El Ministerio del Trabajo archivó de manera rápida la investigación que había iniciado contra David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, por presuntas irregularidades en la contratación laboral de personal en un negocio familiar tipo fruver que operó en Bogotá.
La decisión, adoptada por la Dirección Territorial de Bogotá, determinó no abrir un procedimiento sancionatorio contra el congresista, cerrando así el proceso en cuestión de semanas tras la apertura del expediente.
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La indagación se originó a raíz de la filtración de unos audios en los que se ofrecía una vacante laboral en el establecimiento, supuestamente sin prestaciones sociales y con horarios superiores a los permitidos por la ley.
Estos audios, difundidos por el periodista Daniel Coronell, motivaron que el Ministerio abriera una averiguación preliminar el 27 de mayo de 2025. Una semana después, Racero recibió un cuestionario detallado sobre el funcionamiento del negocio, y el caso se resolvió en un plazo inusualmente breve para este tipo de investigaciones, que suelen extenderse durante varios meses.
En su defensa ante la inspectora del trabajo, Racero explicó que el negocio familiar funcionó durante seis meses, entre 2020 y abril de 2021, y que fue liquidado debido a su inviabilidad económica.
El congresista puso en duda la autenticidad de los audios que dieron origen a la investigación, señalando: “Desconozco la procedencia de los audios publicados en las notas periodísticas y sobre la autenticidad de los mismos se están haciendo investigaciones de carácter judicial, pues se desconoce absolutamente su origen, alcance, legalidad y motivación, especialmente cuando han tenido una intencionalidad política que pone en peligro mi intimidad y seguridad”.
Racero reconoció que el negocio nunca fue registrado oficialmente con un NIT, atribuyendo esta omisión a la corta duración y la dimensión limitada del emprendimiento, así como a la falta de sostenibilidad que llevó a su cierre. “No se pudo llevar a término el proceso de formalización”, explicó en su comparecencia.
Además, el congresista detalló que el establecimiento, ubicado en el barrio Villa Luz de Bogotá, empleaba personal bajo acuerdos verbales y que la contratación no estuvo directamente a su cargo: “El personal encargado de la operación del emprendimiento ya referido era el mismo con el que ya venía funcionando con su anterior propietario y su vinculación siempre fue verbal, pero nunca estuvo a mi cargo”.
Al resolver el caso, el Ministerio del Trabajo argumentó que no existían pruebas claras de una violación a las normas laborales, ya que la investigación no permitió esclarecer los detalles del establecimiento ni identificar a los protagonistas de la presunta infracción.
Así, la autoridad laboral concluyó que no había elementos suficientes para continuar con el proceso sancionatorio contra el representante.
Racero ha protagonizado múltiples polémicas en el Gobierno Petro
Y es que, en este caso, la gravedad de las denuncias obligó a una reacción pública, incluso por parte del mismo presidente Petro. En su momento, el jefede Estado escribió que quienes “no se adhieran a los ideales de justicia social y libertad” —como pretende representar su movimiento— “no deben estar con nosotros”, lo que fue interpretado como un llamado a apartar a Racero de la coalición.
Ese gesto institucional marcó un claro distanciamiento del Gobierno hacia Racero, exponiendo una tensión entre las aspiraciones éticas del proyecto político —en defensa de los derechos laborales— y las denuncias concretas de prácticas contrarias.
Más allá de las acusaciones de clientelismo o empleo precario, Racero ha protagonizado episodios de fuerte polémica discursiva. En un debate parlamentario reciente, el congresista afirmó que, en los comicios de 2026, la oposición “volverá a ser oposición” hasta 2030, lo que generó críticas por considerar sus manifestaciones como soberbias, provocadoras y poco constructivas.
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