La Unión Patriótica expresó su rechazo a la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 y la coalición Pacto Histórico, al considerar que la decisión vulnera la legalidad, la seguridad jurídica y las garantías democráticas en Colombia.
Según el comunicado oficial del partido, la medida del CNE afecta la legitimidad del proceso electoral en un contexto donde la vigilancia sobre la financiación de campañas resulta fundamental para la estabilidad institucional.
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Desde el punto de vista jurídico, la Unión Patriótica argumentó que la sanción carece de fundamento, ya que las cuentas de la campaña de Petro fueron auditadas y aprobadas por el propio CNE mediante un proceso riguroso.
El partido resaltó que las resoluciones No. 5272 del 21 de noviembre de 2022 y No. 2912 del 19 de abril de 2023, que avalaron las cuentas de la primera y segunda vuelta presidencial, se encuentran ejecutoriadas y, por tanto, no pueden ser modificadas ni revocadas salvo a través del procedimiento legal de lesividad.
Para la Unión Patriótica, resulta inadmisible que el CNE pretenda desconocer sus propios actos administrativos mediante un pliego de cargos de carácter político.
En relación con el proceso de auditoría, el comunicado enfatizó que la certificación de cuentas aprobadas constituye una evidencia sólida del cumplimiento de la normativa de financiación electoral.
El partido subrayó que la rigurosidad de las auditorías refuerza la legitimidad de las decisiones administrativas y que el sistema de control implementado por el CNE garantiza la transparencia en el manejo de los recursos de campaña.
La Unión Patriótica también cuestionó el procedimiento seguido por el CNE, señalando que la queja que dio origen a la sanción fue presentada el 2 de febrero de 2023, fuera del plazo legal de treinta días posteriores a la elección presidencial, como lo establece el artículo 21 de la Ley 996 de 2005.
El partido recordó que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1153 de 2005, ratificó que el vencimiento de ese término priva al CNE de competencia para investigar presuntas violaciones de topes electorales en campañas presidenciales. Por ello, consideró improcedente que el CNE haya tramitado la queja como fundamento de un pliego de cargos.
En su defensa, la Unión Patriótica sostuvo que los cargos formulados por el CNE carecen de sustento probatorio y se basan en presunciones.
El partido afirmó que, a lo largo del proceso, aportó pruebas suficientes para demostrar la legalidad de todas las actuaciones de la campaña, pero que el CNE insistió en sancionar con base en convicciones políticas y no en criterios jurídicos objetivos.
Respecto a la responsabilidad atribuida a la Unión Patriótica, el comunicado explicó que la única obligación del partido era designar un auditor, lo cual se cumplió, y que el auditor fue absuelto de responsabilidad en el proceso administrativo.
El partido rechazó la interpretación del CNE sobre el deber de diligencia, recordando que, en resoluciones anteriores, según la Unión Patriótica, la propia corporación había definido que dicho deber consiste en actividades de acompañamiento y formación, no en asumir obligaciones de resultado por conductas de terceros.
Además, citó la Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional, que establece que la responsabilidad de los partidos no es objetiva, sino que requiere demostrar una omisión concreta en el ejercicio de sus deberes de control.
La Unión Patriótica advirtió que la decisión del CNE contradice precedentes administrativos y convierte la sanción en una herramienta política que genera incertidumbre jurídica sobre el proceso electoral que llevó a la elección del actual presidente, comprometiendo la estabilidad institucional y el proceso de fusión del Movimiento Político Pacto Histórico.
El partido insistió en que las decisiones del CNE desconocen el marco constitucional y legal, y generan un grave precedente para la democracia colombiana al comprometer la estabilidad institucional y deslegitimar la voluntad popular.
Finalmente, la Unión Patriótica anunció que acudirá a todas las vías judiciales internas y a instancias internacionales para defender sus derechos y proteger las garantías democráticas, reafirmando su compromiso con la transparencia en los procesos electorales.
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