
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes recibió este miércoles 25 de noviembre de 2025 una denuncia formal contra la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, por supuestas faltas relacionadas con filtraciones atribuidas a alias Calarca y presuntos vínculos con la financiación de la campaña presidencial.
El documento fue radicado por el ciudadano Diego Alfonso Caro Porras, que ha sido funcionario público, además de contar con una larga trayectoria como líder social en Bogotá. La denuncia fue formalizada el 24 de septiembre de 2025.
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De acuerdo con el texto presentado ante la Comisión, la denuncia expone posibles faltas disciplinarias, constitucionales y/o penales atribuidas a la fiscal General, en razón del presunto conocimiento de hechos que podrían afectar la independencia de la investigación y la integridad institucional.
El escrito relacionó directamente a Camargo con el general Juan Miguel Huertas Herrera y mencionó posibles conexiones entre la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina y presuntas estructuras vinculadas a disidencias de las Farc en actos de financiación de la campaña presidencial.
“Por posibles faltas disciplinarias, constitucionales y/o penales atribuidas a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, en razón del presunto conocimiento de hechos que podrían comprometer la independencia de la investigación, la integridad institucional y el principio de imparcialidad, correlacionados con el General Juan Miguel Huertas Herrera, y de manera particular, por los presuntos vínculos de financiamiento de la campaña a la presidencia de la República y cuya mediación estuvo presuntamente a cargo de la Vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina con presuntas estructuras vinculadas a disidencias de las Farc”, se lee en la denuncia.
El denunciante afirmó que la investigación que publicó Noticias Caracol “señala que la Fiscalía General de la Nación presuntamente tenía conocimiento de esas pruebas desde hace más de dos años, sin que aparentemente se hubiera avanzado en la investigación ni publicado”.
De hecho, la acción legal contra la fiscal Camargo incluyó que la funcionaria del ente de control “afirmó públicamente no tener conocimiento de presuntos nexos entre integrantes del Ejército Nacional y las presuntas disidencias de las Farc pese a que los medios señalan lo contrario, lo cual genera la apariencia de una presunta omisión o inacción frente a hechos de alta gravedad institucional”.
La denuncia destacó que la permanencia de Camargo en su despacho podría entorpecer la investigación, y “comprometer el correcto desarrollo del proceso, la custodia de pruebas y la transparencia del trámite investigativo”.
Las peticiones de la denuncia
En ese sentido, el denunciante solicita que la Comisión admita la denuncia y abra la investigación correspondiente.
Entre las peticiones incluidas en el documento, se encuentra la verificación de la veracidad de los hechos relatados, la evaluación de un posible riesgo institucional por interferencias o apariencia de impropiedad y la adopción de medidas que garanticen la independencia de las investigaciones en curso.
Asimismo, en el escrito se leyó que, en caso de encontrarse mérito suficiente durante el proceso, se promueva la acusación formal ante el Senado, al tiempo que se mantenga informado al denunciante sobre el avance del trámite y las decisiones que se tomen.
El documento fue recibido formalmente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, quedando bajo un radicado oficial.
María Fernanda Cabal denunció al presidente Gustavo Petro por presuntos vínculos con disidencias de las Farc
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal radicó la primera denuncia penal contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
El documento, presentado el 25 de noviembre de 2025, solicita una investigación por los delitos de concierto para delinquir, traición a la patria y financiación ilegal de campaña en relación con supuestos nexos del Gobierno con disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá.
La denuncia fue sustentada en reportajes publicados el 23 y 24 de noviembre por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que informaron sobre el decomiso de dispositivos electrónicos a Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá.
Según la investigación, el material incautado contenía archivos y conversacionales que mencionan términos como “Petro presidente”, así como referencias a presuntos acercamientos con la campaña presidencial.
Cabal expresó en su denuncia que existe la necesidad de determinar si estos hechos constituyen posibles violaciones de normas constitucionales, del Código Penal y de la Ley de Financiamiento de Campañas.
“Solicito que se investigue si dichos hechos vulneraron normas constitucionales, disposiciones del Código Penal, la Ley de Financiamiento de Campañas y principios fundamentales como la transparencia, la legalidad y la igualdad en la contienda electoral”, manifestó la parlamentaria en un boletín público.
El documento advierte sobre una posible infracción al inciso segundo del artículo 396A, relacionado con la utilización de recursos electorales provenientes de fuentes ilícitas.
“Debe la Comisión darle trámite a esta denuncia. Petro no puede escapar a los efectos de la justicia”, afirmó la legisladora tras formalizar su solicitud.
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