipo investigador, según reveló el coronel Édgar Correa, director del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula Policía).

Las pesquisas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación establecieron que los secuestradores utilizaron la información que identificaron en redes sociales para definir el monto de sus exigencias.
De acuerdo con el coronel Correa, los delincuentes “analizaban perfiles, fotos y todo dato que pudiera indicar el nivel de vida de las víctimas”.
Desde el primer contacto después de que se reportó el secuestro de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja la noche del martes 18 de noviembre, los bandidos solicitaron más de cuatro mil millones de pesos.
Pocos días después, esa suma se incrementó hasta los siete mil millones de pesos, evidenciando el método de presión destinado a forzar una negociación en poco tiempo, y sabiendo que tenían encima a las autoridades siguiéndoles la pista.
La privación de la libertad ocurrió en una vía rural próxima a la ciudad de Popayán, en el departamento de Cauca, lugar donde el tráfico de automóviles y motocicletas suele verse alterado por la presencia de grupos armados ilegales y bandas dedicadas al hurto de vehículos.
Las autoridades identificaron que la célula responsable contaba con antecedentes en asaltos, robos de camionetas y secuestros, destacó El Tiempo.
Asimismo, parte de esos vehículos terminaban en poder de organizaciones disidentes de las Farc, y que luego de la firma del Acuerdo de Paz volvieron a alzarse en armas en contra del Estado colombiano.
El director del Gaula, Coronel Édgar Correa, ofreció pormenores del operativo de rescate durante una entrevista con Blu Radio en la que describió que, en medio de la intervención, se registró un cruce de disparos con los custodios.
Uno de los secuestradores logró huir hacia zonas selváticas, mientras los uniformados recuperaron a las víctimas sanas y salvas.
“Recibimos información clave desde la comunidad, además de todo el trabajo de seguimiento técnico y judicial que permitió ubicar el sitio exacto de retención”, relató el coronel Correa.
Los secuestradores de Miguel Ayala sabían de las propiedades y la situación patrimonial de su familia
A lo largo de las negociaciones, los delincuentes insistieron en demostrar que tenían conocimiento de la situación patrimonial de la familia Ayala.
“Nunca dejaron de preguntar por las fincas, propiedades y cualquier dinero disponible. Esa era la presión más grande que ejercieron”, explicó Miguel Ayala.
El testimonio fue corroborado por el director del Gaula, que a su vez explicó: “Anoche hablábamos con Miguel y nos contaba eso, que le preguntaban mucho por los bienes”.
Las autoridades señalaron que la banda criminal, aún sin nombre definitivo, fue identificada como responsable de varios secuestros y robos recientes en el suroccidente del país.
Investigadores de la Fiscalía y miembros de la Policía Nacional trabajan en la identificación y captura de los implicados, con la hipótesis de que existen lazos operativos y logísticos con grupos residuales de las antiguas Farc.
A pesar de los constantes intentos de obtener dinero mediante extorsión, la familia Ayala no entregó suma alguna. Esto obligó a los captores a adaptar sus requerimientos y dejar entrever los métodos que emplean este tipo de organizaciones para definir el monto de sus exigencias.
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