Un día después de conocerse los polémicos archivos incautados a alias Calarcá que habrían destapado un presunto caso de corrupción en las Fuerzas Militares, en el Congreso de la República se anunció la apertura de una investigación para esclarecer las posibles infiltraciones de las disidencias de las Farc a las instituciones de seguridad del Estado.
A través de su cuenta de X, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, señaló que luego de conocer las revelaciones adelantadas por Noticias Caracol, que también señala posibles filtraciones a la campaña de Gustavo Petro en 2022, dará apertura a un control político a toda la fuerza pública para corroborar la información conocida hasta el momento.
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“Me preocupa profundamente la investigación periodística revelada, según la cual habría presunta connivencia entre miembros de nuestras Fuerzas Armadas y organizaciones terroristas, compartiendo información de inteligencia”, señaló el congresista.
El senador del Partido Liberal indicó que, de confirmarse las filtraciones al Ejército Nacional, podría generar reacciones desastrosas para el país en materia de apoyo internacional y soberanía del Estado.
“De confirmarse, estaríamos ante uno de los hechos más graves para la seguridad nacional en años: no solo compromete la integridad de nuestras instituciones, sino que pone en riesgo la cooperación internacional y la confianza de los países aliados que luchan con nosotros contra el crimen organizado”, comentó.
Asimismo, García hizo énfasis en que desde la cámara alta del Congreso trabajarán por proteger la integridad de las instituciones del Estado y evitar futuras filtraciones de grupos armados.
“Llegaremos hasta el fondo. Desde el Congreso ejerceremos todo el control político necesario, público o reservado, para esclarecer lo ocurrido, proteger a los inocentes y sancionar a quienes hayan traicionado su juramento”, continuó García.
Además, García defendió la institucionalidad de las Fuerzas Militares, aunque reconoció que podrían estar siendo blanco de ataques con fines criminales por parte de grupos armados, especialmente, las disidencias de las Farc.
“El país puede tener la certeza de que no permitiremos que nuestra Fuerza Pública sea vulnerada, infiltrada o utilizada por intereses criminales. Defenderemos a los buenos soldados y policías, y preservaremos el honor de las instituciones que han servido a Colombia con sacrificio. La democracia exige verdad. Y la verdad se abrirá paso”, concluyó el presidente de la cámara alta.
Las declaraciones de García Turbay se dan después de que se conociera la documentación incautada a Calarcá Córdoba, jefe de una facción de las disidencias de las Farc, durante un operativo militar en Anorí, Antioquia, en la que se hallaron referencias directas a una supuesta propuesta elaborada por el general (r) Juan Miguel Huertas, que ocupa en la actualidad la jefatura del Comando de Personal del Ejército Nacional.
De acuerdo con la información difundida por Noticias Caracol, el general habría sugerido la conformación de una empresa de seguridad con el grupo disidente, lo que permitiría legalizar la movilidad de sus integrantes y el porte de armas bajo el amparo de autorizaciones oficiales.
La carta encontrada en el material incautado, con fecha del 8 de febrero de 2024, describe en detalle el esquema que presuntamente proponía Huertas: “El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión porque ha llegado el momento en que todos estos procesos fallen y quedamos con hombres legales”, según consta en el documento citado por Noticias Caracol.
Además, se especifica la idea de iniciar con una compañía de hasta 20 hombres, obtener primero los permisos para pistolas y, luego, gestionar aprobaciones para circular con fusiles. El general, siempre según esta versión, habría presentado a personas clave para facilitar esta estructura empresarial.
El operativo en Anorí, realizado el 23 de julio, culminó con la captura de Calarcá Córdoba y su grupo cuando viajaban en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Si bien la ley autoriza a determinados miembros de las disidencias —dentro del proceso de paz con el Gobierno de Gustavo Petro— a desplazarse con protección, en esta ocasión se encontraron personas con órdenes de captura pendiente a bordo de los vehículos oficialmente asignados a la UNP, generando controversia sobre la utilización indebida de estos recursos estatales.
Noticias Caracol obtuvo el compendio de chats, cartas, correos, fotografías y documentos oficiales que permiten reconstruir la trama investigada. Según el noticiero, esos archivos permanecen en manos de la Fiscalía desde hace más de un año, sin que se hayan registrado avances judiciales conocidos.
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