Una declaración del presidente Gustavo Petro, publicada en sus redes sociales reavivó el debate sobre la imparcialidad en la aplicación de sanciones electorales en Colombia.
A través de su cuenta en X, el mandatario comparó la sanción impuesta a su campaña presidencial con el escándalo de Odebrecht que involucró a la campaña de Juan Manuel Santos, subrayando la disparidad en el tratamiento judicial de ambos casos.
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Petro señaló que, mientras en el caso Odebrecht se destinaron 50 millones de dólares (aproximadamente 200.000 millones de pesos) para sobornos y campañas electorales sin que se produjera una respuesta judicial contundente, su campaña fue sancionada por 500 millones de pesos, lo que representa apenas el 0,25% de la financiación vinculada a Odebrecht.
El presidente precisó que estos fondos provinieron de un sindicato de trabajadores (Fecode) que los entregó a partidos de izquierda para cubrir el pago de testigos electorales, una labor que, según él, se realiza tras las campañas y no constituye un gasto directo de la suya.
En su mensaje, Petro afirmó: “Fueron 50 millones de dólares, 200.000 millones de pesos de Odebrecht para sobornos y campañas electorales y no hubo justicia, a nosotros nos fallan en contra por 500 millones de pesos, el 0,25% de la financiación de Odebrecht, que un sindicato de trabajadores dio a partidos de izquierda para pagar testigos electorales, oficio que se hace después de las campañas electorales y no es gasto de mi campaña. Claro lo que querían era que no cuidáramos las mesas para robarse los votos como siempre hacen”, escribió el presidente en su perfil de X.
El pronunciamiento de Petro se produjo tras la publicación de una imagen por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que se detallan las investigaciones que enfrenta el exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, por presuntos actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.
Benedetti, también a través de X, acusó directamente a Enciso y anunció acciones legales: “Camilo Enciso, bandido. Aquí está la prueba. En todas las investigaciones que tienen que ver con la corrupción de Odebrecht en el gobierno de Santos en la Fiscalía siempre aparece el nombre de Camilo Enciso como favorecedor de la corrupción, aquí pueden mirarlo. La próxima semana presentaré una denuncia penal ante la Fiscalía por la vagabundería de Camilo Enciso”, dijo Benedetti en su mensaje fechado el viernes 28 de noviembre.
Las afirmaciones de Petro y Benedetti han puesto nuevamente en el centro del debate público la gestión de la justicia en torno a los escándalos de corrupción electoral y la equidad en la aplicación de sanciones a las distintas fuerzas políticas.
Petro rechaza sanción del CNE y acusa intento de golpe blando
Las recientes tensiones políticas en Colombia se intensificaron tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por supuestas irregularidades en los topes de financiación.
El presidente respondió con firmeza, negando cualquier violación y señalando que la medida forma parte de una estrategia opositora para apartarlo del poder mediante lo que calificó como un “golpe blando”.
Petro cuestionó la legitimidad de la sanción, al afirmar que el CNE difundió cifras falsas y denunció la parcialidad del proceso. El mandatario puso en duda la imparcialidad del conjuez Majer Nayi Abushihab, cuyo voto resultó determinante para la sanción, al destacar que este abogado representa a Federico “Fico” Gutiérrez, su principal adversario en las elecciones presidenciales y actual alcalde de Medellín.
En palabras del presidente, “La oposición buscando hacer un golpe de Estado. No solo con miembros de la oposición en el CNE, ni más ni menos el conjuez es el abogado de Fico, y con él hicieron mayoría, sino que ahora buscan el golpe putrefacto. Que lo intenten”.
La controversia también alcanzó a Ricardo Roa, presidente de la estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña “Petro Presidente”, que desestimó la validez de la sanción al considerar que carece de fundamento.
Roa expresó en su cuenta de X: “Siempre he creído y confiado en la justicia. Aquí se trata de una decisión administrativa que tiene recursos, a los que acudiremos con todas las herramientas jurídicas pertinentes”.
Mientras tanto, la oposición, encabezada por miembros del partido Centro Democrático, intensificó sus demandas para que el Congreso inicie un juicio político contra Petro, argumentando que la supuesta infracción constituye una violación grave de la Ley Electoral y amerita su destitución.
El contexto adquiere mayor relevancia al considerar que, aunque el CNE ha investigado en el pasado a campañas presidenciales de expresidentes como Juan Manuel Santos —por el caso Odebrecht— e Iván Duque —por presunta infiltración de dinero del narcotráfico y compra de votos—, nunca antes uno de estos procesos había avanzado con tal celeridad hasta la etapa de conclusiones y sanciones, en lugar de ser archivado como ocurrió en ocasiones anteriores.
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