Una solicitud formal de la congresista colombiana Lina María Garrido, al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Antonio Rubio, ha situado en el centro del debate a la Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo.
En la carta, fechada el 25 de noviembre de 2025, Garrido pide que Camargo sea evaluada para su inclusión en la Lista Ofac (Lista Clinton), argumentando que la funcionaria habría favorecido el avance del narcoterrorismo, debilitado la justicia colombiana y permitido acciones que, según la misiva, amenazan la seguridad nacional estadounidense.
El documento sostiene que la situación reviste gravedad institucional y podría afectar la cooperación bilateral y la lucha contra el crimen organizado.
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La solicitud detalla que Camargo fue promovida y designada en el cargo por el presidente Gustavo Petro, al que la carta vincula con la Lista Clinton por supuestos nexos con organizaciones criminales y redes de narcotráfico.
Según la congresista, esta coincidencia de intereses entre el Ejecutivo y la Fiscalía habría derivado en una “captura funcional” del órgano investigador, con el objetivo de proteger redes criminales, garantizar impunidad a aliados del Gobierno y debilitar la respuesta estatal frente al crimen organizado.
Garrido sostiene que investigaciones periodísticas y hechos recientes apuntan a una conducta permisiva y omisiva por parte de la Fiscal General, lo que habría fortalecido a estructuras de crimen organizado y narcoterrorismo en el país.
En la carta, la representante señala que la relación entre la Fiscalía, el Ejecutivo y grupos criminales se ha visto reflejada en declaraciones públicas y en la percepción de autoridades regionales.
Cita al gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, quien ha denunciado la existencia de un “concierto para delinquir entre Petro, su fiscal Camargo y un sector de las Farc”.
La misiva también recuerda que el presidente Petro enfrenta señalamientos por estar incluido en una lista de sancionados por la Ofac, lo que, a juicio de la congresista, agrava la preocupación sobre la independencia y el actuar de la Fiscalía.
Entre las decisiones administrativas más controvertidas atribuidas a Camargo, la carta destaca la emisión de la Directiva 003, fechada el 10 de julio de 2025.
Este documento estableció la suspensión generalizada de órdenes de captura, tanto vigentes como futuras, para personas vinculadas a negociaciones de paz con el Gobierno Nacional.
Según la congresista, la medida ha sido ampliamente cuestionada por expertos nacionales e internacionales, al considerar que facilita la consolidación de organizaciones criminales y limita la capacidad de respuesta judicial frente a delitos graves.
Otra decisión señalada es la eliminación de las unidades Gaula, grupos élite conformados por fuerzas militares y de policía dedicados a combatir el secuestro y la extorsión.
La carta indica que “la decisión de la Fiscal Camargo de eliminar las unidades GAULA (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, una fuerza élite conformada por unidades militares y de policía cuya misión principal es combatir los delitos de secuestro y extorsión para proteger la libertad de los ciudadanos) mediante la Resolución 0298 del 09 de octubre de 2025, provocó un caos en la lucha contra el secuestro y la extorsión”.
Para la congresista, esta reestructuración institucional ha puesto en riesgo la libertad y la vida de los ciudadanos.
El documento advierte sobre el impacto de estas decisiones en la seguridad nacional, respaldándose en cifras que muestran un crecimiento significativo de los grupos armados ilegales.
Según la carta, el número de miembros de estas organizaciones, como las disidencias de las Farc, pasó de 13.000 en 2022 a más de 25.000 en 2025, con un aumento del 70% en regiones críticas como Antioquia.
Además, se menciona la parálisis de investigaciones por narcotráfico, la filtración de inteligencia clasificada y la presencia de actores extranjeros, como un empresario chino presuntamente involucrado en tráfico de armas y oro ilegal con las disidencias.
La solicitud de Garrido subraya que la situación descrita debilita la confianza para compartir información sensible entre Colombia y Estados Unidos, lo que afecta la efectividad de la cooperación internacional en la lucha contra amenazas transnacionales.
La congresista pide que la Fiscal General sea evaluada para su inclusión en la Lista Clinton, en concordancia con las disposiciones que sancionan a individuos que socavan procesos democráticos, facilitan el narcotráfico o apoyan estructuras terroristas, y recalca la supuesta complacencia de Camargo con la administración que la promovió.
La carta concluye que la falta de acción de la Fiscalía, sumada a las omisiones y a la presunta protección de estructuras criminales, representa un peligro inmediato tanto para la estabilidad institucional de Colombia como para la seguridad de Estados Unidos.
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