La productividad laboral se refiere a la cantidad de bienes y servicios producidos por cada trabajador en un determinado periodo de tiempo. El indicador se utiliza para medir la eficiencia del trabajo y evaluar el crecimiento económico del país. Se calcula al dividir el Producto Interno Bruto (PIB) entre el número total de personas empleadas o el total de horas trabajadas. Un aumento en la productividad laboral indica que los trabajadores generan más valor con los recursos disponibles, mientras que una disminución puede señalar ineficiencias o estancamiento en el mercado laboral.
En Colombia, se ha mantenido estancada en 2025, con indicadores que fluctúan entre –0,5% y 0%, mientras la inflación alcanza el 5,3%. El panorama, junto a una informalidad laboral persistente del 55% y una proyección de cobertura pensional que apenas llegaría al 29% de la población en 2100, incluso, con la reforma pensional, plantea desafíos importantes para el mercado laboral y el sistema de pensiones. Por eso, a días de empezar la discusión formal del aumento del salario mínimo de 2026 (la mesa de concertación se instalará el 1 de diciembre), expertos advirtieron sobre la desconexión entre las subidas de sueldo y la realidad productiva del país.
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“Los dos indicadores arrojan valores entre –0,5% y 0%, lo que significa que no hubo ganancias de productividad este año”, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, durante el Seminario Informalidad organizado por Anif, Asofondos y Asocajas. En este, el experto insistió en la necesidad de que la negociación salarial se base en criterios técnicos y no políticos.
Productividad y salario mínimo
La discusión sobre el salario mínimo para 2026 se desarrolla en un entorno donde la productividad no muestra avances y la inflación marca el ritmo. López resaltó que “el punto de partida de la negociación debería ser muy cercano a la inflación”, ya que la ausencia de crecimiento en la productividad limita el margen para incrementos salariales significativos. A pesar de ello, tanto el Gobierno como las centrales sindicales plantearon la posibilidad de aumentos de doble dígito, una propuesta que, según el dirigente, “no se corresponde con la realidad productiva del país”.
Asimismo, advirtió sobre los riesgos de politizar el debate salarial, en especial, en un año preelectoral. “Si la productividad no crece, no existe sustento económico para incrementos altos”, enfatizó. Además, alertó sobre el peligro de que el salario mínimo crezca más rápido que la productividad: “Imagínense que esto es una carrera de bicicletas; si el salario mínimo va muy rápido, pues otra gente se va a ir quedando atrás”.
De igual forma, mostró preocupación porque solo el 10% de la población percibe el salario mínimo, que en la actualidad es de $1.423.500 (sin auxilio de transporte), mientras que el 78% de los trabajadores informales gana menos de esa cifra. Al respecto, pidió separar la discusión salarial de la campaña electoral y recordó que incrementos desproporcionados pueden afectar negativamente al país.
Efectos de la informalidad laboral
La informalidad laboral, aunque disminuyó del 63%, en 2015, al 55%, en 2025, afecta a más de la mitad de la fuerza laboral, que no cotiza a pensión ni accede a prestaciones sociales.
Empresarios consultados durante un seminario organizado por Anif, Asofondos y Asocajas señalaron que los principales obstáculos para la formalización son los altos costos de contratación, los bajos márgenes de rentabilidad y la carga tributaria. “Simplemente no da”, “me toca competir con los que no cumplen reglas” y “hay trabajadores que no quieren formalizarse” fueron algunas de las preocupaciones expresadas.
Y es que en las 13 principales ciudades del país, la formalidad se estancó, según el presidente de Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco. Ante esto, López explicó que los trabajadores informales también perciben menores ingresos, lo que repercute en su calidad de vida. Entre los trabajadores formales, el 14,8% gana menos de un salario mínimo, el 18,3% recibe un salario mínimo y el 68,8% supera ese umbral. En contraste, entre los informales, el 78,4% gana menos de un salario mínimo, solo el 1,4% alcanza esa cifra y el 20,2% la supera.
Impacto en pensiones y cotización
La baja formalidad laboral se traduce en una limitada cotización al sistema de pensiones. Solo uno de cada cuatro trabajadores logra cotizar lo suficiente para acceder a una pensión, y la mitad de la fuerza laboral no alcanza ni el 25% de las semanas requeridas.
Velasco detalló que “la mitad de los hombres han cotizado menos del 27% del tiempo. Mientras que, la mitad de las mujeres ha cotizado menos del 23% del tiempo”. Además, solo uno de cada cuatro hombres ha cotizado más del 67% del tiempo, y en el caso de las mujeres, solo una de cada cuatro supera el 62%.
El líder gremial advirtió sobre el envejecimiento de la población sin garantías económicas: “En Colombia, nos estamos envejeciendo pobres y envejeciendo sin a conciencia y sin la responsabilidad de que pertenecemos a un Estado al que debemos aportar”. La reforma pensional, aunque mejora el acceso a subsidios por medio del pilar solidario, no garantiza una mayor cobertura real. Se estima que para 2100, solo el 26% de la población accederá a una pensión, y con la reforma, esa proporción apenas subiría al 29%.
López también alertó sobre la “ilusión de formalidad”, ya que muchos empleos formales son temporales y no aseguran una cotización continua. En la práctica, cerca del 45% de la fuerza laboral cotiza en prestaciones sociales, pero muchos lo hacen solo durante tres o cuatro meses al año, lo que dificulta el acceso a una pensión.
Perspectivas y propuestas para la formalización
Frente a estos desafíos, los expertos coinciden en la necesidad de reformas estructurales que incentiven la formalización y adapten la legislación laboral a las nuevas realidades del mercado.
La presidenta de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar de Colombia (Asocajas), Adriana María Guillén, sostuvo que “necesitamos más mecanismos de asistencia a la formalidad y creo que una llave a eso es la contratación, adaptada a una legislación adecuada”.
Destacó que solo el 39% de los ocupados tiene un contrato de trabajo, lo que constituye la principal vía de acceso a la formalidad. “Actualmente, hay 40,1 millones de población en edad de trabajar (78%) y el mercado laboral está en estas nuevas generaciones”, precisó. El desempleo afecta especialmente a los jóvenes, que representan el 74% de los 2,6 millones de desocupados.
Guillén resaltó la importancia de implementar medidas económicas y transversales en diversos sectores para ampliar la formalización y mejorar la calidad del empleo.
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