La entrega voluntaria del general retirado Rodolfo Palomino para cumplir una condena de siete años de prisión por tráfico de influencias marcó un nuevo capítulo en la historia judicial de Colombia. Desde su presentación ante las autoridades, el exdirector de la Policía Nacional permanece en una celda de paso en el Búnker de la Fiscalía, en el occidente de Bogotá, a la espera de su traslado definitivo al centro de reclusión asignado.
Cabe recordar que su condena está relacionada por hechos ocurridos el ocho de febrero de 2014. Según la ponencia del magistrado Jorge Caldas Vera, el entonces director general de la Policía Nacional acudió ese día a la residencia de la fiscal Sonia Lucero Velásquez, acompañado por el mayor Jorge Enrique Rodríguez Peralta, quien dirigía la Dijín.
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De acuerdo con el fallo, Palomino intervino de manera indebida en el proceso penal que se seguía contra el empresario Gonzalo Gallo, investigado por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos. El objetivo de su intervención era evitar que se hiciera efectiva una orden de captura contra Gallo.
Tras la entrega del oficial retirado, la teniente coronel Andrea del Pilar Carrillo, subdirectora de la Escuela de Postgrados de Policía, comunicó mediante un oficio que la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” dispone de cupo en su Centro Especial de Reclusión, ubicado en el segundo piso del Casino de Oficiales de la misma institución. Esta confirmación quedó registrada en la resolución 010382, firmada por el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez.
El acto administrativo establece como lugar de reclusión la Escuela de Postgrados de Policía, adscrita al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá. Además, se especifica que, al tratarse de una persona condenada a ochenta y cuatro meses y un día de prisión por tráfico de influencias de servidor público, se aplicarán los protocolos definidos por la Dirección General para el traslado desde los centros transitorios de reclusión.
El centro donde será recluido se encuentra al norte de Bogotá, en la localidad de Suba, frente al centro comercial Colina. Este lugar es ampliamente conocido porque allí residió el general en retiro William René Salamanca, exdirector de la Policía, y actualmente es la sede de residencia de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
Esta es la finca en la que vivió Rodolfo Palomino: perteneció a uno de los zares de las esmeraldas
El arribo, en 2022, del general retirado Rodolfo Palomino a la hacienda La Granada, en el municipio de Simijaca, Cundinamarca, alteró la cotidianidad de una comunidad acostumbrada a la tranquilidad. La presencia del exdirector de la Policía Nacional, que llegó en vehículos blindados y asumió la administración del predio, marcó el inicio de una serie de acontecimientos que culminaron con su captura el lunes 24 de noviembre de 2025, bajo la acusación de tráfico de influencias de servidor público.
La hacienda, de 44,8 hectáreas y más de 900 metros cuadrados de construcción, había pertenecido previamente a Pedro Nel Rincón Castillo, conocido como ‘Pedro Orejas’, esmeraldero y narcotraficante actualmente condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Tras la llegada de Palomino, la propiedad fue utilizada para actividades ganaderas durante su retiro, según un informe del portal Las 2 orillas, hasta que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación del predio.
El contrato de arrendamiento, firmado el 17 de agosto de 2022, involucró a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la empresa PAAR Consulting Group S.A.S., de la cual Palomino es propietario. La revisión de este acuerdo reveló anomalías en el proceso de adjudicación, lo que encendió las alarmas sobre posibles actos de corrupción. En el comité de negocios de la SAE encargado de evaluar el destino de la finca participaron personas que, según los informes, no debieron intervenir, lo que generó sospechas adicionales.
La SAE, en su informe, reportó versiones sobre presiones ejercidas para favorecer la adjudicación a la empresa de Palomino. Como consecuencia de estas irregularidades, dos altos funcionarios fueron removidos de sus cargos, entre ellos la exgerente regional Karol González.
La entidad también aseguró que los aspirantes a administrar predios bajo medidas cautelares reciben información sobre la procedencia de los mismos, en respuesta a la afirmación de Palomino, que negó conocer el origen ilícito de la hacienda y argumentó que su interés era desarrollar un proyecto de producción lechera.
En noviembre de 2022, tras confirmarse las irregularidades y debido a que la propiedad continuaba bajo extinción de dominio, la SAE decidió finalizar el contrato con Palomino. La administración de la finca fue transferida a la asociación campesina Anzorc, que instaló a 100 familias provenientes de distintos municipios de Boyacá y trasladó 50 cabezas de ganado para su sustento.
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