Salario mínimo 2026: el número de trabajadores que recibe este dinero en Colombia se está desplomando, estas son las cifras

El impacto del salario mínimo en Colombia va mucho más allá de quienes lo perciben directamente.

Aunque la atención pública suele centrarse en el debate anual sobre su incremento, los datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revelan que solo el 10,12% de los trabajadores colombianos recibe exactamente un salario mínimo, lo que equivale a 2,40 millones de personas.

Esta cifra representa una disminución respecto al año 2024, cuando el grupo de empleados en esta franja era mayor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mercado laboral colombiano, entre enero y octubre de este año, registró más de 23,71 millones de ocupados, según el Dane.

De ese total, la mayoría —11,38 millones de personas, es decir, el 47,99%— gana menos de un salario mínimo.

Así mismo, 9,93 millones de trabajadores (41,88%) perciben ingresos superiores a ese umbral. Al comparar estos datos con los del año anterior, se observa que el número total de ocupados creció en 790.000 personas.

Sin embargo, el segmento que gana menos de un salario mínimo aumentó en 1,28 millones, mientras que quienes reciben exactamente el mínimo disminuyeron en 1,31 millones. En contraste, los trabajadores con ingresos superiores al mínimo aumentaron en 820.000.

Aunque la discusión sobre el salario mínimo podría parecer relevante sólo para una décima parte de la fuerza laboral, su alcance es mucho más amplio.

Diversos aspectos de la vida económica y social en Colombia están atados a este indicador. Por ejemplo, la clasificación de viviendas de interés social (VIS) o prioritario (VIP) y los subsidios para su adquisición se calculan en función del salario mínimo.

Las administraciones de conjuntos residenciales también utilizan este parámetro para ajustar las cuotas de mantenimiento. Además, el auxilio de transporte, obligatorio para quienes ganan hasta dos salarios mínimos, se incrementa en paralelo al salario mínimo, al igual que las cuotas moderadoras y copagos en salud, así como ciertas sanciones y multas.

En respuesta a la preocupación de que un aumento del salario mínimo provoque un efecto dominó en los precios y tarifas —la idea de que “si sube el salario mínimo, sube todo”—, la mesa de concertación ha avanzado en la desindexación de numerosos cobros de este ingreso. Hasta la fecha, se han desvinculado cerca de 200 conceptos, y para este año se prevé avanzar en temas relacionados con la vivienda. No obstante, aún quedan pendientes áreas como el combustible y los servicios públicos.

La negociación para definir el salario mínimo de 2026 comenzó formalmente el lunes 1 de diciembre, con la participación de centrales obreras, el Gobierno y empresarios, que tienen plazo hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo.

El inicio de las conversaciones ha estado marcado por tensiones. Por un lado, las centrales obreras, respaldadas por el Gobierno, proponen un aumento de dos dígitos, lo que llevaría el salario mínimo a cerca de $1.800.000 incluyendo el auxilio de transporte.

Por otro lado, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, decidió no participar en la mesa de concertación este año, argumentando que no existen las garantías necesarias para un diálogo efectivo.

El consenso resulta difícil debido a las posturas divergentes entre empresarios y trabajadores. Los empresarios manifestaron en años recientes que un incremento excesivo del salario mínimo puede elevar los costos de contratación, lo que limita la capacidad de las empresas para generar nuevos empleos o incluso las obliga a reducir su plantilla.

Además, advierten que para compensar estos mayores costos, muchas empresas se ven forzadas a aumentar los precios de sus productos y servicios, lo que contribuye a la inflación. Este año, la preocupación empresarial se intensifica por la suma de los costos derivados de la reforma laboral, que incluye la ampliación de la jornada nocturna y el aumento de los recargos por trabajo en días de descanso.

Desde la perspectiva de las centrales obreras, un aumento significativo del salario mínimo fortalece el poder adquisitivo de los empleados, lo que impulsa el consumo y, en consecuencia, incrementa las ventas y los ingresos de las empresas, que podrían verse motivadas a contratar más personal para satisfacer la demanda creciente.

La posición del presidente Gustavo Petro se alinea con la de los sindicatos. En sus decretos recientes, ha subrayado que, pese a los aumentos considerables del salario mínimo en los últimos años, el desempleo ha disminuido. En septiembre, la tasa de desempleo alcanzó el 8,2%, la más baja registrada para ese mes desde 2001.

En este contexto, la determinación del salario mínimo exige un análisis riguroso. La semana pasada, Fedesarrollo propuso que un incremento razonable estaría entre el 6% y el 6,5%. Esta recomendación se basa en la suma de la inflación estimada para el cierre del año, que es del 5,2%, y la productividad, que oscila entre -0,3% y +0,9%.