El empate en la Corte Constitucional de Colombia sobre el futuro de la reforma pensional de Gustavo Petro dejó en suspenso el futuro del sistema de pensiones, lo que generó una creciente incertidumbre económica y jurídica en el país. Tras la recusación del magistrado Héctor Carvajal, la Sala Plena quedó dividida en dos bloques de cuatro magistrados, lo que llevó a la notificación formal del conjuez Carlos Pablo Márquez, que tendrá la responsabilidad de definir si la reforma sigue adelante o si debe devolverse de nuevo al Congreso de la República.
La Corte Constitucional enfrenta un escenario inédito: cuatro magistrados —Juan Carlos Cortés, Miguel Polo, Vladimir Fernández y Natalia Ángel— consideran que la Cámara de Representantes cumplió con la subsanación ordenada por la Corte en una decisión anterior. Por el contrario, Jorge Enrique Ibáñez, Lina Marcela Escobar, Paola Meneses y Carlos Camargo sostienen que la reforma debe regresar al Congreso para una nueva corrección, conocida como “resubsanación”.
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Esta propuesta surge después de que la ponencia de Ibáñez, que recomendaba tumbar la reforma por supuestos vicios de procedimiento, perdiera respaldo. Una fuente de la Corte citada por La Silla Vacía explicó que “la ponencia se caía porque se estaba castigando a la Cámara por detalles en los que el auto no era claro”. La magistrada Escobar sugirió entonces devolver el proyecto al Congreso, con lo que reconoció que la falta de instrucciones precisas por parte de la Corte pudo haber generado los errores en la subsanación.
La notificación formal a Carlos Pablo Márquez como conjuez se hizo el 24 de noviembre de 2025. Márquez tendrá acceso a todo el expediente para analizar y tomar una postura sobre la demanda contra la reforma pensional. En los próximos días, la Sala Plena definirá la fecha en que se reunirá para escuchar la decisión del conjuez.
La intervención de Márquez se produce luego de que la recusación de Carvajal, que fue abogado del presidente Gustavo Petro, alterara la correlación interna de la Corte y dejara la votación en un empate 4-4. Márquez deberá resolver el dilema jurídico que divide a la Corte: determinar si la oportunidad de debatir la reforma en la Cámara fue suficiente o si el proceso debió cumplir condiciones más estrictas de deliberación.
Debate en la Cámara fue insuficiente
El debate sobre la subsanación de la reforma pensional tiene su origen en la decisión unánime de la Corte, el 17 de junio, de devolver el proyecto a la Cámara de Representantes para rehacer el último debate. El alto tribunal consideró que el debate legislativo fue insuficiente para cumplir los estándares mínimos de deliberación democrática, debido a dos errores: la interrupción del debate con la votación en bloque del texto del Senado y la omisión de la solicitud de la representante Catherine Juvinao de discutir artículos de forma individual.
El Auto 841 de la Corte ordenó a la Cámara someter nuevamente a votación la proposición de acoger el texto del Senado, lo que se cumplió el 28 de junio con 104 votos a favor. Sin embargo, Jorge Enrique Ibáñez sostuvo que la Cámara debía cumplir tres órdenes: debatir la proposición sustitutiva, votar dicha proposición y debatir con suficiencia el texto del proyecto. Una fuente de la Corte señaló a La Silla Vacía que “el problema es que la Corte ha debido dar la orden al revés”, lo que generó confusión sobre el procedimiento correcto.
Lo que no entendió la Corte
El constitucionalista Héctor Riveros, citado por La Silla Vacía, argumentó que “la Corte no entendió que, cuando la Cámara aprueba que se acoja el texto del Senado, en realidad lo que está haciendo son dos proposiciones al tiempo”. Dicha falta de claridad abrió la puerta a la posibilidad de una “resubsanación”, respaldada por precedentes como el de la Ley Estatutaria de Participación Democrática en 2013, cuando el Senado tuvo que corregir errores en dos ocasiones antes de que la Corte avalara el trámite.
Mientras la Corte define el futuro de la reforma, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó, por medio de X, su preocupación por la incertidumbre que afecta a millones de trabajadores, fondos privados y adultos mayores. Señaló que la decisión de apartar a Carvajal y el posterior empate crearon un vacío que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pilares y la planeación financiera de los ciudadanos.
La reforma pensional, que debía entrar en vigor el 1 de julio de 2024, acumula más de seis meses de retraso. Según Sanguino, el 80% de la reglamentación ya está lista, pero la falta de una decisión final mantiene detenidos recursos públicos y privados invertidos en adaptaciones técnicas y operativas. El ministro advirtió que los fondos privados han solicitado a la Corte mantener la constitucionalidad de la reforma, ya que un fallo en contra podría desencadenar una catástrofe financiera.
La incertidumbre de 17 millones de colombianos
Sanguino también destacó que 17 millones de afiliados esperan la posibilidad de trasladarse de fondos privados a Colpensiones, pero la ausencia de un fallo definitivo frena decisiones clave. “La gente no sabe si esperar, trasladarse o mantenerse donde está. Esa incertidumbre afecta el ahorro, la planificación familiar y la estabilidad financiera del país”, afirmó en la red social.
El retraso impacta a los 3,1 millones de adultos mayores que serían beneficiarios del Pilar Solidario, que ven postergada la posibilidad de acceder a ingresos básicos para una vejez digna (recibirán un bono pensional de $230.000). Sanguino resaltó que “cada día que pasa es un día más sin la posibilidad de una vejez digna, que es un derecho fundamental”.
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