Las cesantías de los colombianos estarían en peligro por traslado de dinero que pidió el Gobierno al Fondo Nacional del Ahorro

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) aprobó, con una votación de cuatro a dos, el traslado de parte de sus utilidades al Tesoro Nacional. La decisión, adoptada tras semanas de discusión involucra reservas acumuladas que se acercan al billón de pesos. El objetivo declarado es reforzar el presupuesto nacional y financiar programas sociales, aunque la medida generó debate sobre la legalidad y el impacto en la misión social de la entidad.

La junta directiva del FNA dio luz verde a la transferencia de recursos al Tesoro Nacional, administrado por el Ministerio de Hacienda. La aprobación se produjo después de varias sesiones en las que la propuesta fue discutida y aplazada, a la espera de conceptos legales y técnicos. Según fuentes presentes en la reunión, la orden de concretar el traslado circulaba desde hacía semanas y fue impulsada desde el Grupo Bicentenario, holding estatal que agrupa a varias entidades financieras públicas. El monto de reservas involucrado alcanza los $800.000 millones, aunque aún no se precisó la cifra exacta que será transferida.

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El periodista y columnista Santiago Ángel confirmó que la votación se resolvió tras un “intenso lobby del Gobierno”. Ángel resaltó que la medida está dentro de una estrategia fiscal más amplia para fortalecer la caja del Estado.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la transferencia como una acción necesaria y alineada con la operación del Grupo Bicentenario. “Las utilidades primero se transfieren al Grupo Bicentenario y el Grupo las transfiere al Ministerio de Hacienda”, explicó al argumentar que el FNA, a diferencia de otras entidades, había mantenido durante años la práctica de reinvertir las utilidades en lugar de transferirlas, lo que generó una “acumulación de reservas exageradas”.

Posición patrimonial del FNA

Ávila sostuvo que la sólida posición patrimonial del FNA permite ahora iniciar la transferencia de recursos, lo que disminuye el nivel de reservas y contribuye a la financiación del presupuesto nacional. Según el funcionario, la medida permitirá invertir en programas sociales del plan de desarrollo y responde a la necesidad de alinear la gestión financiera del FNA con las prioridades presupuestarias del país.

El marco legal que regula al FNA establece restricciones claras sobre el uso de las utilidades y reservas. El artículo 63 de los estatutos señala que la distribución de utilidades requiere la aprobación de la Asamblea de Accionistas y solo puede hacerse después de constituir las reservas legales y ocasionales. Además, especifica que, por la naturaleza del FNA como entidad de seguridad social dedicada a la administración de cesantías, las utilidades derivadas de esa actividad no pueden distribuirse, lo que limita la transferencia únicamente a los excedentes provenientes de operaciones no asociadas directamente a la seguridad social.

Durante las discusiones previas a la votación, algunos miembros de la junta y funcionarios del Gobierno advirtieron sobre la necesidad de respetar estas restricciones. La junta directiva solicitó conceptos a la Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Sociedades para asegurarse de que la medida no contravenga el marco normativo vigente. La definición de los montos concretos y la aclaración jurídica sobre qué porciones de los $800.000 millones pueden trasladarse quedarán pendientes para próximas reuniones.

Críticas y advertencias sobre las cesantías

La decisión del FNA suscitó críticas y advertencias desde distintos sectores. Por ejemplo, el presidente del Partido Colombia Justa Libres, Ricardo Arias Mora, advirtió que “el mandato legal es explícito: los recursos, utilidades y rendimientos del FNA no pueden destinarse a fines distintos de su objeto social y funciones”. Insistió en que cualquier intento de redirigir esos recursos para otros usos, como financiar el presupuesto nacional, viola el mandato normativo salvo que se modifique la ley.

Por su parte, la reconocida diseñadora gráfica Natalia García expresó su preocupación en redes sociales al señalar que “$800.000 millones fue la cantidad que este desgobierno hizo sacar, mediante presiones, del Fondo Nacional del Ahorro”.

Alertó sobre el uso de fondos de las cesantías de los colombianos, destinados, de forma original, para ahorro y vivienda, y cuestionó el contexto político en el que se produce la transferencia. Como se recordará, esta es una prestación social a la que tiene derecho todo trabajador que tenga un contrato laboral. Equivalen a un mes de salario por cada año de servicio o proporcional al tiempo laborado.

“Atención: $800.000 millones fue la cantidad que este desgobierno hizo sacar, mediante presiones, de el Fondo Nacional del Ahorro. Si, del fondo de las cesantías de los colombianos destinada para: ahorro y vivienda. $800.000 millones en manos de este desgobierno en plan época preelectoral”, indicó.

Efectos de largo plazo

Entretanto, el politólogo Mateo Amaya Quimbayo dijo que la necesidad de contar con conceptos legales adicionales y la definición de los montos exactos a transferir mantienen el tema abierto, mientras se evalúan los posibles efectos a largo plazo sobre el patrimonio y la función social del Fondo.

Por medio de X, dijo que “cuando un gobierno expropia fondos de los colombianos, con la excusa de usarla en gasto estatal, les está dando el mensaje de que saquen sus dineros de esas entidades expropiadas”. Y apuntó que “hoy nadie, con dos dedos de frente, podría seguir manteniendo sus cesantías en el FNA”.

Tradición de reinvertir quedó rota

Santiago Ángel, además de confirmar la votación y el ambiente de presión, destacó que la medida rompe con la tradición del FNA de reinvertir sus utilidades para fortalecer su patrimonio y ampliar la oferta de créditos, lo que podría afectar la capacidad operativa de la entidad.

Mientras que la abogada Gloria Osorio apuntó que lo más grave no es el giro, sino que es cómo lo están logrando: llaman una y otra vez a la junta del FNA para insistir en mover recursos que están protegidos por estatutos, presionan votos y fuerzan un traslado que, en cualquier manual serio de gobierno corporativo, sería un conflicto de interés en plena etapa preelectoral.

“El FNA no es un cajero del Ejecutivo. Son ahorros de los colombianos, no un salvavidas fiscal ni una chequera de campaña. Y que quede claro: el problema no es ‘olvidarlo en 2026’. El problema es que están desmontando barreras de control diseñadas para evitar exactamente esto”, señaló.