Con un extenso mensaje en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro denunció el domingo 30 de noviembre de 2025 la existencia de un “entramado que ha permitido que la institucionalidad y los permisos estén al servicio del crimen organizado, de las bandas criminales”, como parte de los hallazgos de una investigación interna sobre el sector de vigilancia y seguridad privada. Y a una semana de un demoledor informe de Noticias Caracol en contra de su Gobierno.
El jefe de Estado, en su perfil de X, dio a conocer datos inéditos sobre el alcance y la magnitud de la problemática, con base en un reporte por Yennifer Parra, exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, y que actualmente es la directora de Unidad Solidaria, luego de ordenar una revisión exhaustiva de todas las licencias expedidas para el funcionamiento de empresas de vigilancia desde 1993, así como el manejo de armas en el sector privado.
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“Encontramos que se han otorgado licencias de funcionamiento para 2.019 empresas de vigilancia. Importante destacar que solamente entre 2018 y 2022, se realizaron 1.100 trámites para la creación de empresas de vigilancia y entrega de armas de fuego”, citó Petro, de acuerdo con el reporte de la funcionaria, y luego de la alocución del viernes 28 de noviembre, en el que insistió en la “reparamilitarización” del país, a través de empresas de seguridad.
De acuerdo con los datos que compartió el mandatario en su cuenta de X, la estructura del sector está compuesta en la actualidad por 1.351 compañías con servicios activos: 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores. Todas ellas están bajo investigación formal, siguiendo su instrucción de la presidencia. “Estas empresas manejan hombres, armas y carros blindados”, recalcó.
En ese sentido, hizo hincapié en el potencial riesgo que representa la falta de control adecuado sobre la operación y el armamento que poseen estas compañías. Lo que iría en la misma línea de lo que expresó en la citada alocución, en la que habló de cómo el único Gobierno que, de acuerdo con sus declaraciones, ha descubierto que se ha usado la Superintendencia de Vigilancia para armar criminales ha sido el suyo.
Peto habló de desaparición masiva de armas y su conexión con el crimen organizado
Uno de los hallazgos que más preocupación generó en el Ejecutivo tiene que ver con la ausencia de información sobre el paradero de miles de armas. “Por nuestra política de control, encontramos que hay 197 empresas inactivas reportando 62.664 armas respecto de las cuales no existe certeza sobre su utilización ni sobre su ubicación actual, situación que no le interesó a gobiernos anteriores esclarecer”, expresó el gobernante en su mensaje en la red social.
Durante el cruce de bases de datos entre la Superintendencia de Vigilancia y la Dijín, equipos de la Policía hallaron que parte de esas armas han sido decomisadas en operativos contra organizaciones dedicadas a homicidio, extorsión y porte ilegal de armamento. “Algunos números de serie de esas armas coinciden con armamento incautado en operativos policiales relacionados con homicidio, extorsión y porte ilegal”, agregó el presidente de la República.
En su publicación en la red social X, Petro habló de cómo el trabajo de inspección derivó en procesos administrativos y penales. “El año pasado se cancelaron 16 licencias de funcionamiento porque fueron tramitadas irregularmente y las investigaciones están en manos de la Fiscalía”, expuso Petro, en medio de la polémica por informaciones que hablan de cómo organismos de seguridad y el Ejército han sido infiltrados por estructuras de las disidencias de las Farc.
El presidente mencionó judicializaciones recientes de empresas vinculadas a actividades ilícitas como Sara Ltda., Securbel Ltda. y Pretoria Ltda. De acuerdo con su testimonio, “usaban las empresas como fachada para entregar carnets a miembros de organizaciones criminales. Entre esos beneficiarios estuvo alias Terror, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio. También alias ‘Pichi Belén’, uno de los presuntos jefes de ‘La Oficina’, por mencionar algunos”.
Las acciones estatales para desarticular la infiltración de redes criminales no se han limitado al ámbito nacional. En Barranquilla, la Superintendencia de Vigilancia ejecutó operativos en cinco empresas con operaciones en la Región Caribe. “Se encontró que los escoltas, socios y representantes legales estaban vinculados en investigaciones de la justicia contra organizaciones criminales por delitos como homicidios, extorsión y hurtos”, expresó Petro.
Del mismo modo, Petro indicó que las cinco empresas inspeccionadas tenían en conjunto 696 personas en personal operativo, 21 vehículos y 483 armas. Por su parte, en Bogotá, se suspendieron cuatro licencias correspondientes a compañías presuntamente relacionadas con el lavado de activos. “Estas acciones afectan intereses criminales, políticos y económicos, y por supuesto, a algunos sectores no les interesa que esto se conozca”, advirtió Petro.
Disidencias de las Farc tendrían planes para empresas fachada en seguridad privada
El informe de Petro se conoció una semana después del reporte de Noticias Caracol, que divulgó que las disidencias de las Farc, en específico la facción de alias Calarcá, idearon un esquema para crear empresas de seguridad privada con la finalidad de encubrir actividades ilegales. El medio tuvo acceso a correos y chats incautados a este jefe disidente, en el que se dieron instrucciones para reunirse con el general del Ejército Juan Miguel Huertas, a fin de establecer estas empresas y de esta manera facilitar la movilidad legal de integrantes y el acceso a armas con permisos oficiales.
De acuerdo con la información periodística, existían acuerdos con altos funcionarios, incluyendo, además de Huertas, a Wílmar Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, para facilitar la aprobación de licencias y circulación de armamento. La Fiscalía General de la Nación confirmó la autenticidad de los documentos publicados; en tanto que la Procuraduría ordenó la suspensión provisional de los funcionarios mientras avanza la investigación formal.
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