Conducir en Colombia implica responsabilidades legales que muchos desconocen. La Ley 769 de 2002, conocida como el Código Nacional de Tránsito Terrestre, establece con claridad las obligaciones de los conductores, peatones y usuarios de las vías. El desconocimiento de estas normas o la intención de evadirlas puede acarrear penas de cárcel de hasta 12 años por el uso de licencias de conducción falsificadas.
El Código Nacional de Tránsito Terrestre rige en todo el territorio nacional y regula la circulación de vehículos, peatones, ciclistas y agentes de tránsito, tanto en vías públicas como privadas abiertas al público.
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Su artículo primero establece que: “Las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público.”
Asimismo, respeta lo estipulado en el artículo 24 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de todo colombiano a circular libremente por el territorio nacional, con las limitaciones establecidas por la ley. Para poder conducir legalmente, los ciudadanos deben contar con dos documentos obligatorios: la licencia de conducción y la licencia de tránsito, también conocida como tarjeta de propiedad.
La primera es un documento público, personal e intransferible, expedido por la autoridad competente, que autoriza a una persona a conducir vehículos en todo el territorio nacional. La segunda identifica el vehículo automotor, acredita su propiedad y autoriza su circulación. Las autoridades insisten en que estos documentos deben obtenerse siguiendo los procedimientos oficiales, evitando cualquier práctica irregular.
Uso de licencias falsas: un delito grave
Conducir con una licencia de conducción falsificada es considerado un delito grave en Colombia. El artículo 291 del Código Penal establece que quien haga uso de un documento público falso, aunque no haya participado directamente en su falsificación, puede enfrentar penas de prisión de cuatro a doce años.
Cuando el documento falso está relacionado con vehículos motorizados, la pena mínima se incrementa en la mitad, lo que eleva el rango a seis a doce años de cárcel. Esta disposición aplica tanto para quienes falsifican como para quienes utilizan documentos fraudulentos, dejando claro que la ley no hace distinción entre el creador y el usuario del documento falso.
Perfiles de conductores infractores
Según el Ministerio de Transporte, la Policía de Tránsito ha identificado tres tipos de conductores que recurren a licencias falsas en Colombia. El primer grupo lo conforman aquellos con licencias suspendidas, principalmente por infracciones relacionadas con embriaguez al volante, que buscan continuar conduciendo pese a las restricciones legales.
El segundo grupo corresponde a quienes no cumplen con los requisitos legales o físicos para obtener una licencia, incluyendo condiciones de salud, edad o capacidad exigidas por la ley.
Por último, existen quienes deciden evadir los procesos formales para obtener la licencia, evitando cursos y exámenes, y recurriendo a tramitadores que, en la mayoría de los casos, les entregan documentos falsos y los estafan en el proceso.
Consecuencias legales y administrativas
El uso de una licencia falsa no solo implica sanciones penales severas, sino que también puede derivar en la inmovilización del vehículo y la apertura de antecedentes judiciales, lo que afecta futuros trámites y oportunidades laborales. Las autoridades recalcan que ningún tramitador puede expedir documentos auténticos fuera de los canales oficiales y que intentar evadir los procedimientos legales incrementa el riesgo de ser capturado y condenado.
Además, el cumplimiento de la ley contribuye directamente a la seguridad vial, evitando accidentes y garantizando que todos los conductores cumplan con las normas establecidas.
Obligaciones legales de los conductores
Para circular legalmente, los ciudadanos deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley, incluyendo la obtención de una licencia de conducción válida y la licencia de tránsito correspondiente. La Ley 1124 de 2007, que modificó el Código Penal, establece con claridad que portar o usar documentos falsos relacionados con vehículos motorizados es un delito que conlleva penas de cárcel de seis a doce años, incluso si el conductor no participó en la falsificación.
Por ello, las autoridades enfatizan que la obtención de documentos a través de los canales oficiales no solo es un deber legal, sino una medida de protección personal y colectiva en las vías colombianas.
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