El Gobierno nacional, el Ejército Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Fiscalía General de la Nación (FGN) están bajo la lupa de la opinión pública y de las autoridades por la presunta infiltración de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá en el Ejército y la DNI.
El escándalo fue destapado en un informe de Noticias Caracol en el que se salpica directamente al general del Ejército Juan Miguel Huertas, que lidera el Comando de Personal de la institución, y a Wilmar Mejía, alto funcionario del DNI. También se menciona el presunto apoyo que habrían suministrado las disidencias a la campaña del presidente Gustavo Petro.
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La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que el material de audio que yace en el informe periodístico corresponde a grabaciones de audio de celulares, computadores y otros aparatos electrónicos que incautaron las autoridades el 23 de julio del 2024. El decomiso de estos objetos se hizo tras detener una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que viajaban cabecillas de las disidencias de las Farc.
La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín estuvo a cargo de la investigación alrededor de esos hechos. Sin embargo, jamás se alertó sobre la información que había en los aparatos electrónicos incautados, que brindan indicios de la comisión de delitos que involucran a integrantes del Estado.
Camargo indicó que la fiscal encargada del caso debió notificar a la Corte Suprema de Justicia. Por eso, podría ser investigada. “Claro que lo hemos evaluado, y tal vez, la primera reacción es: hay que compulsar copias porque ella no cumplió con su deber y no compulsó a la delegada ante la Corte Suprema de Justicia esas copias, esa información, para que se iniciaran las investigaciones pertinentes”, explicó la funcionaria ante los medios de comunicación.
No obstante, aclaró que esta falta de acción podría no corresponder a un acto de negligencia. Explicó que a su cargo estaba dirigir esa investigación, que no es sencilla ni “pequeña”, y que, además, ha dado “grandes resultados”. Por eso, habría omitido efectuar la compulsa de copias.
Aclaró que la funcionaria tiene una responsabilidad “inmensa” en la Fiscalía y que ha cumplido a cabalidad con su trabajo. No obstante, su labor se dificulta todavía más ante la falta de un mayor respaldo. “Lo que pasa es que cuando uno quiere esfuerzos extraordinarios, no puede solo dedicar equipos ordinarios”, dijo.
En ese sentido, aseguró que en ese caso, la fiscal tuvo que haber solicitado colaboración: “Si el caso la desbordaba, pudo pedir ayuda”, detalló.
Así las cosas, aseguró que aunque no se debe dejar de lado el hecho de que podría hacer una compulsa de copias para que la fiscal sea investigada, el enfoque debe involucrar una reflexión sobre las mejoras que deberían efectuarse para facilitar el trabajo de los fiscales. “No es fácil”, enfatizó.
Aunado a ello, explicó que la revelación del contenido de las grabaciones y de otros archivos no se hizo de inmediato, tras la incautación de los objetos. Según precisó, hay un procedimiento estricto que se debe seguir para garantizar el correcto tratamiento del material, por tanto, se habría tenido acceso a esa información hasta varios meses después de los hechos.
“Lo que se hace es embalar, iniciar una cadena de custodia, enviar dispositivos electrónicos a un laboratorio, hacer una extracción forense, hacer después un examen técnico del análisis de esa información. Y nada de eso se hace en un día, ni en dos, ni en tres, ni en un mes. No se hizo en seis meses”, expuso la fiscal General.
Además, indicó que todavía no se tiene claro que las personas que aparecen en el material son integrantes de las disidencias de las Farc, como alias Calarcá. Tampoco se sabe si lo que se dice en las conversaciones es cierto o no. “Eso no lo sabemos nosotros, no lo tenemos claro”, indicó.
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