Denuncia penal contra Gustavo Petro por escándalo de presuntos nexos del Gobierno con disidencias de las Farc interpuso María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal presentó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la primera denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro por presuntos vínculos con las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

Según el documento de la denuncia que se publicó en redes sociales en la mañana del 25 de noviembre de 2025, la congresista solicitó investigar al mandatario por los delitos de concierto para delinquir, traición a la patria y financiación ilegal de campaña, en relación con recientes revelaciones mediáticas sobre supuestos contactos entre el gobierno y estructuras armadas ilegales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la denuncia formal, la senadora Cabal basó sus argumentos en reportajes publicados el 23 y 24 de noviembre de 2025 por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, en los cuales se detalló que fuerzas de seguridad decomisaron diversos dispositivos electrónicos a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, considerado cabecilla de una facción disidente de las Farc.

El material incautado habría contenido archivos, chats, memorandos y registros internos que, según la investigación, aluden a frases como “Petro presidente” y a supuestos acercamientos con la campaña presidencial del ahora presidente.

A través de un boletín, la congresista de oposición afirmó que su denuncia “solicita que se investigue si dichos hechos vulneraron normas constitucionales, disposiciones del Código Penal, la Ley de Financiamiento de Campañas y principios fundamentales como la transparencia, la legalidad y la igualdad en la contienda electoral”.

De hecho, de cara a las declaraciones del presidente, que afirmó que los documentos revelados por el medio tras la investigación eran “falsos”, la senadora afirmó que “las revelaciones no pueden ser minimizadas como un simple escándalo mediático, pues involucran la integridad del sistema electoral y la responsabilidad de quien hoy ostenta la más alta dignidad del Estado”.

Qué dice la denuncia

El documento resalta la posible infracción del inciso segundo del artículo 396A, relacionado con recursos electorales provenientes de fuentes ilícitas. “Debe la Comisión darle trámite a esta denuncia. Petro no puede escapar a los efectos de la justicia”, declaró la senadora Cabal tras formalizar su solicitud a la comisión parlamentaria.

Dentro de los hechos señalados, la denuncia menciona la entrega de vehículos por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a personas vinculadas con alias ‘Calarcá’, según imágenes difundidas en medios.

Además, se incluyen registros de reuniones, intercambios de información y supuestas coordinaciones con agentes estatales, lo que, en palabras de la denunciante congresista, reviste gravedad penal y amerita su esclarecimiento en instancias judiciales.

Cabal, además, en su mensaje de que el jefe de Estado no está por encima de la Constitución,. ni de la ley, afirmó que Petro, “como presidente de la República de Colombia, Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, tiene la obligación indelegable de garantizar los fines esenciales del Estado, conforme lo establece el artículo 188 de la Constitución. Esto implica la protección de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 11 al 41 de la Carta Magna, así como aquellos reconocidos a través del bloque de constitucionalidad”.

Cabal, en su denuncia, agregó que, según la investigación que involucra a otros funcionarios, incluida la vicepresidente Francia Márquez, la presunta participación de es una amenaza contra la integridad del Estado colombiano.

“La existencia de contactos, coordinaciones, facilidades o apoyos logísticos entre un grupo armado ilegal y personas con funciones oficiales puede constituir un acto idóneo para comprometer la integridad, independencia y soberanía del Estado”, se lee en la denuncia.

Qué solicitó Cabal

La precandidata presidencial en su litas de peticiones, pidió que, además de que la Comisión de Acusaciones admitiera la acción legal, “dé apertura a la investigación preliminar correspondiente”.

Además pidió que Noticias Caracol entregue una “copia íntegra del material publicado y no publicado”.

De la misma manera, solicitó a las autoridades competentes requerir al Ejército Nacional, la Policía, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad Nacional de Protección (UNP) los informes oficiales relacionados con el operativo realizado en Anorí.

En adición, pidió tomar declaración a los funcionarios identificados en el reportaje periodístico, entre ellos el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, vinculado a la DNI.

Entre los requerimientos se incluyó enviar copias pertinentes respecto de la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina para que otras autoridades evalúen la posible apertura de investigaciones independientes.

El procedimiento ahora depende de la Comisión de Acusación, único órgano facultado para investigar a un presidente en ejercicio en Colombia. Según los requerimientos legales, será esta instancia quien determine la pertinencia de abrir una investigación preliminar y dar traslado a la Corte Suprema de Justicia si así lo establece el proceso.