El escándalo en el que ha sido vinculado un general del Ejército Nacional y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con las disidencias de las Farc al mando de “Calarcá” ha hecho que se cuestione la postura del Gobierno nacional al respecto.
Principalmente, los detractores del presidente Gustavo Petro cuestionan que el máximo cabecilla de una facción del Estado Mayor Central fue capturado en julio de 2024, pero fue liberado horas más tarde por haber sido designado gestor de paz.
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En esa ocasión, el Gobierno nacional señaló la responsabilidad del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que acompañaba a “Calarcá” por las irregularidades que fueron expuestas en el caso.
Cabe recordar que, además de la liberación del disidente, fue noticia que el guerrillero y sus acompañantes se movían en las camionetas de la UNP con altas cifras de dinero en efectivo y armas.
Debido a que se ha vuelto a cuestionar lo registrado en julio de 2024, Infobae Colombia tuvo acceso al informe de descargos que realizaron los escoltas de la UNP que acompañaban a “Calarcá” en el momento de la detención.
En este, lo primero que se menciona es que estaba haciendo un desplazamiento colectivo entre esquemas de protección de miembros del Estado Mayor Central, que se movilizaban hasta Antioquia, pero fueron detenidos en un retén militar en el sector que conecta a los municipios de Sisneros y Anori.
“De forma repentina nos rodean personal utilizando pasamontañas, prendas militares, otros de civil con armas de largo y corto alcance, dispersándose a cada uno de los vehículos apuntando y exigiendo el descenso de todos los ocupantes, por tal motivo nos identificamos desde los vehículos como escoltas tercerizado al servicio de la UNP. Cabe aclarar que hasta en ese momento se desconocía quiénes nos estaban haciendo el requiriendo si eran grupos al margen de la ley o fuerza pública, por medidas de seguridad no se realizó el descenso, ya que para acceder a estos vehículos el procedimiento establece trasladarnos a un sitio seguro como una guarnición militar o de policía”, se lee en el informe.
En segundo lugar, los escoltas indicaron que junto con las autoridades se movilizaron hasta unas instalaciones militares en las que identificó la identidad de las personas que iban a bordo de las camionetas.
“Al tener conocimiento del personal que nos interceptó y presencia policial que llegó al sitio y se realiza plena identificación de que, si son fuerza pública, se coordina con ellos para desplazarnos al municipio de bello Antioquia batallón de ingenieros número cuatro General Pedro Nel Ospina, para que se realice el procedimiento de identificación tanto de vehículos como de personas”.
En ese aspecto, debido a que se cuestionó la libertad que tenían los disidentes de tener armas y otros elementos, los escoltas aseguraron que no tenían conocimiento de la identidad de los protegidos.
“Teniendo en cuenta lo anterior es de anotar que, nunca nos entregaron el nombre de las personas que íbamos a proteger ni por escrito ni verbalmente, por ningún funcionario de protección ni por la UT Andinos, de igual manera, nunca se nos reveló cuál era exactamente nuestra función, si no solamente era escoltar”.
Infobae Colombia conoció que la petición de los descargos se debió a que los escoltas recibieron señalamientos en los que fueron amenazados con ser despedidos.
Esto quedó en evidencia en la parte final del informe, en el que responsabilizaron a los altos mandos de la UNP por no identificar a los individuos del EMC o comprobar que estos cumplieran con aspectos básicos como no tener elementos ilegales, puesto que una de las órdenes que reciben los escoltas es no inspeccionar a los protegidos.
“Nosotros no tenemos competencia alguna para individualizar, pedir identificaciones ni mucho menos pedir antecedentes. De igual manera esta son funciones que solo pueden ejercer la fuerza pública y que están regladas constitucionalmente, lo único que nos queda ejercer a los escoltas privados es el principio de la buena fe sobre las personas y que no es función nuestra, y si de la Unidad Nacional de Protección ejercer este control a través de sus funcionarios públicos”.
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