La presión sobre Wilmar Mejía, director de inteligencia estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y delegado presidencial ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia (UdeA), suma un nuevo episodio.
Mejía está en medio de una compleja polémica por el informe de Noticias Caracol, del 23 de noviembre de 2025, en el que se denuncia una presunta infiltración en altas esferas del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia por parte de la disidencia de las Farc bajo el mando de alias Calarcá.
Luego de la ronda de medios en la que Mejía brindó declaraciones a lo largo de la mañana del miércoles 26 de noviembre de 2025 (W Radio, Bluradio y Caracol Radio), se reveló que la Asamblea Departamental de Antioquia y la Gobernación solicitaran de manera formal su retiro del principal órgano de gobierno universitario.
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El escándalo que rodea a Mejía, alimentado por nuevas filtraciones y documentos, continúa escalando y pone en entredicho la transparencia en la gestión de cargos estratégicos del Estado, y más aún, porque es considerado hombre de confianza del presidente Gustavo Petro.
En un informe del diario El Colombiano se precisó que Mejía está acostumbrado a moverse con bajo perfil, y su presencia en el Gobierno Petro se ha visto comprometida con la sucesiva aparición de información relacionada al caso conocido como “los archivos de alias Calarcá”.
Cada chat, audio y documento que sale a la luz intensifica el cerco mediático y político alrededor del funcionario, quien aparece mencionado de manera recurrente en los registros que hoy forman parte de investigaciones judiciales y periodísticas.
De acuerdo con los informes, Wilmar Mejía sería, junto al general Juan Miguel Huertas, uno de los principales articuladores de un supuesto entramado orientado a favorecer a las disidencias dirigidas por Calarcá, lo que se investiga como una posible red de influencias dentro del Estado colombiano.
El martes 25 de noviembre, un reporte del periódico El Tiempo puso en circulación una serie de audios obtenidos presuntamente por personal de la propia DNI, y en los que Mejía habría desplegado maniobras de presión e intervención directa en procesos de ascenso, retiro y reintegro de mandos policiales y militares.
Según dicho informe, la designación de Mejía en la DNI habría obedecido a una instrucción directa desde la Casa de Nariño.
En los audios filtrados por medios de comunicación en Colombia el objetivo trazado por el grupo habría sido la creación de “un escándalo” capaz de desviar la atención pública de otros hechos sensibles para el Gobierno, entre ellos, la inclusión de Petro en la Lista Clinton, la revocatoria de su visa y un episodio en Nueva York, donde el mandatario colombiano habría instado, megáfono en mano, a la desobediencia de militares de Estados Unidos.
En uno de los fragmentos que han sido difundidos, Mejía expresa que “lo que pasa es que la premura mía es que estamos a contrarreloj. Ayer me informaron que falta un visto bueno del Presidente para unos nombramientos nuevos que hay para Polfa (Policía Fiscal y Aduanera) y bueno, varios. Por agenda el hombre no se ha sentado, pero ya está en el escritorio de él y, obviamente llegando él también llegaría el Ministro de Defensa a firmar lo que tenga en el escritorio. Entonces, digamos que eso ha sido como la premura”.
El expediente revela, además, conversaciones en la que Mejía habría instado a un oficial de la Policía a persuadir a un coronel para que colaborara con el flujo de información al interior del caso.
“Dígale al coronel que me hable a calzón quitado, que no se vaya a guardar nada, que me cuente todo, que de todo lo que sabe algo sacamos en beneficio mutuamente”, se escucha en la grabación.
La promesa de un ascenso rápido habría sido utilizada como incentivo, mientras el objetivo de fondo era encontrar, según palabras del funcionario, “una cortina de humo” apta para diluir la atención mediática en torno a los escándalos del Gobierno.
Ante la gravedad de estas revelaciones, la Gobernación de Antioquia dejó registro en el acta de la sesión del Consejo Superior, convocada el mismo martes 25 de noviembre, donde quedó expresa la exigencia de renuncia de Mejía.
El rol de Wilmar Mejía en la Universidad de Antioquia (UdeA): perfil del director de inteligencia estratégica de la DNI
Wilmar de Jesús Mejía es licenciado en educación física. Su nombre tomó relevancia en Antioquia cuando el presidente Gustavo Petro lo designó, en marzo de 2024, como representante de Presidencia ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia.
Esta decisión se produjo tras la salida decretada de Salomé Restrepo, que ocupaba el cargo desde mediados de 2023.
La comunidad universitaria recibió la designación de Mejía en un contexto de disputa por la elección de rector, recordando que en 2004 ya había ocupado un asiento en el CSU en representación de los estudiantes, etapa marcada por cuestionamientos sobre su gestión, mencionó el diario antioqueño en una de sus entregas.
El ambiente al interior de la universidad se deterioró tras su nombramiento. Restrepo denunció falta de notificación y ausencia de empalme, interpretando el relevo como una posible represalia por sus exigencias de transparencia en el proceso de consulta de rector.
Al mismo tiempo, circularon en la institución carteles con los rostros de cinco candidatos, señalados de estar vinculados a grupos de poder local. Diversos sectores asociaron la llegada de Mejía con un intento por favorecer a John Mario Muñoz frente a Jhon Jairo Arboleda, quien fue el elegido al final.
El informe del periódico en Medellín resaltó que algunos en la universidad señalaron a Mejía como un político tradicional, más que un líder social. También se lo relacionó con Laura Sarabia, supuesto nexo político desmentido por ambos. Mejía indicó que había sido recomendado por alguien cercano a Petro, sin revelar el nombre.
En 2018, Mejía aspiró sin éxito a la Cámara de Representantes, y desde su rol como consejero mostró posturas críticas hacia la administración universitaria y la gestión del Hospital Alma Máter y la Fundación UdeA.
Mejía también ha dejado en evidencia su oposición a la aprobación de proyectos sin debate abierto y ha defendido la necesidad de proteger las finanzas institucionales. Por último, Wilmar Mejía propuso la apertura de un “Gran Diálogo Universitario” que discuta la reforma del gobierno universitario, la gestión financiera, y las políticas académicas.
De paso, apoyó la intervención de la inspectora designada por el Gobierno Nacional para supervisar la administración financiera de la universidad, en cumplimiento de un decreto que busca vigilar la gestión mientras persistan factores que afecten la continuidad y calidad de la institución.
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