
La aspiración presidencial del acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero para 2026 permanece en un limbo jurídico tras una serie de reveses legales y administrativos que han puesto en duda su participación en la contienda. Aunque la Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó su inscripción por firmas y los fallos judiciales recientes no le han sido favorables, el cuestionado exmandatario distrital sostuvo que aún dispone de tiempo para revertir la situación.
Quintero, en su perfil de X, enfatizó que la fecha límite para inscribirse como candidato es el 13 de marzo de 2026, lo que, según sus declaraciones, le permite mantener abiertas las vías judiciales y la posibilidad de postularse por un partido político. “Tiempo suficiente para lograr un fallo de tutela a mi favor, o incluso hacer la inscripción por un partido”, destacó Quintero en su publicación, con la que le salió al paso a las determinaciones que lo tienen en duda.
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¿Por qué está en duda la aspiración de Daniel Quintero?
El principal escollo para la candidatura de Quintero surgió cuando la Registraduría negó la inscripción de su comité Reset Total Contra el Narco y los Corruptos, con el que buscaba recolectar firmas para avalar su aspiración presidencial. La entidad argumentó que, al haberse inscrito previamente como precandidato en la consulta interna del Pacto Histórico, el 26 de octubre, Quintero quedó inhabilitado para optar por una vía diferente en el mismo proceso electoral.
Lo anterior, debido a lo que dice el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que establece que los partidos políticos, coaliciones y promotores de grupos significativos de ciudadanos no pueden inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en una consulta popular interna. Con ello, se prohibió la doble militancia y la participación en mecanismos de selección distintos dentro de una misma contienda, como sería el caso de Daniel Quintero.
El exalcalde expuso que su retiro de la consulta del Pacto Histórico se debió a “justa causa”, al alegar cambios en las reglas del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, según su interpretación, le permitiría inscribirse por firmas. Sin embargo, la Registraduría ratificó su decisión inicial y rechazó el recurso de apelación presentado por Quintero, insistiendo en que no existían motivos para modificar el dictamen.

Las acciones judiciales y los fallos adversos contra Daniel Quintero
Ante la negativa de la Registraduría, Quintero recurrió a la vía judicial mediante varias acciones de tutela, con lo que buscó proteger sus derechos políticos y obtener una orden que le permitiera continuar con la recolección de firmas. Sin embargo, un juzgado administrativo de Bogotá negó la tutela a principios de noviembre de 2025, al concluir que la decisión de la Registraduría se ajustaba a la normativa electoral.
Y el 1 de diciembre, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá declaró improcedente una nueva tutela presentada por Quintero. El fallo argumentó que no se acreditó un “perjuicio irremediable” inminente, requisito indispensable para este tipo de acciones. “El juzgado declaró improcedente la tutela con la que pedía recoger firmas para aspirar a la Presidencia. No dijeron que no tuviéramos la razón, sino que debía ir al Consejo de Estado que demora años”, dijo.

Y, del mismo modo, el exalcalde de Medellín reconoció que, dado que la recolección de firmas va hasta el 17 de diciembre, ya no le darían los tiempos. “Acataremos la decisión, impugnaremos, pero más importante: Seguiremos adelante”, adelantó Quintero, que anunció que apelará estos fallos, y agotará todas las instancias posibles en el sistema judicial, mientras el plazo para la inscripción de candidaturas por este mecanismo está próximo a finalizar.
Con la vía de las firmas prácticamente cerrada, Quintero señaló que su única alternativa viable es aceptar el aval de un partido político dispuesto a postularlo. “No nos dejaron recoger firmas, pero nos queda la alternativa de aceptar el aval de un partido. Hay varios que nos la han ofrecido”, afirmó en X. Pese a ello, existe una fuerte discusión sobre si su participación en la consulta del Pacto Histórico, aunque se haya retirado, le impide recibir el aval de otra colectividad.
En medio de este panorama, el exburgomaestre también criticó públicamente a la firma encuestadora Invamer por excluirlo de sus mediciones. “Me excluyó de la encuesta violando la ley y a pesar de que según la última encuesta estoy entre los 5 primeros. ¿Es acaso Invamer un Juez de la república para decidir si podré o no participar?”, cuestionó en las plataformas digitales, frente a lo que sería esta exclusión, que estaría motivada por sus líos jurídicos.
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