En medio del escándalo que envuelve a la general del Ejército Juan Miguel Huertas, comandante del Comando de Personal (Coper) por supuestos vínculos con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, en la mañana del martes 2 de diciembre se conoció un nuevo capítulo de la polémica.
Y el que el alto mando fue suspendido por un plazo de tres meses por la Procuraduría General de la Nación, justamente, para evitar cualquier irrupción en las investigaciones internas que se adelantan para esclarecer los hechos.
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Sin embargo, el general Huertas continúa en ejercicio de sus funciones y desató polémica después de que firmara la resolución que determina el retiro de nueve suboficiales del Ejército Nacional.
La medida, consignada en la Resolución 0010125 y refrendada el 1 de diciembre de 2025 por Huertas y el también general Luis Emilio Cardozo Santamaría, afecta a uniformados de diferentes especialidades que pasarán a la reserva en virtud del procedimiento de “llamamiento a calificar servicios”.
Esta decisión administrativa, que se ampara en los artículos 99 y 100 del Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales, así como en las Leyes 1792 de 2016 y 1104 de 2006, ordena la salida de sargentos de distintas áreas, entre ellos Jarol Norbey Criollo Prieto, Carlos Iván Porras García, Cristian Johan Peña Mosquera, Óscar Javier Nuñez Barrera, Fredy José Alexander Castillo Ovalle, Ervin Yohimar Soto Arguello, Óscar Orlando Sabogal Vigoya, Eduar Rodrigo Calderón Parrado y Manuel Serguei Sánchez Tiria.
Un parágrafo incluido en la resolución detalla que, aunque los suboficiales dejan el servicio activo a partir de la comunicación oficial, permanecerán vinculados administrativamente durante tres meses para efectos contables y salariales, tal como lo establece el artículo 164 del Decreto Ley 1211 de 1990. Este periodo garantiza que “devengarán la totalidad de los haberes correspondientes al grado”, según consta en el documento.
En conversación con El Tiempo, fuentes castrenses explicaron que los retiros en esta época del año son habituales, pero advirtieron que existen dudas sobre la legalidad de la firma del general Huertas en la resolución, dado que la suspensión decretada por la Procuraduría aún no se ha hecho efectiva administrativamente.
Las mismas fuentes agregaron que es posible que los afectados exploren la opción de demandar el acto administrativo.
El contexto que rodea a Huertas es especialmente delicado. El presidente Gustavo Petro lo había reintegrado previamente al Ejército; sin embargo, su nombre aparece implicado en una investigación que apunta a presunta infiltración de miembros de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en entidades estatales.
De hecho, el informe periodístico de Noticias Caracol que desató el escándalo detalló que, en computadores y dispositivos decomisados a este cabecilla en julio del año anterior, se hallaron registros que lo ubican en supuestas reuniones con emisarios del grupo ilegal en las que se les habría ofrecido protección a los guerrilleros, además de proporcionales información confidencial y hasta la creación de una empresa fachada de seguridad para garantizar la movilización de los subversivos con armamento sin ser detectados.
Frente a estas denuncias, la Procuraduría suspendió a Huertas y al funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wílmar Mejía, por un periodo inicial de tres meses, medida adoptada “mientras avanza la investigación disciplinaria” para determinar si incurrieron en faltas graves.
“Las circunstancias conocidas permiten colegir que Huertas y Mejía comprendían el alcance de los hechos, de sus actuar, y tenían plena capacidad de determinarse”, señaló el Ministerio Público en la tarde del jueves 27 de noviembre.
Sin embargo, existen reparos de la Procuraduría contra el Gobierno Petro, pues según lograron constatar, aún no se habría firmado la resolución que aparta provisionalmente al oficial.
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