
A lo largo de los años, la minería en Colombia se ha consolidado como una actividad de gran relevancia económica y social en el país. Sin embargo, su práctica enfrenta una dualidad de perspectivas: por un lado, las inquietudes sobre los riesgos medioambientales asociados a la extracción de minerales; por otro, quienes destacan su papel en la generación de empleo y desarrollo territorial.
El futuro de esta actividad representa una de las apuestas más significativas para el Gobierno Nacional, que recientemente activó la conversación pública tras la radicación de la nueva Ley Minera, denominada “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”.
Alcance de la nueva Ley Minera
El gobierno de Gustavo Petro presentó el 1 de octubre de 2025 un proyecto de ley que busca transformar el marco legal de la minería en el país. La iniciativa pretende superar el modelo minero tradicional a través de ejes estructurales centrados en la soberanía estatal sobre los recursos, la protección ambiental, la justicia social y la transición energética.
La nueva Ley busca recuperar la confianza en el Estado, fortalecer la participación ciudadana y abrir una nueva etapa de diálogo con las comunidades y los actores del sector.

Mientras el Congreso estudia los alcances de la norma, distintos sectores han impulsado espacios de discusión para evaluar los desafíos regulatorios y las oportunidades que se abren para la industria.
Foro en la Universidad Ean: diálogo entre academia y empresa
En el foro “La minería que merece Colombia: academia y empresa frente a la nueva ley minera”, realizado recientemente en la Universidad Ean, académicos, empresarios y expertos ambientales coincidieron en que la minería, en sí misma, no representa una amenaza para el medio ambiente ni para las comunidades, siempre que se realice bajo estrictos controles y regulaciones.
Los participantes resaltaron que cualquier normativa sobre la actividad minera solo será legítima si logra proteger los ecosistemas, garantizar la justicia social y combatir la minería ilegal.
Durante el encuentro, Luis Madriñán, gerente ambiental de Cerrejón, destacó la rigurosidad de la minería legal en Colombia: “La actividad minera es la más regulada del país, tiene controles muy firmes, tiene monitoreos constantes de calidad de agua y protección de la biodiversidad; además, se tiene que llevar a cabo la recuperación de las zonas intervenidas”, afirmó Madriñán en el foro.

Importancia económica y social del sector minero
El sector minero continúa siendo un pilar económico y social para varias regiones del país. Según datos de la Agencia Nacional de Minería, entre enero y noviembre de 2024 las exportaciones mineras alcanzaron los USD 11.459 millones, lo que representa el 25.4% de las exportaciones totales de Colombia.
Además, la Asociación Colombiana de Minería reportó que la industria genera alrededor de 160.000 empleos directos y cerca de 750.000 empleos indirectos, demostrando su relevancia para la economía nacional y el bienestar de numerosas comunidades.
¿Minería legal o ilegal?
Uno de los puntos centrales del debate fue la necesidad de diferenciar la minería legal, sometida a estrictos controles y regulaciones, de la minería ilegal, que ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Madriñán advirtió sobre la confusión frecuente entre ambas actividades y recalcó la importancia de reconocer los estándares de la minería formal.
De acuerdo con el informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2022 se utilizaron 94.733 hectáreas para la extracción de oro de aluvión en Colombia, de las cuales el 73% correspondió a explotación ilícita. La Procuraduría General de la Nación informó que la minería ilegal afecta actualmente a 29 de los 32 departamentos del país.

Carlos Londoño, gerente ambiental de Mineros, señaló en el foro: “La actividad de extracción ilícita ha crecido de manera exponencial, en gran medida por los altos precios del oro. Eso también implica unos impactos muy importantes sobre los ecosistemas, el agua, la biodiversidad y el desgaste forestal, por eso venimos respaldándonos en la academia para guiar nuestras actividades de recuperación y compensación”, declaró Londoño en el evento organizado por la Universidad Ean.
Perspectiva académica: minería regenerativa y desarrollo sostenible
Desde el ámbito académico se impulsa una visión orientada al potencial de la minería como motor de regeneración ambiental y social. Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Ean, explicó este concepto: “La minería regenerativa es aquella que, dentro de la propuesta del ciclo minero completo, entiende que debe dejar el territorio en mejores condiciones de cuando lo encontró.”
Para Baptiste, el papel de la academia consiste en “hacer investigaciones que ayuden a que todos los actores participen activamente del proceso productivo y regenerativo, justo y equitativo.”
Desafíos actuales: ilegalidad, impacto ambiental y transición justa
Los panelistas coincidieron en que el sector formal enfrenta problemáticas crecientes relacionadas con la ilegalidad, el impacto ambiental y la necesidad de avanzar hacia una transición justa. La expansión de la minería ilícita, impulsada por los altos precios del oro, ha generado graves consecuencias para los ecosistemas, el agua y la biodiversidad, lo que refuerza la urgencia de fortalecer la regulación y promover modelos productivos sostenibles.

La Universidad Ean reiteró la importancia de mantener espacios de diálogo como el foro para pensar una minería que contribuya al desarrollo sostenible de los territorios. Desde su enfoque en el emprendimiento sostenible, la institución promueve la formación de profesionales capaces de diseñar y liderar modelos productivos que combinen competitividad económica, protección ambiental y bienestar comunitario, con el objetivo de ofrecer soluciones responsables y viables para las regiones que dependen de la minería y requieren transiciones justas.
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